En el mundo entero, los comerciantes han sido punto focal de las medidas gubernamentales frente a la pandemia y centro de debates, unos constructivos y propositivos, otros agrios y polémicos. Primero, cuando la amenaza obligó a confinar países enteros. Luego, cuando se vio que la crisis iba a prolongarse por largo tiempo, el debate sobre la urgencia de reabrir las ciudades para reanimar su economía nos puso ante el dilema de salvar miles de familias con esta reactivación, o mantener el cerco para proteger a la población toda del virus mortal.
Finalmente la situación se hizo insostenible para todos y las personas poco a poco regresaron a la calle, los comerciantes a sus negocios y los industriales a sus empresas. Con fuertes restricciones primero y luego, con la confianza puesta en la disciplina individual, llegamos a la situación actual, que no es mejor que la de los últimos meses, ni para la emergencia sanitaria que por momentos empeora, ni para el comercio, que no recupera aún los índices históricos que traía hasta marzo del año pasado.
En medio de todo esto, surge de la Alcaldía de Bucaramanga el Decreto 038 de este 11 de marzo, que hace ajustes al Decreto 033 de 2020 y revive las polémicas de su expedición a finales del año pasado, en un momento, cuando menos impertinente, pues modifica la manera de pagar el impuesto de industria y comercio en la ciudad, para poner unas condiciones que, al parecer, a nadie ha dejado tranquilo.
Mientras un sector juzga injusto que se establezca tal tributo para quienes generen ingresos anuales a partir de los $10’892.000, pues consideran que puede afectar a pequeños comercios como las tiendas, otros comerciantes mayores no encuentran adecuado que se imponga un pago mensual o trimestral del impuesto, pues tal cambio termina afectando sus finanzas en un año tan complejo para ellos como el actual.
La alcaldía justifica su posición al señalar que las tarifas del impuesto de industria y comercio no se ha incrementado y tampoco el decreto establece cobros adicionales, pero, lo cierto es que cambiar las condiciones del pago de un tributo clave para el comercio en medio de la más profunda crisis que este sector ha vivido en la historia de la región, es una decisión que debió considerarse y, sobre todo, tramitarse de una manera mucho más abierta y previamente conciliada que le garantizara un resultado expedito y no la oposición casi unánime de los afectados.
