Colombia vivió en el año que termina la transición política más importante de su historia reciente. Dicha transición estuvo marcada por dos elementos novedosos. Primero, por la llegada al poder del primer gobierno de izquierda, y segundo, por el decisivo rol del populismo en las recientes elecciones.
Pero estas novedades están siendo amortiguadas por múltiples continuidades en la forma de hacer política, las cuales están produciendo intensas tensiones. La primera es la tensión entre programa y mermelada, y la segunda es la tensión entre particularismo y universalismo.
Petro comprendió rápidamente que para poder llevar a cabo su agenda reformista requeriría una coalición de gobierno amplia que incluyera partidos políticos afines y no tan afines. Y la construcción de esta coalición se dio de la misma manera que ha sido siempre: con intercambios burocráticos que conocemos en Colombia como mermelada. Por lo pronto, esta coalición extensa ha permitido al gobierno avanzar en dos de sus prioridades legislativas: la reforma tributaria y la paz total.
Pero de cara al 2023 el gobierno deberá poner en la balanza los costos y beneficios de esta estrategia. Algunas agencias claves para la materialización de los objetivos programáticos de este gobierno de izquierda fueron entregadas a políticos de reputación cuestionada, o funcionarios sin manejo técnico ni político, que han terminado en el cargo porque son parte del círculo íntimo de Petro o porque son de algún partido político de la coalición. Tanto el DPS que articula la política de asistencia monetaria a las poblaciones más pobres, Colpensiones que estará a la cabeza de la anunciada reforma pensional, y el ICBF que articula gran parte de los servicios de asistencia a la niñez, corrieron con esta mala suerte.
Sorprende que estas agencias hayan sido tiradas a la rapiña de la mermelada a pesar de ser centrales para los propósitos de este gobierno de izquierda. En el 2023 el gobierno deberá resolver mejor la tensión entre programa y mermelada. De otra forma estaría pegándose un tiro en el pie.
La segunda tensión es entre particularismo y universalismo. Transcurridos los primeros meses el gobierno ha decidido gastarse una parte importante de la reforma tributaria en atender a un grupo de presión: las motos a través del subsidio del SOAT. Para el gobierno puede tener sentido, pues el público que usa moto intersecta con su base social objetivo. ¿Pero las motos de dónde? ¿Será que este subsidio va a ser relevante para la población pobre y marginalizada de por ejemplo el pacífico o caribe? ¿Será que alguien va a decidir el voto en 2026 por el SOAT? Estas decisiones particularistas terminan gastando los escasos recursos que serían mejor usados en transformaciones programáticas. Apuntarle al particularismo en vez del universalismo sería otro tiro en el pie.
Estas tensiones deberán resolverse en 2023 si el gobierno quiere tener algo que mostrar en cuatro años.
