Con nueve votos a favor y cinco en contra, la plenaria de la Asamblea aprobó el controvertido proyecto del gobernador Mauricio Aguilar para privatizar la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant.
Tras dos intentos anteriores, finalmente la administración de Mauricio Aguilar logró alinear a su bancada en la Asamblea y así obtener las mayorías para por fin sacar a adelante su proyecto de privatización de la Esant.
Finalmente los diputados Mauricio Mejía, de Cambio Radical; René Garzón y Alfonso Pinto, del partido Liberal; Arley Valero y Claudia Ramírez, del partido Conservador, Jonathan Duarte, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Hugo Cardozo y Noé Alexander Medina, del Centro Democrático, aprobaron el proyecto de Ordenanza 010 de 2023, que modifica uno de los parágrafos de la constitución de la Esant y que obligaba que la Gobernación de Santander mantuviera la mayoría accionaria sobre la empresa de servicios públicos.
“Aquí hay un claro proceso de privatización de una empresa que a diferencia de otras, sí está produciendo utilidades que son de más de mil millones al año. Aprobar esta Ordenanza es quitarle la obligación al Departamento a que adquiera esas acciones correspondientes y lo mantengan en el tiempo”, señaló el diputado Ferley Sierra, quien votó en contra de la iniciativa.
Junto con Sierra también votaron en contra los corporados: Marggy Carolina Rangel, de Cambio Radical, Giovanny Leal, del partido Verde; Leonidas Gómez, de Dignidad y Camilo Torres, del Polo Democrático.
“Voto negativo en la Asamblea de Santander al proyecto de Ordenanza que presenta la Gobernación para privatizar la venta de acciones a la Esant. Un golpe de la política neoliberal contra la empresa que debe corregir su rumbo y desarrollarse en manos del Estado”, expuso el diputado Leonidas Gómez, de Dignidad.
Por su parte, Marggy Carolina Rangel, diputada por Cambio Radical, aseguró que el trasfondo de la discusión del proyecto de Ordenanza no tiene que ver con la venta de las acciones, sino la privatización de la Esant.
“Una vez nosotros aprobemos la Ordenanza, inmediatamente la asamblea de socios se reúne para modificar los estatutos. Al momento de nosotros quitar la modificación que tiene el parágrafo, inmediatamente la asamblea modifica los estatutos y ya no quedaríamos como socios mayoritarios de la empresa”, afirmó la corporada Rangel.
Varios diputados aseguraron que con este proyecto de ordenanza, además de perder el control sobre la empresa de servicios públicos, el gobierno departamental, en cabeza de Mauricio Aguilar, también estaría facultando a la Esant para ampliar su objeto contractual y su alcance, de cara a crear su propio ‘contratadero’, lo que le permitiría evadir la Ley 80 y los Pliegos Tipo.
“Corrigiendo un error”
Nohora Cristina Flórez, gerente de la Esant defendió el proyecto de Ordenanza y aseguró que lo único que pretende la iniciativa del gobierno Aguilar es corregir un error jurídico en el que se incurrió al momento de la constitución de la empresa.
“En ese momento (en el gobierno de Richard Aguilar), plantearon que el Departamento debía mantener el 85 % de las acciones. Sin embargo, cometieron una imprecisión jurídica porque al tratarse de una Sociedad Anónima le dieron un capital en porcentaje y esas dos cosas no son compatibles”, señala la gerente de la Esant.
Postura similar sostiene el diputado Noé Alexander Medina, ponente del controvertido proyecto, quien afirma que la iniciativa no tiene otras intenciones.
“Aquí lo que se estaba buscando es retirar un vicio de constitución o de facultades que se dieron, porque según el artículo 375 del Código de Comercio el capital de la sociedad anónima se dividirá en acciones de igual valor que se representará en título negociables, ratificando que no se está hablando de porcentajes, sino de acciones que es la diferencia que se tiene acá”, argumentó Medina durante la sesión en la que se debatió el tema este martes en la Asamblea.
