De nuevo nos vemos en la necesidad de hacernos voceros de los residentes de Cabecera, para rechazar el ataque que desde hace algunos meses vienen sufriendo las fachadas de los negocios que allí funcionan, en primer lugar porque causan un perjuicio económico y de imagen a sus dueños, pero también porque estas acciones vandálicas no han encontrado reacción alguna de parte de la autoridad y porque, además, no deja de rondar la sospecha de que esto pueda ser una retaliación de algunas personas a las reiteradas protestas que se han hecho contra el desorden propiciado por algunos negocios nocturnos.
Lo más seguro es que todas estas variables, y algunas otras, estén dándose simultáneamente y que lo que debamos entender con la agresión a las paredes, puertas y ventanales de los locales en Cabecera, sea la profundización de una confrontación de ya muy largo tiempo entre los dueños de algunos negocios nocturnos, que no terminan por someterse a las normas, y los dueños de comercios de otro tipo y residentes que no parecen soportar más, ni el deterioro progresivo de la zona, ni la displicencia con que las administraciones han tratado desde hace años sus problemas.
Recientemente denunciamos esta nueva forma de violencia en el sector, que consiste en rayar las fachadas durante la noche, con textos agresivos y dibujos sin mayor sentido, que dan la idea de que la intención es básicamente la de afectar a los propietarios o arrendatarios de estos locales. Aclaramos entonces, y no sobra hacerlo ahora, que no estamos en contra de los grafitis y los murales, cuando son la expresión auténtica y estética de un artista o de una comunidad que quiere expresarse y lo hace de una forma que, en lugar de arruinarlo, respeta y protege su entorno.
Pero este no es el caso. Si miramos con detenimiento los últimos acontecimientos en Cabecera, podemos darnos cuenta de que, al menos en el caso que comentamos hoy, estamos, como lo decíamos antes, frente a una conducta agresiva, continuada y clandestina que parece sistemática en contra de algunos comercios de este sector, algo que definitivamente debe mover a la administración y a la inteligencia policial para desarticular lo que sea que está ocurriendo y determinar efectivamente cómo debemos entender tal cosa, además, claro está, de que les cabe responder por su obligación constitucional de defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos.