La Asamblea departamental aprobó el proyecto de Ordenanza 024 de 2020, por medio del cual la administración de Mauricio Aguilar le solicita al municipio de Bucaramanga iniciar un programa de saneamiento fiscal debido a la extralimitación del gasto por parte de la Contraloría y Personería de la capital santandereana.
Según la diputada conservadora, Claudia Ramírez, ponente de la iniciativa, la Personería y la Contraloría del municipio de Bucaramanga han venido el incumpliendo los límites de gastos para las vigencias 2018 y 2019, razón por la cual se ordena el programa de saneamiento fiscal de los dos entes de control, como lo ordena la Ley, razón por la cual se hace imperativo el reajuste presupuestal de los dos entes de control.
“La Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, nos certificó que el municipio de Bucaramanga incurrió en varias ocasiones en la extralimitación del gasto, en el giro de unos recursos a la Contraloría de más de $1.800 millones en el 2018 y más de $2 mil millones en el 2019. Razón por la cual se hizo necesario aprobar este proyecto de Ordenanza que ordena el plan de saneamiento fiscal en el municipio Bucaramanga”, explicó Claudia Ramírez.
Reducción del presupuesto
Una vez la administración Aguilar sancione la Ordenanza aprobada por la Asamblea, el municipio de Bucaramanga deberá iniciar un plan de saneamiento fiscal en el cual reajuste el presupuesto de la Contraloría y Personería para no continuar incurriendo en la extramilitación del gasto.
“En el 2018 el exalcalde Rodolfo Hernández, redujo en $1.800 millones la transferencia a la Contraloría, sin embargo, meses después el Tribunal tumbó dicha reducción y ordenó el giro completo de los recursos por lo que no se pudo llevar a cabo el plan de saneamiento, pero la norma es clara y señala que cuando un municipio de manera reiterativa y consecutiva no cumple con los límites de gastos, hay que hacer un plan de saneamiento fiscal y financiero”, agregó la Diputada conservadora.
En caso de que la Alcaldía de Bucaramanga no acate la Ordenanza, será la Gobernación de Santander a través de la fusión, la que pasará a encabezar el plan de saneamiento fiscal en la Contraloría y Personería.
