viernes, 03 julio 2020
martes 05 de mayo de 2020 - 12:00 AM

Ceder espacios a corrupción en emergencia, es complicidad: Gobierno

Con circular conjunta, Gobierno Nacional llamó la atención de los ordenadores del gasto del país por hechos de corrupción en medio de la pandemia.
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Mediante una circular conjunta, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Función Pública y la Agencia de Contratación Pública le exigieron a los ordenadores del gasto en todo el país para que cumplan “sin contemplaciones” su deber de garantizar transparencia, legalidad e integridad en la contratación de productos y servicios para enfrentar la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.

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En el documento la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, señaló que la crisis sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus ha obligado medidas de excepción, y ha habilitado mecanismos para agilizar adquisición de bienes y servicios, que permitan reaccionar con prontitud de cara a proteger la salud y la vida de los colombianos, pero , “ello no puede dar cabida a hechos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, abusos de poder; ni agilidad para gestionar recursos significa abrir puertas a la corrupción, ni acción u omisión son menos graves que fraude y malversación de fondos”.

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Por su parte, la secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, insistió en que la emergencia sanitaria “no puede ser aprovechada para incumplir la ley, ni para usurpar los dineros públicos. Es nuestra obligación con el país entero, desempeñar la función actuando con transparencia en la ejecución de los dineros públicos y con mayor razón, los destinados a la crisis sanitaria que afecta los más preciados derechos como son la vida y la salud de nuestros compatriotas”.

La circular insiste en el imperativo de aplicar las normas que rigen al amparo de la Declaratoria de Emergencia Económica y Social, enunciadas en la “Guía de Transparencia en la Contratación Estatal Durante la Pandemia del COVID-19”, editada por Colombia Compra Eficiente.

La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría trabajan de manera conjunta para supervisar la contratación pública en el país en el marco de la emergencia por el COVID-19.
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