Desde 1998 hasta 2017, los bumangueses hemos perdido 643 hectáreas de terrenos que estaban clasificados como de especial protección, según denuncia presentada por el concejal Carlos Parra, quien asegura, además, que al respecto no se han acometido acciones de control efectivo, ni por parte del municipio, ni de las instituciones que se consideran autoridad ambiental para Bucaramanga o el área metropolitana.
Y la versión del concejal parece confirmarse cuando conocemos la respuesta que dio a Vanguardia un funcionario de la Cdmb, quien, ante la grave denuncia y el alto número de hectáreas en zona de protección, que se tienen contabilizadas como perdidas (sin contar los tres últimos años), respondió: “Frente a este problema hemos elaborado una mesa de trabajo interna, con el fin de que lideremos una reunión con los alcaldes del área metropolitana, con secretarios de Interior, de Ambiente y de Planeación, Policía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personerías y Fiscalía, para estudiar cuál es el mejor procedimiento ante estas ocupaciones”. La respuesta no solo demuestra que la entidad no está ocupándose del tema, sino que sugiere que una sumatoria de burocracia puede ser la respuesta adecuada.
No se entiende cómo, después de 20 años de ocurrencia de un problema como este, la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga todavía esté buscando “estudiar cuál es el mejor procedimiento ante estas ocupaciones”. Además de esto, cómo puede explicarse que ninguna de las seis últimas administraciones municipales se haya responsabilizado de la situación y la haya enfrentado con resultados positivos. Está claro desde hace muchos años que las características del terreno escarpado de Bucaramanga la hacen altamente erosionable y, por tanto, son zonas inhabilitadas para asentamientos humanos; también es claro desde hace décadas, que el crecimiento poblacional, especialmente en los sectores económicamente deprimidos, hace fuerte presión sobre las tierras circundantes y esto lleva a constantes invasiones que, además, suelen ser promovidas por politiqueros y avivatos.
La verdad es que tenemos un serio problema no solo en los cerros orientales, sino en toda la meseta, sin que nadie parezca inquietarse lo suficiente. Por ahora tenemos solo intenciones y declaraciones vagas de los funcionarios, solo como reacción a la información que se dio a conocer a la opinión pública, mientras que las tierras aledañas a Bucaramanga, las que deberían tener protección especial, las que han estado olvidadas desde hace 22 años, siguen siendo el plante de piratas que negocian con la necesidad de los más pobres y la indolencia del Estado.
