Jueves 11 de Octubre de 2018 - 12:01 AM

Continúan las investigaciones por el Banco de Maquinaria

La Contraloría de Santander informó que cumpulsó copias de los hallazgos identificados en los contratos de Banco de Maquinaria 3083 de 2013 y 1716 de 2015, con el fin de que se avance en las investigaciones.

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Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
Con el primer contrato firmado por $37 mil millones, que terminó costando $54 mil millones, se adquirieron 118 máquinas; algunas no cumplieron con las especificaciones técnicas, lo que generó un daño fiscal por sobrecostos de $2.127 millones.
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

La Contraloría General de Santander está a la espera de que los demás entes de control continúen con las investigaciones sobre los 14 hallazgos disciplinarios, 3 penales, 6 fiscales y 16 administrativos identificados en el proceso contractual y ejecución del contrato del Banco de Maquinaria. Según informó Ana Milena Beltrán Quiñónez, coordinadora del proceso de auditoría especial de la entidad, solo los seis hallazgos fiscales causaron un daño patrimonial al erario por $5.064 millones.

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La planeación

De acuerdo con la comisión auditora, las consecuencias jurídicas de todas las irregularidades se originan desde la planeación, por cuanto se desconocieron los principios de transparencia, publicidad, selección objetiva de contratistas y legalidad.

“La modalidad de contratación utilizada resultó gravosa y perjudicial para el presupuesto del departamento, porque se desconoció una de las modalidades previstas que era la subasta inversa para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes. Es decir, se fusionaron en un solo contrato tres tipologías contractuales desconociendo el ordenamiento jurídico”, aseguró Beltrán Quiñónez.

Etapa precontractual

El presupuesto inicial del contrato de obra 3083 era por $37.370 millones con la Unión Temporal Equipos y Mantenimiento vial de Santander, firmado el 17 de abril de 2013, con el fin de prevenir y atender emergencias y hacer el mantenimiento periódico de la malla vial incluyendo la adquisición de equipos, operación, transporte, administración y mantenimiento de los mismo.

Según la Contraloría, el 80% del presupuesto se utilizó en la adquisición de los bienes y el restante 20% se designaría para las obras y el mantenimiento.

No obstante, dicho contrato tuvo cinco adicionales, cuatro en valor y una en tiempo, para un costo total de $54.587 millones.

“En la fase de planeación, la Gobernación realizó un estudio de mercado separando la compra de equipos y las obras. Es decir, que sí tenían claro que se debían hacer dos procesos. Una subasta para adquirir las máquinas y un contrato de licitación pública para las obras requeridas. Sin embargo, las unieron, y por ello se presentó un único oferente, porque las grandes marcas de maquinaria no están interesadas en asociarse para ejecutar obras, porque no es su especialidad”, anotó la funcionaria.

Basado en ello, la Contraloría determinó responsabilidad presunta disciplinaria, penal y administrativa.

Contrato revocado

Dadas las irregularidades, el proceso para la contratación fue revocado por acto administrativo emitido por el secretario de Infraestructura de Santander de la época Enrique Bueno Rey, pero un mes y cuatro días más tarde fue aperturado por la ingeniera Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, quien se desempeñaba como Secretaria de Transporte e Infraestructura, quien suscribió los estudios previos, resolución de adjudicación y la minuta del contrato.

“De acuerdo con la ley, se debió adelantar un nuevo proceso, con un nuevo radicado para que los interesados tuvieran el tiempo para postularse, pero no fue así, lo que representa para la Contraloría una falta a la transparencia de la publicación de los pliegos definitivos y el auto de apertura”, anotó Beltrán Quiñonez.

Hallazgos fiscales, penales y disciplinarios

La Contraloría identificó en el contrato 3083 para la compra de maquinaria un daño fiscal por sobrecostos por $2.127 millones.

Así mismo, en la ejecución del contrato, se identificaron irregularidades en los costos del combustible por $47 millones y en los kits de señalización (no fueron entregados en su totalidad) por $56 millones. También se determinó daño fiscal en la contratación del personal por $402 millones.

“Con relación al contrato de operación 1716, que se suscribió en el 2015, se determinó un hallazgo por $2.321 millones incluidos recursos de regalías, por lo cual el proceso fue trasladado a la Contraloría General de la República”, anotó.

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Publicada por: YENNY RODRÍGUEZ BARAJAS
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