Tras lograr construir una robusta coalición en el Congreso que incluye partidos profundamente disímiles, el nuevo gobierno ha lanzado las primeras cartas de la agenda de reformas que buscará implementar. La primera será la reforma tributaria, que busca reducir la desigualdad haciendo pagar más impuestos a los ricos y recaudando más recursos para la expansión y creación de nuevos programas sociales. Siguen otras igualmente importantes para el mandatario: la reforma política, el restablecimiento de relaciones con Venezuela, la materialización de la reforma rural integral, la transición energética, la paz total con grupos armados y bandas criminales, y el cambio en la estrategia frente a los cultivos de uso ilícito. Otras más se anuncian para el año entrante, a saber, aquellas que tienen que ver con el sistema de protección social –salud, pensiones y trabajo-.
La agenda del gobierno es muy ambiciosa. Varios la han criticado con el viejo adagio de que el mucho abarca poco aprieta. A mí, la multiplicidad y diversidad de las reformas no me preocupa, pues en últimas esto es lo que votó el electorado del cambio. Lo que me preocupa, eso sí, de la ambiciosa agenda, es que lo que se usa para avanzar en unos frentes sea exactamente lo que va a dificultar o impedir que se avance en otros. En otras palabras, para lograr los triunfos más fáciles e inmediatos, el gobierno está empoderando a los actores y favoreciendo las circunstancias que hará más difícil lograr las transformaciones que requieren más trabajo. Permítanme explicar.
Para garantizar el paso de la ambiciosa agenda legislativa el gobierno construyó una coalición bastante pragmática. En vez de hacer acuerdos programáticos con algunos partidos como el Liberal, el Conservador, o la U, el apoyo se da en contraprestación de la expectativa de participación en los cargos del gobierno. Mermelada pura y dura. Los alfiles del gobierno como Roy Barreras o Gustavo Bolívar han hablado con mucho desparpajo del asunto: la mermelada se reparte porque se necesitan los votos en el congreso y la luna de miel durará poco.
Esta es una estrategia válida y puede funcionar para reformas que no requieran mucho músculo estatal ni transformar las estructuras de la sociedad, como la reforma tributaria, la política e incluso la pensional. Pero esto es apenas un pedazo del asunto. Otras de las grandes apuestas del gobierno, como por ejemplo la paz total y la legalización de las drogas, van a requerir para su éxito transformar las estructuras de poder y construir estatalidad en las regiones en donde ocurren estos problemas. Pero el asunto es que para estos propósitos, los políticos tradicionales no serán aliados sino enemigos, ya que estos personajes han construido vínculos con actores semi-ilegales o abiertamente ilegales, y se han apoderado de las instituciones estatales locales para aumentar su esfera de poder.
El gobierno entonces, le podrá dar a Yahir Acuña y sus secuaces el Ministerio de las TIC para garantizar el apoyo de su gente y de la U a los proyectos de ley que cursan en el Congreso. Pero Yahir Acuña no podrá nunca ser un aliado del gobierno en el propósito de profundizar la presencia estatal para que funcione el tema de la paz y el tema del narcotráfico en el departamento de Sucre. Si replicamos este asunto por el número de congresistas –incluido Roy Barreras-, se vuelve evidente que ese boomerang de la pragmática mermelada se va a devolver con mucha fuerza. Corren el riesgo de cambiar solo lo más fácil, y lo que podrá deshacerse en el futuro.
