El juzgado 4 penal del Circuito de Bucaramanga ordenó la libertad por pena cumplida de la exsecretaria de Infraestructura departamental, Claudia Toledo y su esposo, el contratista Lenin Pardo, quienes eran investigados por las irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, por valor 22 mil millones, en la administración de Richard Aguilar.
Tras haber llegado a un preacuerdo con la Fiscalía 5 de Administración Pública, el juez el caso condenó a Toledo y Pardo el delito de peculado por apropiación agravado en calidad de cómplices, imponiéndoles las penas de 50 y 38 meses de prisión domiciliaria, respectivamente.
En tal sentido, los esposos recuperaron su libertad por pena cumplida.
“Ya quedan en libertad por pena cumplida en virtud al principio de oportunidad otorgado”, explicó Jaime Lombana, abogado de Claudia Toledo y Lenin Pardo.
Con el preacuerdo ejecutoriado por el delito de prevaricato, sumado al principio de oportunidad alcanzado con la justicia, la exsecretaria de Infraestructura y su esposo, lograron reducir de manera significativa su condena por su participación en el entramado de corrupción en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López en el 2015.
“A pesar de que ya se habían cumplido los términos, la defensa de Toledo y Pardo no solicitó la libertad de sus apoderados, razón por la cual una vez el juez del caso expide esta condena ya la pena estaba cumplida”, afirmó uno de los abogados cercanos al proceso.
$60 millones de multa
Aunque la Corte Suprema y la Fiscalía delegada ante la Corte, quiénes investigan al exsenador Richard Aguilar han insistido en que las coimas por el contrato de reforzamiento del estadio superan los $2 mil millones, Claudia Toledo y Lenin Pardo solo deberán pagar $60 millones de multa, como reintegro de lo apropiado a favor de la Contraloría General de la República.
En sus múltiples testimonios entregados a la Fiscalía, Octavio Reyes, Octavio Reyes Sarmiento, representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, consorcio al que se adjudicó el millonario contrato para reforzar la estructura del Estadio Alfonso López de Bucaramanga en la administración de Aguilar Villa, ha insistido en que entregó más de $2 mil millones como coimas por el contrato del estadio, recursos que habrían sido entregados a los esposos Toledo y Pardo.
Continúan como testigos
A pesar de haber quedado absueltos de todos cargos por su participación en las irregularidades contractuales del contrato del estadio, Claudia Toledo y Lenin Pardo deberán continuar aportando las pruebas y sirviendo como testigos claves de la Fiscalía en contra del exsenador, Richard Aguilar y del exrepresentante, Edwin Ballesteros, en los procesos penales que el ente acusador adelanta en contra de los excongresistas como presuntos responsables de la ‘red de corrupción’ en contratos de obras públicas que habría tenido lugar en la Gobernación y la Esant, respectivamente, y que superaría los $600 mil millones.
“Ellos están comprometidos a declarar en el juicio de Aguilar y del exrepresentante Ballesteros”, agregó Lombana.
Desfalco en el estadio
Aunque si bien, el reforzamiento del estadio Alfonso López fue una de las últimas megaobras contratadas por la administración de Aguilar Villa, terminó convirtiéndose en la ‘caja de Pandora’ sobre la red de corrupción que existía en la administración de Aguilar Villa, que hoy tiene al exgobernador respondiendo ante la justicia.
Según la información recaudada por la Fiscalía y la Corte, al igual que en las anteriores licitaciones, el “staff de infraestructura” de la administración Aguilar se puso en marcha para lograr que el millonario contrato de las obras del estadio le fuera adjudicado a Octavio Reyes Sarmiento, (amigo personal del exgobernador Hugo Aguilar), como lo había ordenado Julián Jaramillo.
Para tal fin, desde la administración Aguilar le suministró de manera anticipada el presupuesto que definiría el gobierno departamental para las obras del estadio y así Octavio Reyes elaborara el pliego de condiciones ajustado a su propio beneficio. Tarea que le fue encomendada a Andrea Carolina Núñez Castellanos, secretaria de Ingream SAS, empresa perteneciente a Octavio Reyes.
La propia secretaria de Ingream, Andrea Carolina Núñez reconoció ante la Corte que el presupuesto de obra del estadio le fue entregado a su jefe, Octavio Reyes, mucho antes de que el proceso licitatorio iniciara.
Además del contrato del estadio, Ingream, participando en consorcios, recibió otros seis contratos con la Gobernación todos durante la administración de Richard Aguilar por valor de $800 millones. Además de los contratos por cerca de mil millones recibidos por la Esant, gerenciada en ese entonces por Edwin Ballesteros.
Por su parte, Édgar Báez Ariza, integrante del “staff de infraestructura” liderado por Julián Jaramillo fue el encargado de organizar los pliegos y determinar los requisitos habilitantes a favor de Octavio Reyes en el millonario contrato para el reforzamiento de la villa olímpica del Alfonso López.
Con los pliegos acomodados a su favor, solo la Unión Temporal Reforzamiento 2015, integrada por Ingream SAS, propiedad de Octavio Reyes Sarmiento, e Ingeniería Servicios y Asesorías de Santander, representada legalmente por Houseman René Jaimes y Argeu SAS, propiedad de Camilo Andrés Rueda, se presentó como único oferente y posteriormente le fue adjudicado el millonario contrato de obra.
Una vez firmada el acta de inicio de la obra, el contratista recibió un anticipo por $6.111 millones, el 40% de su valor total.
Sin embargo, el 30 de enero del 2015, ante el incumplimiento por parte de Houseman René Jaimes Guerrero, de desembolsar los $700 millones para pagar la primera parte de la coima por la adjudicación del contrato del estadio, Octavio Reyes tuvo que acudir a Artemio Suárez Díaz, que sí desembolsó el dinero del soborno. Ese mismo día, el contratista le solicitó a la administración departamental la cesión de la participación del 40% de la empresa Ingeniería, Servicios y Asesorías, Ingesan SAS, propiedad de Houseman René Jaimes a la empresa Movipetrol, propiedad de Artemio Suárez, (amigo personal de Hugo Aguilar).
Suárez Díaz era un contratista muy cercano al clan Aguilar. A través de su firma Movipetrol, recibió contratos por más de $2 mil millones en la administración de Aguilar Villa. Incluso, Artemio Suárez le arrendó al gobierno de Richard Aguilar el local donde operó la ‘casa paralela’, desde donde se realizaban las negociaciones y los acuerdos para el direccionamiento de los procesos contractuales en el gobierno de Richard Aguilar.
Para esa época, en dicha oficina ubicada en el segundo piso de la calle 41 # 9-67, justo al lado de la Gobernación de Santander, también operaba la empresa Construservis Company, firma propiedad de Próspero Díaz Poveda, uno de los socios más cercanos a Artemio Suárez. Construservis Company recibió contratos por más de $3.400 millones en la administración de Aguilar Villa.
Tres días después de haber ingresado al contrato de reforzamiento del estadio como socio capitalista, Andrés Julián Ulloa Moreno, presidente de Movipetrol, le envió un correo electrónico con el estado de cuenta de las deudas que la Unión Temporal Reforzamiento 2015 tenía con el señor Artemio Suárez, entre ellas, el “préstamo a la Unión Temporal por $500 millones de fecha 2 de febrero del 2015. Además de otro crédito para comisión por $200 millones de fecha 27 de febrero del 2015”.
El 15 de marzo del 2015, Octavio Reyes, Artemio Suárez y Andrés Díaz (interventor de la obra) se dirigieron hasta la casa de Claudia Toledo y Lenin Pardo para entregar $700 millones como pago parcial de la coima por el contrato. Los $700 millones entregados a Lenin Pardo, posteriormente habrían sido transportados en una motocicleta por el empleado de la Gobernación, Rubiel Marino Bermúdez, con destino al exgobernador Richard Aguilar, pasando por la oficina de Julián Jaramillo, jefe directo de Bermúdez.
Si bien Octavio Reyes ha insistido en que el pago de las coimas por más de $1.500 millones únicamente fueron destinadas a los esposos Toledo – Pardo, el propio Andrés Díaz, interventor de la obra, controvierte dicha versión, al asegurar ante la Fiscalía y la Corte que el propio Reyes en varias ocasiones le comentó que él tenía comunicación directa con Aguilar Villa para “cruzar cuentas”.
Para la Corte, en diciembre del 2015, a tan solo unos días para dejar su cargo, Richard Aguilar le ordenó a Reinaldo Castillo Parra, exsecretario de Infraestructura, que firmara el adicional 01 del contrato del estadio por más de $6.748 millones, como última medida para poder asegurar el pago total de la coima por parte del contratista.
Dicha adición estaba soportada por Freddy Calderón (el mismo contratista que había realizado los estudios y diseños de la obra y que ahora pedía mayor cantidad de obra). Ese mismo día, Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, supervisora del contrato, rindió informe de conveniencia y necesidad de la adición, al parecer violando los preceptos legales y jurisprudenciales relacionados con la adición de contratos públicos.
Luis Alberto Peña Silva, contratista de la obra de reforzamiento del estadio Alfonso López, aseguró ante la Corte que Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, supervisora de ambos contratos (obra e interventoría), obtuvo dicho cargo por orden directa del propio Artemio Suárez.
Wandurraga Ballesteros había sido empleada de Artemio Suárez, antes de llegar a la administración departamental.
