Según el exmandatario nacional, lo que necesita el país es la regulación de las plataformas, más no su prohibición.
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“Como senador insistí inútilmente en un proyecto que imponía a las plataformas como Uber, Rapid, etc, obligaciones de Seguridad Social y Técnica, para apoyar a los prestadores y usuarios de servicios. No prohibía pero evitaba abusos y competencia desleal. ¿Será posible?”, trinó Uribe Vélez.
La polémica se suscitó luego de conocerse que el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Transporte, ya tendría listo el proyecto de ley que no dejaría operar a ninguna aplicación de transporte en el país si es aprobado en el Congreso de la República.
En consecuencia, más de 100.000 conductores quedarían sin empleo, mientras que más de ocho millones de usuarios quedarían desatendidos.
Desde el año pasado, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que desmantelar las aplicaciones de transporte sería necesario para evitar que estas empresas tuvieran “una transferencia de riqueza nacional al exterior usando la fuerza laboral nacional”, ya que estas estaban operando ilegalmente y sin pagar tributos, que no están generando ningún tipo de regalía.
Así mismo, en su momento dijo que lo mejor era analizar la situación y no proceder aceleradamente, ya que estas generaban un buen número de empleos en el país.
En el país operan Didi, Cabify, Uber, InDriver, Taxis Libres, Picap y Uber. La mayoría de estas aplicaciones han decidido pronunciarse solo como gremio y no dar su voz individual. Sin embargo, desde Cabify quisieron mostrar su postura frente a los anuncios del Gobierno y asegurar que harán parte de los diálogos en marzo.