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Victor Castillo
Viernes 24 de septiembre de 2021 - 12:00 PM

Acciones ante promesas incumplidas

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En Colombia es cada vez más común encontrar promesas incumplidas. Hace 30 años, la entonces gobernadora de Santander, Elsa Villalba Sandoval, declaró que ningún municipio padecería por falta de agua. Lo que sabemos hoy, de acuerdo con datos del Ministerio del Medio Ambiente y el IDEAM, es que 50 de los 87 municipios de nuestro departamento tienen una alta vulnerabilidad de sufrir desabastecimiento del líquido, como lo expuse en mi columna anterior.

Si el problema es grave en las cabeceras municipales, lo es más aún en la zona rural, donde la cobertura ronda un precario 32%, muy por debajo de la media nacional. Santander tiene una enorme deuda social que debe cubrir para proteger al campo y darle las condiciones necesarias a sus habitantes para que no se vean obligados a migrar hacia las grandes ciudades, donde usualmente llegan a pasar dificultades. Los programas de acueductos veredales son imperativos y requieren de la creatividad del Estado, en cabeza de las administraciones del departamento y los municipios.

Casos como el fracasado acueducto de la Mesa de los Santos, en el cual se invirtieron y perdieron más de 29.000 millones de pesos por mala planeación, ejecución y corrupción, no pueden volver a ocurrir. Más de 17.000 habitantes del municipio de Los Santos siguen esperando soluciones. Pareciera que el fin de estos proyectos no fuera su objetivo enunciado sino beneficiar los bolsillos de la corrupción con contratos hechos a la medida para cometer ilícitos, como dice con sustento el ingeniero Rodrigo Fernández. Tristemente este fenómeno ocurre a lo largo y ancho del país.

Además de los inconvenientes con el suministro de agua potable, otro tema delicado es el de las aguas servidas. Solo estamos tratando el 10 % de las aguas residuales, convirtiendo en cloacas nuestros ríos, con el grave daño ambiental que estos conlleva.

La falta de compromiso con las obras públicas no se da únicamente en el sector ambiental. Hoy recuerdo el famoso contrato plan del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, detenido por investigaciones de la Corte Suprema de Justicia por temas de peculado. En anuncios se quedaron las soluciones viales planteadas para Santander, que actualmente cuenta con una pésima red vial que afecta la competitividad de la región.

La administración pública y los entes de control deben tomar medidas para que esto no siga ocurriendo. Los empresarios también pueden hacer parte de la solución. Con el mecanismo de ‘Obras por Impuestos’, reglamentado en el decreto 1147 de 2020, las empresas pueden cubrir hasta el 50 % de su impuesto de renta con el desarrollo de obras que impacten directamente a la comunidad. Los invito a revisar esta oportunidad de responsabilidad social empresarial y establecer un plan de acción con la coordinación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

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