martes, 03 agosto 2021
lunes 14 de junio de 2021 - 12:00 AM

No se ha logrado detener el loteo ilegal de tierras en la escarpa de Bucaramanga

Muchas veces ocurre, como la semana pasada, que las familias que caen en esta trampa sufren desalojo e incluso arresto por actuar contra la ley, lo que, obviamente, es un hecho devastador para muchas de ellas que suelen emplear sus exiguos fondos en una propiedad inexistente que pierden de inmediato y por la que nadie va a responderles.
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Un daño ecológico, ambiental, pero, sobre todo, un grave daño social se está causando desde hace décadas en Bucaramanga especialmente, y es el que se deriva de la intensa acción de quienes permanentemente están internándose en la escarpa de la ciudad para invadir tierras ni física ni legalmente aptas, para lotearlas y venderlas a centenares de familias que pagan lo que para ellos es una fortuna, confiados en la palabra de estos delincuentes, o confiados también en que la autoridad no va a llegar antes de que se asienten y sea imposible desalojarlos.

Lamentablemente ese proceso se ha seguido en decenas de miles de casos, hasta conformar parte clave de la historia de población de esta ciudad que se dio por medio de la invasión de tierras abandonadas por sus propietarios o por el Estado, hasta conformar desde mediados de los 70 los llamados entonces ‘cinturones de miseria’, que no eran otra cosa que grandes extensiones de terreno sobre los que se levantaban tugurios por centenares en pocas semanas; poco a poco los tugurios, de tabla iban consolidándose con materiales como ladrillo y teja, hasta conformar barrios de extrema pobreza, carentes de servicios básicos, en zonas de alto riesgo de desastre y totalmente ilegales.

Estas comunidades, cada año más numerosas, no solo llevaron a muchos gobiernos municipales a legalizarlos, sino que se convirtieron en poderosa fuente de votos para la clase política local. Hoy el problema continúa, los ilegales se comportan como bandas que actúan en cualquier lugar de la periferia de la ciudad, camuflados en la vegetación y, la mayoría de las veces, sin ser detectados a tiempo por las autoridades.

Muchas veces ocurre, como la semana pasada, que las familias que caen en esta trampa sufren desalojo e incluso arresto por actuar contra la ley, lo que, obviamente, es un hecho devastador para muchas de ellas que suelen emplear sus exiguos fondos en una propiedad inexistente que pierden de inmediato y por la que nadie va a responderles. Así, las familias que se juegan a esta opción, pierden de todas maneras: por vivir en un predio ilegal, en una zona que pone en riesgo sus vidas y porque, en el mejor de los casos, verán pasar décadas antes de tener condiciones dignas y seguras de vida, lo que es un impacto social gigantesco que, además del ambiental, deben considerar las autoridades a la hora de definir estrategias de solución a este otro cuento de nunca acabar en la ciudad.

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