En los últimos años comenzó a verse y sentirse en el Magdalena Medio santandereano, el avance de frentes guerrilleros que se extendían desde la zona de conflicto del Catatumbo, hacía un territorio que fue escenario de una de las más cruentas historias de la violencia en Santander y en Colombia. Barrancabermeja, El Carmen y San Vicente de Chucurí, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Puerto Parra, Cimitarra, Landázuri y Santa Helena del Opón, son algunos de los municipios de esta región que sufrieron con mayor rigor las masacres, el secuestro, el desplazamiento y todo lo que derivó de la confrontación de guerrillas con el Estado, especialmente en las últimas dos décadas del siglo pasado.
Pero, había llegado la calma, la persecución del Ejército durante los gobiernos de Álvaro Uribe y los diálogos de paz, con el Acuerdo final en los de Juan Manuel Santos, lograron aquietar las aguas turbulentas de la violencia en esta rica región santandereana; sin embargo, en los años más recientes, regresaron los ataques a las instalaciones petroleras, las amenazas a los ganaderos, los secuestros económicos y políticos, el asesinato, los paros armados, en fin, nuevamente se aprecia una compleja situación de orden público agitada por grupos armados de todas las procedencias que, si bien no tiene aún la gravedad de la época que recordábamos arriba, sí va produciendo hechos cada vez más numerosos y más graves.
Enfocando el regreso de la violencia al Magdalena Medio santandereano como una guerra territorial de parte del Clan del Golfo, el gobernador Mauricio Aguilar hizo un llamado al Gobierno Nacional para que dé un verdadero y efectivo apoyo militar al departamento y en especial a esta región, anotando, de paso, que existe un déficit en la Quinta Brigada, pues de 8.700 unidades que debería tener, solamente cuenta con 5.400, lo que, obviamente, disminuye la efectividad de sus acciones.
Pero, si bien el pié de fuerza es determinante en estas situaciones, no lo son menos las acciones estatales de gran alcance en todos los campos como los de la dinámica social, la capacidad de respuesta del sistema judicial, de la inteligencia militar, etc, para que se pueda, no solo dar una respuesta armada a los violentos, sino anticiparlos y, finalmente, desarticularlos y neutralizarlos. Una actuación estatal múltiple, coordinada y efectiva es lo que se requiere para evitar que de nuevo se desate una guerra en el Magdalena Medio santandereano, ojalá el gobierno central lo entienda de la misma manera y responda con la urgencia y eficacia que la situación lo demanda.
