Las declaraciones del fiscal General, Francisco Barbosa, fueron contundentes: En Bucaramanga, al igual que en Cali, existe una red de corrupción de funcionarios de la Fiscalía que estaría moviendo procesos a favor de los investigados, a cambio del pago de millonarias sumas de dinero.
Las durísimas afirmaciones del Fiscal General se dieron, luego de conocerse la captura de Javier Alberto Rodríguez Rosales, Fiscal Especializado de la Seccional Santander, y Jairo Enrique Pulido Pascagaza, técnico investigador adscrito a la Dirección Especializada Contra la Violación de Derechos Humanos de la Fiscalía, en Bucaramanga. Los funcionarios de la Fiscalía fueron capturados, cuando departían en un establecimiento ubicado en la calle 35 con carrera 30, donde habrían recibido $110 millones en efectivo, como pago para favorecer a un investigado.
Según dijo el Fiscal General, la extorsión se habría cobrado a una persona frente a la que se adelantaba un proceso de lavado de activos y extinción de dominio y que estaba a cargo del fiscal capturado. Este fiscal, además, tendría en su despacho casos tan relevantes como la investigación contra Cecilio ‘Gigio’ Vera, señalado de pertenecer a la banda delincuencial ‘Los Chulos’, o el enriquecimiento ilícito de exmandatarios de la ciudad. Fuentes no oficiales le afirmaron a esta redacción que los funcionarios serían “expertos” en dormir procesos y aplazar audiencias, hasta lograr el vencimiento de términos, para favorecer a los investigados.
Tras anunciar la captura, Barbosa afirmó que irán tras todos estos “delincuentes que se parapetan en las entidades públicas” y que priorizarán estas investigaciones de corrupción en la misma entidad.
Es tremendamente doloroso evidenciar hasta dónde ha llegado la corrupción en nuestro país y en nuestra región. Pero aunque el hecho es vergonzoso, no sorprende. Desde hace mucho tiempo se sabe que muchos procesos en Santander no andan. Este mismo medio ha registrado las decenas de aplazamientos de audiencias, así como actuaciones inexplicables en procesos donde al final los señalados terminan libres y sin sanciones, y sus fortunas inexplicables aumentado.
Cuando una sociedad pierde la confianza en sus instituciones ha perdido uno de los fundamentos de su funcionamiento. Lo que viene tras saber que quien debe velar por perseguir a los delincuentes es parte también de esta delincuencia es el camino de las vías de hecho y la pérdida de credibilidad en la Justicia. Además fomenta que no se denuncie y se alimente aún más el delito.
Por esta razón, aunque a estos funcionarios les acompaña una presunción de inocencia que debe romperse, pedimos a las autoridades que se investigue con la mayor rigurosidad y que se descubra, si así lo es, hasta dónde llegan los tentáculos de esta red de corrupción. Estas conductas deben recibir la mayor sanción, no solo penal sino social, pues el daño que se hace a nuestra ciudadanía es verdaderamente incalculable.
Santander ya no puede más con tanta corrupción.
