Viernes 12 de Octubre de 2018 - 12:01 AM

La reforma política se quedaría corta para atacar la corrupción

En opinión de Transparencia por Colombia, la reforma política debe limitar el monto de los gastos para las campañas políticas y garantizar que dichos recursos se distribuyan de manera equitativa y oportuna.

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Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
De acuerdo con el análisis de Transparencia por Colombia, hay varios puntos de la discusión de Reforma Política que no serían suficientes para el grave problema de corrupción electoral.
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Para que la reforma política sea una herramienta real para atacar la corrupción dentro del sistema político debe limitar el monto de los gastos para las campañas políticas, crear un Tribunal Electoral que sea independiente de los partidos políticos y del Congreso y garantizar que los recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los candidatos.

Así lo informó Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, quien asegura que son varias las medidas que se deben tener en cuenta para que la reforma sea efectiva.

“Le falta financiación preponderadamente estatal. Es decir, los anticipos de Congreso 2018 solo fueron del 6,18%, la financiación de campañas está lejos de ser preponderadamente estatal. La ley debe estipular cómo se va lograr que el acceso a estos fondos sean equitativos y oportunos”, dijo.

El vocero de la corporación asegura que los principales argumentos para promover la conformación de listas cerradas a corporaciones públicas está en la reducción de los costos de las campañas políticas, por lo que es fundamental poder establecer un valor real de las campañas y limitar el monto de los gastos, análisis con el cual no se cuenta hasta el momento.

Además, considera importante que la adopción de listas cerradas debe ir acompañada de mayor claridad y transparencia sobre los criterios que usarán los partidos para la conformación de estas listas.

“Se debe mejorar las capacidades de investigación, sanción penal y disciplinaria, que hoy no tiene el Consejo Nacional Electoral, por eso se debe crear un Tribunal Electoral, que sea independiente de los partidos políticos y del Congreso en el proceso de la elección de sus magistrados”, anotó.

Y añadió que no pueden quedar en el aire todas las demás funciones de monitoreo y control que desarrolla el CNE sobre los partidos políticos y el proceso electoral.

¿Qué no se puede repetir?

Como se mencionó, según el análisis de Transparencia por Colombia, este año en las elecciones legislativas los anticipos correspondieron a un 6,18% del total de ingreso, además de haber sido destinados en su mayoría a apoyar las candidaturas al Senado ($12.980 millones para Senado y $2.638 millones para Cámara). Así mismo, en las elecciones territoriales de 2015, los anticipos se destinaron en su mayoría a apoyar las campañas a Gobernaciones y Alcaldías de ciudades capitales.

“Esta falta de equidad en la financiación estatal aumenta los riesgos de acudir al financiamiento ilegal, por ello, es necesario garantizar que estos recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los candidatos”, dice el vocero. Y para lograr esa igualdad de condiciones se requiere un esquema de reglamentación del proceso electoral que busque delimitar los costos de las campañas políticas en Colombia y mayores garantías de participación en igualdad de condiciones.

“Retomando la propuesta que estaba en el Acto Legislativo 012 de 2017, crear un Registro de Proveedores de Campañas, con el fin de esquematizar los precios de referencia de suministros y servicios en épocas electoral teniendo en cuenta la región. Con esto podríamos tener información más objetiva para definir los topes de campaña, los montos a disponer para la financiación preponderadamente estatal y poder hacer un mayor seguimiento y control a los gastos de las campañas”, anotó Hernández.

es urgente que dentro de la reforma al sistema político se establezcan

- Procedimientos para que las campañas accedan a los recursos estatales oportunamente, asegurando criterios de equidad en la distribución.

- Procesos claros de solicitud, aprobación y entrega de los anticipos.

- Procedimientos para determinar el costo real de las campañas políticas.

- Fortalecer mecanismos de monitoreo a la forma como se usan los recursos, más cuando son preponderantemente públicos.

- Incrementar la rendición de cuentas de los aportes privados que entran a las campañas.

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Publicada por: REDACCIÓN POLÍTICA
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