viernes, 22 octubre 2021
viernes 24 de septiembre de 2021 - 7:43 PM

Envían a la cárcel a Emilio Tapia, Fernando Duque y Juan Laverde por caso MinTic

El juez 53 de control de garantías de Bogotá envió a prisión a Emilio Tapia, a Juan José Laverde, exvicepresidente de Rave Seguros y a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, por el caso de corrupción de MinTic.
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Los tres se convierten en los primeros capturados por el escándalo de corrupción del contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados.

Tras escuchar las intervenciones de los abogados de los detenidos y de la Procuraduría, el juez determinó acoger las pretensiones de la Fiscalía y enviar a la cárcel a los tres detenidos, asegurando que efectivamente participaron en los hechos irregulares que rodean el caso.

En la diligencia, juez anunció que compulsará copias para que se investigue penalmente a Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria general del MinTIC y a Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual MinTIC, “por cuanto si ellas hubieran advertido sobre las garantías bancarias falsas se hubiera evitado la adjudicación y el anticipo”.

Para sustentar la medida de aseguramiento, el juez aseguró que la Fiscalía demostró que sin las pólizas falsas nunca se hubiera adjudicado al contrato y que este mismo terminó afectando a las personas que viven en las zonas rurales que serían beneficiadas por el contrato.

Sobre la participación de Tapia en los hechos dijo que “se evidencia que el señor Tapia es quien pagaba la nómina (de Centros Poblados)... de esta manera se pudo determinar que él manejaba a su antojo la empresa Novotic y las demás que conformaban la Unión y era quien prácticamente materializaba las intervenciones”.

El juez advirtió que “Jorge Alfonso Molina siempre advirtió que la garantía era falsa, él lo advirtió a los intervinientes y que Enrique López las tuvo en cuestión de dos días. Evidentemente ni Duque, ni Laverde suben las pólizas a Secop, porque ya lo había hecho ‘Alfredito’, testigo de la Fiscalía”

Añadió que evidentemente desde el primer momento Tapia rechazó las afirmaciones que lo vinculaban con Centros Poblados y que negó su participación en los hechos, no obstante, consideró el juez que “hay un organigrama de la estructura de cómo se manejaban las situaciones”.

“La situación del señor Tapia es nefasta en este momento, él representa un peligro para la sociedad, tanto así que se perdieron 70.000 millones de pesos, es el fraude más grande que ha conocido este despacho”, sentenció.

Adicionalmente, el juez aseguró frente a Duque, que poco importa en esta instancia del proceso, si él tenía conocimiento de lo que firmaba o no y si llegó al mismo cuando ya se había conformado la adjudicación, puesto que esto será valorado por el juez de conocimiento.

El togado aseguró que no acoge la solicitud de que Tapia sea detenido en una guarnición militar, por cuanto no son es esa la función de esas instituciones y que en cualquiera que fuera el centro carcelario, a Tapia se le debe garantizar la seguridad.

El juez hizo un fuerte llamado ante la solicitud de medida domiciliaria que hicieron los abogados, “¿cómo me van a hablar a mí de buena conducta? Son personas que están delinquiendo, son personas preparadas, que delinquen con conocimiento, no podemos poner un policía para cuidar a cada uno, no alcanzan los policías ni a cubrir la delincuencia para que los pongan de niñera”.

Sobre Laverde y Duque, dijo que es suficiente la medida de aseguramiento porque secundaron las acciones de Emilio Tapia, “se dejaron instrumentalizar y coaccionar por Tapia... Lamento que usted señor Duque esté en este caso y lo invito a que siga colaborando con la justicia, esto no es una condena”.

Cabe mencionar que los tres detenidos fueron imputados por los delitos de falsedad en documento privado por la garantía que presentaron del Banco Itaú, además de fraude procesal por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del contrato, por lo cual la Fiscalía pidió que fueran enviados a la cárcel.

La solicitud la sustentó la fiscal “teniendo en cuenta estos hechos lastimosamente de corrupción que afectan al conglomerado social”, y agregó que “pueden obstruir las acciones de la Fiscalía para acreditar las conductas”.

Además, la fiscal le dijo al juez de garantías que los investigados representan un peligro para el proceso y la comunidad, que deben estar en una cárcel, ya que se pudo probar que su actividad criminal se ejecutó y se extendió a pesar de estallar el escándalo por la falsedad de las garantías bancarias.

Por otro lado, en el inicio de la audiencia, Iván Cancino, quien representa como víctima al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, respaldó las pretensiones de la Fiscalía y aseguró que sí se configuró el delito de falsedad en documento privado, por cuanto las garantías que se presentaron para la adjudicación del contrato fueron falsas.

“Lo que no tiene ninguna discusión es que el hombre de atrás de algunas compañías de Centros Poblados sí era el señor Emilio Tapia, está comprobado con reuniones en al menos dos partes de Colombia, en Medellín y Bogotá, está establecido desde la parte probatoria que sí tuvo conocimiento del tema de la producción de las garantías”, dijo Cancino.

El abogado, además, consideró necesario embargar los bienes de los tres implicados para que no puedan venderlos o traspasarlos y así pueda asegurarse o se intente recuperar el dinero que perdió la cartera de Gobierno con este contrato.

Miguel Antonio Carvajal, representante de la Procuraduría, en la audiencia aseguró resulta entendible para cualquier persona del común que se puede, en remplazo de la póliza de seguros, presentar una garantía bancaria que asegure un eventual requerimiento del contratante, no obstante, “los bancos no las otorgan gratuitamente, tendría mayores requerimientos que imponen el tráfico comercial, sin embargo, se consiguieron estas garantías sin mayores requerimientos”, aseguró.

Por lo anterior, el representante del ministerio público aseguró que la petición de la Fiscalía de pedir la medida de aseguramiento se ajusta al derecho y que Centros Poblados nunca tuvo una relación con el Banco Itaú, por lo que, desde el punto de vista objetivo, no se puede justificar cualquier actuación frente al trámite de estas actuaciones.

En relación a Emilio Tapia, Carvajal mencionó la existencia de tres sentencias condenatorias relacionadas con fenómenos de corrupción en la contratación estatal, “por lo cual resulta necesaria la imposición de la medida de aseguramiento carcelario, lo que evitaría, teóricamente, la continuación de una actividad delictiva”.

Entre tanto, Alejandro Sánchez, abogado de Emilio Tapia habló sobre la inferencia razonable, aseguró que hay tres coatuores y que Tapia no conoce a Jorge Enrique López, ni hizo compromisos con él y tampoco se comprometió a pagar con él ninguna suma de dinero y que la Fiscalía no presentó ninguna prueba para que presente lo contrario. Añadió que Tapia se ofreció de manera voluntaria a colaborar con la justicia desde el 13 de septiembre.

El defensor de Tapia pidió que no fuera concedida la medida de aseguramiento en una cárcel y que, de no conceder este beneficio, se aplique casa por cárcel, porque Tapia no representa peligro para la sociedad porque ha colaborado con la justicia, ha observado buena conducta, además que por estar en medida de casa por cárcel no podría salir de la vivienda.

El abogado pidió la posibilidad que, si el juez lo enviaba a prisión, lo hiciera al Batallón Vergara y Velasco, en Atlántico, considerando que hay factores de riesgo para Tapia debido a que ha sido víctima de amenazas y ataques por su colaboración con la justicia en procesos anteriores y pendientes, en el marco de los principios de oportunidad que ha acordado con la Fiscalía.

Por su lado, Omar Cabarcas, apoderado de Juan José Laverde, pidió que fuera negada la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, pues no está clara la inferencia de autoría en los delitos imputados y que, en el caso de Laverde, no se consideraron medidas subsidiarias como la casa por cárcel.

Además, aseguró que Laverde no tiene un papel importante en estos hechos por cuanto solo es un corredor de seguros, que se conoció con Jorge Alfonso Molina solo para conseguir unas pólizas, que hubo una relación comercial en la que fue Molina quien le habló de la existencia de un lote en Santa Marta que era lo que le permitía conseguir las garantías, pero que en ningún momento él conoció que serían falsas.

Según el abogado, Laverde no fue buscado para las garantías falsas, simplemente fue intermediario entre Centros Poblados y Jorge Alfonso Molina.

Julián Quintana, abogado de Luis Fernando Duque, aseguró que el representante de Centros Poblados, no tiene nada que ver con los hechos, que actuó de buena fe y que no conocía que las garantías fueran falsas, pues actuó bajo los principios de confianza.

Así mismo, dijo que Duque no actuó en la conformación de Centros Poblados, que llegó posterior a la estructuración que hizo Cáceres y que este ya había hecho la estructuración del proyecto y había constituido la oferta para presentar a Mintic.

El abogado dijo que fue Alfredo Amín, de confianza de Cáceres, quien subió los documentos al Secop y no Duque, como lo ha señalado la Fiscalía, además que Duque llegó al proyecto por invitación de Cáceres, por lo cual no tuvo nada que ver con la consecución de las garantías bancarias.

El defensor aseveró que la Fiscalía distorsionó la realidad de los hechos, no presentó los chats completos y que Duque hizo la vigilancia adecuada en torno a las garantías, además, que él solo era un empleado de Centros Poblados.

En su exposición, el defensor de Duque le echó el agua sucia a Cáceres y lo responsabilizó de conformar las empresas, de conseguir las pólizas y entregarle esos documentos a Duque para que él los presentara, “él solo siguió instrucciones”, aseguró.

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