sábado 18 de marzo de 2023 - 12:00 AM
En la ley de sometimiento no hay ningún ‘sapo’: Ministro de Justicia
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió a los reparos planteados por varios sectores a los proyectos de ley sobre justicia que tramita el Gobierno en el Congreso de la República.
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Suministrada / VANGUARDIA
El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, le salió al paso al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que días atrás arremetió en críticas contra la agenda legislativa del gobierno Petro para reformar el sistema carcelario, la Ley de sometimiento y la paz total.
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Según Osuna, que participó en el conversatorio: “Humanización de las cárceles y la creación de la Jurisdicción Agraria”, llevado a cabo en la Universidad Industrial de Santander, UIS, la mayoría de las observaciones elevadas por el Fiscal en el Consejo de Política Criminal fueron incluidas en las iniciativas legislativas radicadas en el reinicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la República.
Los principios continúan
El ministro Osuna desestimó que con la Ley de Sometimiento se esté pretendiendo que el Fiscal General cumpla una simple labor de “notificador” en las solicitudes de principio de oportunidad para los criminales que se sometan a dicha ley.
“Ninguno de los proyectos de ley: ni el de sujeción a la justicia y desmantelamiento de bandas, ni el de reforma carcelaria tienen ningún indulto. El principio de oportunidad ya existe en la legislación penal, es atribución de la Fiscalía y un juez de la República. Simplemente estamos ampliando las posibilidades de aplicación de ese principio de oportunidad y es una propuesta al Congreso, si el Congreso quisiera quitar el principio de oportunidad lo podría hacer”, indicó el jefe de la cartera de Justicia.
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Sin ‘sapos’
Además, el Ministro de Justicia afirmó que ninguna de las iniciativas legislativas que fueron radicadas en el Congreso para reformar el sistema carcelario o la ley de sometimiento, contiene ‘sapos’ para beneficiar a los criminales como lo expresó el fiscal Barbosa.
“Ahí no hay ni sapos, ni los fiscales notarios. Pero los principios de oportunidad sí tendría que ser seguir siendo verificados por el Fiscal como se viene haciendo históricamente. Todo principio de oportunidad lo decide un juez fruto de una solicitud de un Fiscal”, agregó Osuna.
Del mismo modo, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que una vez los proyectos fueron radicados en el Congreso todas las modificaciones al articulado de la ley de sometimiento y la reforma penitenciaria, deberán provenir del legislativo, mientras que el Gobierno decidirá si las acoge o no.
Beneficios escalados
Sobre el proyecto de reforma a al sistema carcelario del país, el ministro Osuna informó que todos los beneficios judiciales que se contemplan en la iniciativa legislativa se irán aplicando progresivamente, según el cumplimiento de cada una de las penas por parte de las personas privadas de la libertad.
“Están previstos algunos beneficios, que por supuesto se van consiguiendo cuando ya se ha pagado una parte de la pena para aquellas personas que podemos verificar que su comportamiento indica que ha habido resocialización, y si es así se le aplica el beneficio. Además, en el actual sistema existen crímenes que contemplan penas máximas de 50 años que son una cadena perpetua disfrazadas y otros delitos con penas máximas de 40 años que son otras cadenas perpetuas escondidas, con esta propuesta buscamos humanizar las penas, pasando esa pena máxima de 50 a 40 años, y la de 40 a 30 años”, agregó Osuna.
Para el jefe de la cartera de Justicia, con la reestructuración del sistema penitenciario se podrían descogestionar los centros carcelarios del país y de paso lograr una resocialización efectiva de los privados de la libertad.
Aunque existe un documento Conpes que obliga al Gobierno Nacional a crear 6.000 nuevos cupos carcelarios, para el ministro Osuna dicha meta no logrará dar solución a los problemas de hacinamiento en las cárceles del país.
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Oscar Iván Rey
Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reportero de la página Política y miembro de la Unidad Investigativa desde el 2015.
Desde estos espacios ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación periodística sobre las estructuras del poder político en la región y desnudar las diferentes formas de corrupción que se presentan en el sector público de Santander.
orey@vanguardia.com
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