Alerta: Enredo jurídico pone en riesgo remodelación urgente de tres colegios de Bucaramanga

Una medida cautelar ordenada por un juez puso en aprietos jurídicamente la ejecución de los recursos del polémico endeudamiento de $80 mil millones con el cual la Alcaldía de Bucaramanga busca repotenciar tres colegios de la ciudad.

Archivo / VANGUARDIA

A través de una medida cautelar, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga suspendió provisionalmente parte del Acuerdo Municipal 019 de 2023, mediante el cual el cabildo facultó al alcalde Juan Carlos Cárdenas para que, en la recta final de su gobierno, pudiera solicitar créditos por $79.668 millones para financiar la intervención de los colegios públicos Inem, Santander y Tecnológico.

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Específicamente, el juez suspendió el parágrafo segundo del artículo 2 del acto administrativo, que disponía la adición en el presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia fiscal 2023 (Acuerdo Municipal 047 del 2022), de los recursos del empréstito.

En otras palabras, los $80 mil millones del crédito adquirido por el gobierno Cárdenas no se pueden adicionar al presupuesto de gastos y rentas del municipio, por lo tanto, los recursos no se podrían ejecutar a pesar de que ya la Alcaldía gestionó los créditos con la banca privada y firmó un convenio con Findeter para su ejecución.

“Se suspendería la adición, no se puede ejecutar esa plata en lo que tenían planeado, es decir la intervención de los colegios. Esto, porque como son recursos nuevos, la norma señala que se tiene que convocar al Concejo para que, en un proyecto de acuerdo diferente, adicione dichos recursos al presupuesto de gastos y rentas y así poder ejecutar los $80 mil millones. Obviamente la decisión de la Alcaldía debería ser no endeudarse”, explicó a Vanguardia el abogado, Gerardo Martínez.

Sin aclaración

Por otra parte, el juez del caso negó la solicitud de aclaración presentada por la defensa del Municipio sobre la medida cautelar que suspendió la adición de los recursos del empréstito de los $80 mil millones al presupuesto municipal.

Si bien en el proceso la administración municipal argumentó que en su decisión el juez no se pronunció respecto a la destinación de los recursos del crédito y la adición del presupuesto, y a pesar de que el municipio de Bucaramanga claramente explicó en dos acápites diferentes cuáles fueron las autorizaciones y facultades delegadas por el Concejo Municipal al Alcalde y cómo se surtió el proceso de modificación del presupuesto, la autoridad judicial no concedió la solicitud de aclaración.

Contrato firmado

La medida cautelar concedida por el juez pone en duda la ejecución del contrato interadministrativo 166, celebrado el pasado 28 de junio, entre el secretario de Infraestructura de Bucaramanga, Iván José Vargas, y la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, para la ejecución de los recursos.

La firma del convenio interadministrativo entre el Municipio y Findeter había sido revelado y criticado más temprano por la candidata a la Alcaldía de Bucaramanga, Consuelo Ordóñez, en el programa Vanguardia Hoy.

Según la aspirante de la coalición ‘Bucaramanga en Buenas Manos’, este convenio le costará al menos 3.500 millones de pesos a los ciudadanos, sin que el ejecutor aporte mayor cosa al proyecto. “Se llevan la plata para Bogotá y las ejecutorias se van a realizar desde Bogotá, evadiendo el pliego tipo”, denunció Ordóñez.

El objeto del convenio es “servicio de asistencia técnica integral administración de recursos para el desarrollo de los proyectos priorizados para el mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Bucaramanga”, por valor de $79.668 millones, provenientes del empréstito en cuestión.

Para el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, Rodrigo Fernández, el convenio entre el municipio de Bucaramanga con Findeter para la intervención de los colegios es una “jugadita” de la administración Cárdenas para evadir la licitación pública.

“La jugadita de dejar ejecutados $80.000 millones de crédito, que no se necesitaba, al entregar los recursos a Findeter le costará al municipio $3.462 millones, amén que los recursos de los colegios no se contrataran con pliego tipo sino con pliego Findeter que restringe participación con el requerimiento de cupo de crédito. El contrato es por 20 meses de los cuales 14 son del gobierno que se elige en octubre. La otra jugada fue eludir la norma que prohíbe autorizar vigencias futuras en el último año de gobierno”, explicó Fernández.

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“Medida no está en firme”

Saharay Rojas, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, aseguró que la ejecución de los recursos del empréstito de $80 mil millones continuará surtiéndose sin novedad. Según la funcionaria, la medida cautelar del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga aún no está firme.

“Conforme al artículo 302 del CGP (Código General de Procedimiento), la medida cautelar no ha quedado en firme teniendo en cuenta que el municipio interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación. Razón por la cual hasta que no se resuelvan los recursos no es procedente la aplicación de la medida cautelar. Y hay un tema a resaltar. La discusión con el juez en la medida cautelar no es la facultad de suscribir el contrato de empréstito. Sobre esa facultad no quedó ninguna duda”, explicó Rojas.

En el mismo sentido, la funcionaria confirmó que a pesar de la decisión del juez, el convenio interadministrativo con Findeter continúa vigente.

“El convenio con Findeter fue suscrito antes de Ley de Garantías y seguirá su ejecución para cumplirle el compromiso a los padres de familia y alumnos de los colegios públicos de Bucaramanga”, agregó.

Anuncian protesta

En medio de la discusión jurídica, la veeduría del colegio Dámaso Zapata, anunció que llevará a cabo el jueves 21 de septiembre una protesta en la institución educativa debido a los constantes incumplimientos por parte de la administración municipal que ya procedió con el demolición de varias edificaciones del colegio.

Antes de comenzar las obras de remodelación del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata, más conocido como el ‘Tecnológico’, este plantel disponía de un amplio teatro, un taller de electricidad, además de salones de dibujo y de emprendimiento.

Tras el inicio de las ejecuciones, los edificios fueron demolidos, bajo la promesa oficial de las reconstrucciones de dichas locaciones.

La protesta está convocada para el mediodía.

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Oscar Iván Rey

Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reportero de la página Política y miembro de la Unidad Investigativa desde el 2015.

Desde estos espacios ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación periodística sobre las estructuras del poder político en la región y desnudar las diferentes formas de corrupción que se presentan en el sector público de Santander.

@oscarivanrey

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