En fallo de única instancia la Sección Quinta del Consejo de Estado desestimó el recurso de apelación interpuesto por el gobernador, Mauricio Aguilar, y el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, a través del cual solicitaban tumbar la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Santander que suspendió la elección de los cuatro alcaldes integrantes del consejo directivo de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, vigencia 2023.
Para el tribunal, las recusaciones en contra de la mayoría de integrantes de la asamblea corporativa de la Cdmb, interpuestas el pasado 24 de febrero, cumplieron con sus requisitos formales y trámites de ley por lo que la presidencia, en cabeza del gobernador Aguilar, debió darle trámite a la Procuraduría para que decidiera de fondo, ya que estaba afectado el quórum.
“Así, al igual que lo dicho en la recusación anterior, la Sala advierte que aunque se dio trámite a la presentada por la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban, lo cierto es que la asamblea olvidó que previo a ello se había presentado otra recusación que afectó el quórum decisorio y deliberatorio que cumplió con los requisitos formales para ser tramitada como tal, por lo que, de conformidad con el artículo 12 del CPACA, debió ser remitida a la procuraduría y esto impedía continuar con la elección demandada”, consideró el Consejo de Estado.
En tal sentido, el alto tribunal mantuvo en firme la medida cautelar de suspensión provisional de la elección de los cuatro alcaldes: Piedecuesta, Rionegro, Charta y Matanza, como representantes ante el consejo directivo de la Cdmb hasta que el Tribunal Administrativo de Santander no falle de fondo en primera instancia.
“Exhortar al Tribunal Administrativo de Santander para que, en adelante, cumpla con lo establecido por el legislador en el inciso final del artículo 277 del CPACA, en el sentido de resolver en una misma providencia la admisión de la demanda y la suspensión provisional, previo a correr traslado de la misma conforme lo ordena la norma”, resolvió el Consejo de Estado.
Consejo de siete
Así las cosas, la elección de los alcaldes de Piedecuesta, Mario José Carvajal; Rionegro, Rubén Darío Villabona; Matanza, César Armando Lozada; y Charta, Álvaro Rojas Toloza, como integrantes del consejo directivo de la Corporación continúa suspendida temporalmente hasta tanto el tribunal revierta la medida cautelar o emita un fallo definitivo.
El Consejo Directivo de la Cdmb, que en el último trimestre de este año será el encargado de escoger al próximo director de la corporación ambiental, continuará sesionando con solo siete de sus once integrantes, situación que afectaría los intereses políticos del gobernador Mauricio Aguilar y del excontralor departamental, Fredy Anaya, quienes habían logrado hacer nombrar a los cuatro alcaldes cercanos a sus intereses como miembros del consejo.
Aunque el pasado 12 de julio, el gobernador, como presidente de la asamblea corporativa de la Cdmb intentó llevar a cabo una nueva sesión extraordinaria en la cual los alcaldes de Piedecuesta, Rionegro, Matanza y Charta pretendían renunciar a su designación como representantes ante el consejo directivo de la Corporación en la actual anualidad y desentrabar el camino para que el mandatario departamental y Anaya, pudieran colocar otros alcaldes cercanos a su línea, una nueva recusación en contra de todos los integrantes de la asamblea detuvo dicho proceso.
Según pudo constatar Vanguardia, solo hasta el pasado 3 de agosto fue radicada ante la Procuraduría la nueva recusación.
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Actualmente hace trámite en el Tribunal Administrativo la demanda de nulidad electoral (como acumulado de cuatro demandas previas), en contra del acto de elección de los alcaldes de Piedecuesta, Rionegro, Charta y Matanza como miembros del consejo directivo de la Cdmb.
Para el alto tribunal, existe mérito y sporte jurídico suficiente para acceder y dar apertura al proceso judicial debido a las irregularidades en el trámite de las recusaciones presentadas por Ana Francisca Coronado y Yulia Moraima Rodríguez, alcaldesas de Suratá y Girón, en contra del gobernador Mauricio Aguilar y los demás integrantes de la asamblea corporativa de la entidad en la sesión ordinaria llevada a cabo el pasado 24 de febrero, la cual tenía como objeto escoger a los cuatro mandatarios locales que integrarían el consejo directivo de la corporación para la vigencia en curso.
Las demandas aún están siendo evaluadas por el Tribunal Administrativo en primera instancia.
El Consejo de Estado en su Sección Quinta conocería en segunda instancia el proceso en caso tal de ser apelado por alguna de las partes.
Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reportero de la página Política y miembro de la Unidad Investigativa desde el 2015.
Desde estos espacios ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación periodística sobre las estructuras del poder político en la región y desnudar las diferentes formas de corrupción que se presentan en el sector público de Santander.
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