Luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a los derechos políticos del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que se vieron afectados con la destitución e inhabilidad a 15 años en 2013, el procurador general, Fernando Carrillo, anunció que se pediría a esa corte una aclaración de la sentencia.
Así lo señaló Carrillo durante una audiencia en la Comisión I del Senado, en donde se analizó el fallo. Según el jefe del ministerio público, “existe la posibilidad de presentar una demanda de interpretación para la claridad ante la Cidh, esta posibilidad es una solicitud respetuosa para la clarificación de determinados temas relacionados con la sentencia”.
Planteó además que “no se puede desconsiderar el periodo de transición que entrega la Corte para efectuar las reformas legislativas a que haya lugar, evitando, con ese plazo razonable, la ruptura institucional y el caos jurídico”.
Consideró además el procurador que “la intención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos jamás fue quebrantar la institucionalidad, hay un esquema de protección de garantías a los investigados".
Por su parte el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namen, señaló que “es necesario el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, se trata de compromisos internacionales, sin perjuicio que se pidan las aclaraciones y precisiones correspondientes. La Cidh reconoce la competencia que tiene la Justicia Contencioso Administrativa en cabeza del Consejo de Estado, se adecua a los estándares del tribunal en relación a límites y restricciones permitidas en la convención internacional".
Por su parte el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, sostuvo que “es importante que de manera urgente desde el Congreso, la academia y demás entidades competentes se aclare cuál es el alcance del fallo para la entidad, teniendo en cuenta que el año 2021 inicia el calendario electoral”.
Respecto al fallo, el hoy senador Gustavo Petro, manifestó que “la corrupción es un delito y no un hecho disciplinable y por lo tanto lo que tiene que hacer el legislador es fortalecer en la Fiscalía la lucha contra la corrupción. La Procuraduría tiene que tener otros papeles, sobre todo en derechos humanos".
