domingo, 04 diciembre 2022
domingo 25 de septiembre de 2022 - 12:00 AM

El megaproyecto de vivienda entregado a medias y a punto de fracasar en Bucaramanga

Con más de 23 meses de retraso y ausencia de servicios básicos como luz, agua y alcantarillado, el proyecto habitacional Norte Club Tiburones II, desarrollado por la Constructora Valu, está a poco de convertirse en un nuevo ‘elefante blanco’. Hay cientos de familias afectadas.

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En diciembre del 2018, el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga, Invisbu, entonces dirigido por Aychel Patricia Morales Suescún, dio apertura al proceso licitatorio mediante el cual buscaba un socio estratégico para conformar una unión temporal para desarrollar el proyecto de Vivienda de Interés Prioritario Norte Club Tiburones II, para el cual se construirían 300 apartamentos que se convertirían en la solución de vivienda para igual número de familias bumanguesas de escasos recursos económicos.

Además: Ley Bucaramanga 400 años: mucha fiesta y nada de los $10 billones prometidos

Tras varios meses de proceso licitatorio, el cual cerró con único oferente, el Invisbu conformó en abril del 2019 la Unión Temporal Bucaramanga AM, conformada por Víctor Fernando Ramírez Gasca, (50%) y la Constructora Valu Ltda (50%), firma representada por Mario Fernando Vargas Salcedo, con el fin de desarrollar el ambicioso proyecto habitacional VIP, apalancado por el programa ‘Mi Casa Ya’ del Ministerio de Vivienda, en el cual los hogares beneficiados con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos ($4’000.000), obtenían un subsidio de $30 millones o de $20 millones (dependiendo de sus ingresos), para comprar su vivienda.

Según la minuta del contrato, el municipio a través del Invisbu aportaba el predio conocido como Club Tiburones, ubicado al norte de la Ciudad, como aporte en la financiación del proyecto habitacional, mientras que el socio estratégico se encargaba de los gastos de construcción, adecuación y venta de las 300 unidades habitacionales.

Al borde del siniestro

Aunque el contrato estaba previsto para ser ejecutado en nueve meses, es decir las viviendas debían estar totalmente construidas en diciembre del 2019, hoy, tres años y medio después de la firma del contrato, la Constructora Valu, integrante de la Unión Temporal Bucaramanga AM, solo ha entregado 120 de las 300 viviendas, mientras el proyecto está a punto de convertirse en un ‘elefante blanco’, por la falta de servicios básicos para sus habitantes como alumbrado público, alcantarillado y recolección de basuras.

“Somos una invasión de 5 pisos. Hasta el momento lo único que hemos recibido son solo promesas, pero nada de cumplimiento. Recibimos un apartamento muy diferente a lo que nos prometieron. Nos dijeron que era en conjunto residencial con cerramiento y zonas verdes y resultamos encima de una de las comunas más peligrosas de la ciudad, sin acueducto ni red pluvial, sin alumbrado público, solo había un contador con el cual nos abastecimos en todo el conjunto y la Electrificadora se llevó el contador”, contó a Vanguardia Jaime Peña, uno de los habitantes afectados por las fallas del proyecto.

A pesar de varios contratos de altos montos celebrados paralelamente por parte del Invisbu para realizar las obras complementarias en el Norte Club Tiburones II, hoy el proyecto habitacional pareciera estar condenado a siniestrar.

A la fecha, el Instituto descentralizado ha suscrito cuatro contratos por cerca de $8 mil millones para ejecutar obras relacionadas con el megaproyecto habitacional, como por ejemplo la construcción de muros de contención, con una inversión de $972 millones. Además contrató la construcción de espacios recreodeportivos, ludoteca y comercio, por unos $2.761 millones. Para esto último, el Invisbu le adjudicó un millonario contrato al Consorcio Espacios Recreativos Tiburones, el cual está integrado por Alfonso Vega Albino 70%; Gonzalo Centeno Centeno 20%; e Insego – Ingenieros De Servicios Generales De Obra SAS con el 10%, esta última empresa es representada legalmente por Édgar Leonardo Gómez Roncancio, quien tiene líos judiciales pues está vinculado junto al exsecretario de Infraestructura municipal, Clemente León, en una investigación por una supuesta celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, se presentaron irregularidades en dos contratos celebrados con el objeto de realizar la demolición de inmuebles para la realización de las obras de la carrera 27 con Quebrada Seca y el Tercer Carril, suscritos en la administración del exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez.

Dicho contrato comenzó costando inicialmente $2.076 millones y ya ha recibido adiciones por $685 millones. Aún no ha sido liquidado y se encuentra sin registro de avance en las obras desde noviembre del 2020 en el sistema Secop.

Así mismo, en agosto del 2019, el Invisbu celebró junto con la Secretaría de Infraestructura municipal un convenio para la construcción de redes eléctricas de alumbrado público por valor de $250 millones, sin embargo, cuatro meses después el convenio fue suspendido y no volvió a ser reiniciado.

Sin alcantarillado

Pero las inversiones del Invisbu en el Club Tiburones II no terminaron ahí, en mayo del 2019 la entidad celebró el contrato 064 del 2019 con la firma constructora Building SAS, representada legalmente por los hermanos Óscar Mauricio y Nathalia Paola Butrón Gélvez, con el objeto de construir las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del proyecto de vivienda de interés social Norte Club Tiburones, contrato que inició costando $ 1.949 millones, con un plazo de ejecución de seis meses.

Hoy, tres años y cuatro meses después y con adiciones superiores a los $800 millones, las obras de alcantarillado en el Norte Club Tiburones II continúan siendo solo una promesa.

Según el Secop, la firma encargada de la interventoría externa de la fallida obra es Construmarca, empresa representada legalmente por Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, socio de Julián Jaramillo (exasesor de despacho del exgobernador Richard Aguilar). Tanto Aguilar como Jaramillo afrontan un proceso penal por supuestas irregularidades contractuales en la administración departamental para el periodo 2012 – 2015. Julián Jaramillo era socio de Construmarca hasta días antes de asumir como asesor de despacho en la Gobernación.

A pesar de los evidentes incumplimientos de Building SAS para construir las redes del Norte Club Tiburones II, no hay registros de reparos por parte del interventor de la obra.

Lea también: Así reubicarían a los damnificados del incendio ocurrido en el norte de Bucaramanga

El pasado de Butrón

Óscar Mauricio y Nathalia Paola Butrón Gélvez, representantes legales de Building SAS, son hijos del controvertido excurador 2° municipal Alonso Butrón, redesignado en ese cargo en 2012, tras una polémica elección avalada por el exsecretario de Planeación de Bucaramanga y hoy diputado Mauricio Mejía. Alfonso Butrón está salpicado en varios escándalos por supuesto volteo de tierras y licencias de construcción irregulares en el municipio para favorecer a empresarios de la región como Fredy Anaya, actual Contralor General de Santander.

De hecho, en octubre de 2010, Building SAS compró por 1.300 millones de pesos un predio en el Parque La Arboleda de Girón, hasta ese entonces una zona de reserva ambiental. Solo 45 días después el Concejo de Girón aprobó de manera exprés el reajuste al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, cambiando el uso del suelo y ese predio comprado por Building dejó de ser un corazón verde para convertirse en otro terreno más para urbanizar. El precio del metro cuadrado se multiplicó y poco después la empresa de Butrón negoció el predio con una firma vinculada a la constructora HG, (propiedad del hoy senador Rodolfo Hernández) y otro particular, por un valor superior a 3.600 millones de pesos. Es decir, la compañía de Butrón ganó 2.300 millones de pesos en tiempo récord.

En Bucaramanga, Floridablanca y Girón, Valu llegó como único oferente para desarrollar los proyectos de vivienda VIP y VIS en esos municipios.

Junto a Building SAS, también actuó el hoy contralor Anaya, quien estuvo detrás del negocio del Parque La Arboleda de Girón, pero sin aparecer en los documentos, como después lo reconoció el propio Anaya en una entrevista radial. Incluso, fuentes cercanas al hoy contralor departamental y al senador Rodolfo Hernández, afirman que la negociación de ese predio en Girón, que no terminó de la mejor forma, fue el detonante para el fin de la relación comercial que tuvieron Hernández y Anaya.

A pesar de los antecedentes y el incumplimiento de Building SAS, la administración del hoy alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a través del Invisbu suscribió el pasado mes de julio un contrato con la controvertida empresa constructora, por valor de $4.707 millones, para un mejoramiento urbano y rural, en el marco de los 400 años del municipio, obras que deben ser ejecutadas en seis meses, es decir estar listas el 28 de diciembre de este año, sin embargo, la Unidad Investigativa de Vanguardia no encontró registro de avance del proyecto en la plataforma Secop.

Por otro lado, una investigación del portal Cuestión Pública reveló el senador Jaime Durán Barrera tiene un lote de terreno en Girón, Santander, en copropiedad con Fredy Anaya. Dentro de sus propiedades tuvo un apartamento en Bogotá, comprado en 2012 a Alonso Enrique Butrón. La compraventa se realizó un mes antes de que Butrón fuera reasignado en su cargo como curador II de Bucaramanga, en lo que la Fundación Participar y el programa Bucaramanga Cómo Vamos consideraron un concurso cuestionado, señala el portal.

El ‘renacer’ de valu en el área metropolitana

Aunque la Constructora Valu tiene más de 13 años de existencia en el mercado, solo hasta el 2018 se comenzó a hablar de esta firma en Santander. Más exactamente, Valu aterrizó en la administración de Héctor Mantilla al convertirse en el único oferente que presentó su oferta para realizar la Unión Temporal con el Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF, para ejecutar proyectos de Vivienda de Interés Prioritario e Interés Social en este municipio del área metropolitana.

Según registros en la plataforma Secop, de conformación de la Unión Temporal VIPVIS Floridablanca, suscrito en marzo del 2018, por Julio César González, director (e) del BIF y la constructora Valu, el Banco Inmobiliario se compromete a poner los lotes y $950 millones en la conformación del consorcio temporal, mientras que Valu se encarga de la construcción y venta de los apartamentos VIP y VIS. El contrato no tiene fecha de vencimiento y dicta que el BIF solo tendrá el 5% de participación en la sociedad, mientras que la constructora es la socia mayoritaria de la Unión Temporal con el 95%.

Pero la llegada de Valu a Floridablanca no habría sido producto de la casualidad. Tres diferentes fuentes le confirmaron a la Unidad Investigativa de Vanguardia que la firma constructora aterrizó en el municipio con el aval de la exvicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, madrina política del entonces alcalde, Héctor Mantilla. Según las fuentes, el enlace para que esta situación se diera, fue el exsenador conservador, Jorge Hernando Pedraza, hombre de confianza de la exvicepresidenta (uno de los principales promotores de su campaña presidencial). Pedraza habría sido el encargado de buscar a Valu, firma con raíz boyacense, departamento del cual es oriundo el excongresista conservador.

“Valu llegó a Floridablanca por el respaldo de Marta Lucía Ramírez, jefa política de Héctor Mantilla. Fue el senador Jorge Hernando Pedraza, amigo cercano de Marta Lucía, el que gestionó la llegada de Valu a Florida. Ya con el respaldo de los dos líderes conservadores, Mantilla dio la orden para que desde el BIF se suscribiera la Unión Temporal con Valu y así esa constructora pudiera adelantar el proyecto de Villa Renacer”, manifestó una de las fuentes conocedoras del proyecto.

Después de haberse retirado del Senado, Jorge Hernando Pedraza fue nombrado Secretario General de la Comunidad Andina, organismo internacional en el cual posteriormente Pedraza designó a Héctor Mantilla como jefe de gabinete.

Al ser consultado por Vanguardia, Mantilla desestimó los señalamientos hechos en su contra y aseguró no tener ninguna relación con la firma Valu antes de su llegada a Floridablanca en 2018.

“No tengo conocimiento de esos señalamientos. Ellos llegaron mediante un concurso público de licitación. Según tengo entendido eran dos representantes legales con una gran experiencia en todo el país y ellos como que se postulan a muchos de los proyectos del Ministerio de Vivienda como constructora. Cuando nosotros sacamos el proyecto ellos se presentaron, cumplieron con todos los requisitos y ejecutaron Villa Renacer”, indicó el exalcalde de Floridablanca.

300

Soluciones de viviendas VIP están contempladas para ser construidas en el Club Tiburones II.

Ya con la licitación adjudicada, Valu procedió a construir el proyecto Villa Renacer, una iniciativa VIP de 200 unidades habitacionales, que según la administración municipal pretendía darles solución a las decenas de familias damnificadas en el 2002 por el deslizamiento de tierras en Bella Vista, en Floridablanca.

“La propuesta que presente la entidad territorial deberá respetar en la mayor medida posible las condiciones originales de la oferta habitacional ofrecida en el año 2007, es decir, mantener características similares de metraje de las habitaciones, especificaciones de acabados y el valor del ahorro programado exigible. De surgir alguna modificación esta solamente será válida siempre que sea para mejorar las condiciones de la oferta inicial. Cualquier sobrecosto deberá ser asumido por la administración municipal y los recursos que ésta pueda gestionar con las demás entidades públicas del orden nacional”, advirtió la veedora ciudadana, Laura Yanet Ardila.

Según la líder cívica, 28 familias ya demandaron ante los estrados judiciales al municipio de Floridablanca y la constructora Valu, por las afectaciones a sus derechos adquiridos constitucionalmente.

Aunque reconoció que existieron varios inconvenientes en la construcción de Villa Renacer debido a la pandemia, el paro y la escasez de suministros, el director del BIF, Julio César González afirmó que el proyecto habitacional ha cumplido con lo pactado en la Unión Temporal y aseguró, sobre las familias afectadas en Bella Vista que no accedieron a este proyecto, que el inconveniente fue que no estuvieron cobijadas por el programa ‘Mi Casa Ya’ del Ministerio de Vivienda.

“El proyecto surge para atender el déficit habitacional del municipio, se le dio prioridad a las familias del fallido proyecto de Altos de Bellavista Etapa II, Etapa IV, esta prioridad se mantuvo durante 18 meses, a la espera de que la 189 familias del fallido proyecto que se interesaron en el proyecto de Villa Renacer cumplieron los requisitos de la política pública de vivienda ‘Mi Casa Ya’, de estas 189 familias, 147 familias fueron validados por la plataforma de Fonvivienda y se les asignó subsidio nacional”, respondió González.

Con el camino abonado en Floridablanca y Bucaramanga y con sus evidentes buenas conexiones, Valu también aterrizó en Girón donde se presentó como único oferente para ejecutar el proyecto de Vivienda VIP de 300 unidades habitacionales en el predio de San Benito, en la Ciudadela Nueva Girón.

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Habla el invisbu

Andrés Barragán, actual director del Invisbu, le aseguró a Vanguardia que adelanta junto con la Personería y la Contraloría municipal una serie de acciones para dar una solución definitiva a las familias afectadas en Norte Club Tiburones II.

El funcionario aseguró que ya se firmó un otrosí al contrato de Unión Temporal en el que Valu se compromete a gestionar y realizar las obras necesarias en ese sector de la ciudad para avanzar. Así mismo, Barragán afirmó que en diciembre ya estarán construidas las 15 torres del proyecto habitacional y a más tardar en febrero del 2023 se tendrían escriturados los 300 apartamentos.

“Hemos tenido una serie de complicaciones con la ejecución de este contrato por la pandemia y el paro del año pasado, pero no hay excusas con la comunidad del Club Tiburones II, por eso, ya firmamos un otrosí con la firma constructora en la que ellos se comprometen a construir la subestación eléctrica y el tanque de almacenamiento subterráneo. En un mes máximo dos meses ya estará la individualización de los servicios en los apartamentos. Ni la pandemia ni el paro son justificación para no entregar el proyecto el próximo mes de diciembre”, informó Barragán.

Sin embargo, el director del Invisbu también prendió las alarmas por los nuevos anuncios del Gobierno Nacional en los que señala que se acabarían los subsidios para los proyectos de vivienda en el país.

“Los 120 apartamentos que ya están escriturados no tienen ninguna dificultad, el tema es con los 180 apartamentos faltantes que no han sido escriturados y por ende no tienen aún el subsidio del Ministerio de Vivienda a través del programa ‘Mi Casa Ya’, nos toca mirar alternativas para esas familias”, agregó Andrés Barragán.

El funcionario reconoció que hubo una actualización en el costo del proyecto por lo que el valor máximo de cada una de las viviendas subió hasta $20 millones más.

Esta situación fue altamente criticada por los beneficiarios quienes afirmaron que se está violando lo pactado con la Constructora Valu.

“En la promesa de compraventa que firmamos está muy claro que el valor de la vivienda era $70 millones, ahora nos quieren cambiar las reglas del juego y colocan que los apartamentos cuestan $90 millones. Es una falta de respeto con todos nosotros”, dijo Jaime Peña, uno de los afectados que aún no ha recibido lo que le prometieron.

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