Luego de cumplirse el primer año de gobierno de alcaldes y gobernadores, comenzó a operar el tiempo establecido para iniciar los procesos de revocatoria del mandato para quienes, según los electores, hayan incumplido evidentemente sus compromisos programáticos, pero, a juzgar por lo que se ha vuelto costumbre en los últimos años, quienes hoy lideran estos procesos de revocatoria son miembros de partidos y grupos políticos con evidentes intereses de orden electoral, que usan el recurso constitucional como plataforma para posicionar ideas y candidatos.
Según la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, ya se han inscrito los procesos de revocatorias a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Jamundí (Valle), Morales (Bolívar), Aguachica, Cúcuta y Bojayá en Chocó. Sobre el Alcalde de Bucaramanga se habían oído el año pasado intenciones de seguirle un proceso de revocatoria, pero, hasta el momento, tal cosa no ha ocurrido. Lo que inquieta en medio de esta recurrente ola de revocatorias en todos los periodos de mandatarios popularmente elegidos, es la forma como se ha tergiversado el verdadero espíritu de la figura constitucional, cual es el de impulsar la participación ciudadana; de hecho, la revocatoria del mandato quedó establecida en la Carta del 91 como manera de favorecer la participación de la comunidad, junto con el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto y la iniciativa popular.
Pero si mantenemos una actitud indiferente frente al hecho de que el mecanismo siga siendo manipulado por partidos y movimientos políticos, desnaturalizando el sentido participativo, amplio y democrático de la revocatoria, más temprano que tarde habremos perdido una de las más importantes instancias de control ciudadano a los gobernantes, pues no puede ser sino un camino hacia el abismo, el de entregarle precisamente a los políticos un modelo de control político como este.
Es necesario, entonces, que todas las organizaciones que representan a la ciudadanía, desde todos los campos del hacer social, gremial, científico, ambiental, educativo, sindical, etc, propongan nuevas formas que hagan que la revocatoria del mandato vuelva a ser una herramienta en las manos de los ciudadanos y no de los políticos que lo cuentan ya como parte de su particular calendario proselitista para acercarse a objetivos electorales de toda índole. Sólo si se encuentra la forma de que la revocatoria del mandato vuelva exclusivamente a las manos de la ciudadanía, podremos recuperar el sentido de este derecho consagrado en la Constitución Nacional.
