Entre el primero de enero y el 31 de julio, la Defensoría del Pueblo registró 32 declaraciones de desaparición forzada. Ese fue el reporte que dio el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la conmemoración que hizo esa entidad del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Mientras tanto, en todo el 2020, la Defensoría recibió 87 denuncias de este tipo. El año en el que más casos se reportaron fue 2015, cuando hubo 1.995.
“Atender sus necesidades lleva a plantear el inmenso reto para la institucionalidad de buscar el restablecimiento de sus derechos”, sostuvo Camargo. “Un paso importante para ello es impulsar en el país los 16 principios de la ONU, para lo cual vamos a iniciar una campaña nacional de divulgación con el fin de que todas las entidades los conozcan y los cumplan”, agregó el funcionario.
Asimismo, la Defensoría señaló que está llevando a cabo un informe de la mano del Comité Internacional de la Cruz Roja. Su intención es analizar la efectividad de las herramientas que tiene el Estado para responder ante las denuncias de desaparición forzada: uno es el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y el otro es el Estatuto jurídico de las personas desaparecidas.
Vale decir que, según datos compartidos por el Ministerio de Defensa, hasta el pasado 28 de agosto había 66 Mecanismos de Búsqueda Urgente activos en Colombia solo por hechos ocurridos en el marco del Paro Nacional. Asimismo, según Medicina Legal en lo que va de 2021, se han registrado 2.473 desaparecidos, 1473 hombres y 1.000 mujeres.
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Piden políticas públicas robustas
Con motivo de la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) publicaron un comunicado conjunto.
En él les pidieron a los estados de la región adoptar políticas públicas integrales para combatir la desaparición forzada, identificar a los victimarios y asegurar la búsqueda de las víctimas. Además, reconocieron el trabajo de algunos países, incluida Colombia.
“En los últimos meses, la CIDH, el CED y el GTDFI han notado avances y buenas prácticas por parte de diferentes Estados de la región en el diseño de estrategias integrales de búsqueda e investigación. En específico, reconocen la adopción de los Planes Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Perú, en 2021; y en Colombia, en 2020 y 2021, como herramientas programáticas de la política pública de búsqueda y cuyo contenido fue producto de un proceso participativo en el que intervinieron diferentes actores”, señalaron esas instituciones.
