Han pasado diez días desde que el expresidente del Perú, Pedro Castillo, salió en televisión nacional a anunciar el cierre del Congreso, el gobierno por decreto y la restructuración de la rama judicial. La razón para el abrupto llamado consistía en que esa misma tarde el legislativo iba a votar la tercera solicitud de vacancia presidencial y, según rumores, esta vez sí podrían sumar los votos necesarios para lograrlo.
Castillo contaba con el apoyo de apenas un puñado de miembros de su gabinete. Sin el respaldo de la fuerza pública, sin un plan real para cerrar físicamente el Congreso, con una favorabilidad popular muy mediocre y sin una hoja de ruta para efectivamente centralizar el poder de las instituciones, sus anuncios se quedaron en un intento de autogolpe y revelaron la infinita mediocridad de su gobierno.
El Congreso rápidamente se reunió y en una sesión expedita votó por la vacancia presidencial con 101 votos a favor. Hasta los propios integrantes del partido de Castillo votaron en su mayoría por sacarlo del poder. Su intento de asilarse en la embajada de México fue interrumpido por la captura por parte de la Policía. Horas después fue posesionada Dina Boluarte (vicepresidenta de Castillo) como la sexta presidenta que ha tenido el país en seis años.
Hasta ahí las frágiles instituciones peruanas habían logrado capotear la crisis y mantener el hilo constitucional. Para evitar un descontento generalizado, Boluarte debía gestionar el llamado a elecciones generales. La única forma de devolverle legitimidad al sistema era permitiendo a la ciudadanía conformar nuevamente el ejecutivo y el legislativo e iniciando un diálogo nacional para llevar a cabo reformas al sistema político. Pero lo primero que dijo la presidenta es que se quería quedar en el poder hasta 2026. Sumado al ánimo celebratorio del Congreso, se gestó el detonante para las protestas.
De ahí en adelante, la crisis en el Perú se profundiza cada segundo que pasa. La falta de imaginación de sus políticos amateurs, la sed de poder y la falta de autocontrol de congresistas, presidenta y miembros del gabinete, alimentan el hartazgo y descontento que moviliza el estallido social y clama que se vayan todos. La respuesta profundamente represiva a la protesta suma ya 21 muertos y sin soluciones a la vista. Como nos pasó aquí en 2021 y en Chile en 2019, el Gobierno ha señalado a los protestantes como delincuentes y terroristas, lo cual solo multiplica el descontento y la ira colectiva. A estas alturas debería ser claro que reprimir la protesta en condiciones de descontento generalizado es lo mismo que echarle gasolina.
Los próximos días serán decisorios para saber si las instituciones peruanas se recuperan del infarto o siguen en un estado crónico de cuidados intensivos.
