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Lunes 23 de enero de 2023 - 12:00 PM

Estado enfrenta demandas por más de 494 billones: cómo le hacen frente en tiempos de paz total

Actualmente hay casi 367.000 procesos contra la Nación. Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, explicó la estrategia para afrontarlos.

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El Colombiano / VANGUARDIA
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El Estado colombiano cerró 2022 en medio de un alarmante panorama en la arena judicial: en contra de la Nación hay demandas que ya ascienden a más de $494 billones, casi 25 veces lo que espera recaudar este año el gobierno de Gustavo Petro con su reforma tributaria ($20 billones).

Se trata de una descomunal cifra que pondría contra las cuerdas a cualquier Estado y que, en el caso de Colombia con Petro al mando, podría seguir creciendo en este 2023. ¿La razón? Las controversias judiciales del mandatario por cuenta de su política de paz total, que hoy lo tienen rivalizando con Fiscalía o Procuraduría por asuntos tan cuestionados como el levantamiento de órdenes de captura de jefes paras o la excarcelación de jóvenes de la Primera Línea.

Para hacerle frente a las billonarias pretensiones y blindar jurídicamente a la Nación, desde 2011 existe la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Allí Petro decidió poner a una aliada de antaño: Martha Lucía Zamora, quien fue su secretaria jurídica cuando fue alcalde de Bogotá. En diálogo con El Colombiano, la funcionaria hace una radiografía de las demandas y detalla cómo la paz total de Petro se enmarca en la forma cómo el Gobierno busca encarar los pleitos.

Pretensiones billonarias

Según el más reciente informe de litigiosidad que divulga cada trimestre la Agencia, actualmente hay casi 367.000 procesos contra el Estado con pretensiones por $494 billones. A nivel local, el más cuantioso asciende a $35,6 billones y corresponde a una acción de grupo en la que se reclama una indebida actuación administrativa en Sampués (Sucre). En el municipio, reclaman, siguió operando la Secretaría de Tránsito, pese a que había sido suprimida.

Al top se suma otra demanda por $22,5 billones por un derrame de crudo en Coveñas (Sucre) y un proceso por $18,1 billones porque a comunidades del Caribe no se les garantizó la prestación del servicio de energía, pese a que se les cobraba un cargo por confiabilidad. Como estas, hay billonarias demandas por daños ambientales y de salud por aspersiones con glifosato o desplazamiento forzado.

“Nos enfrentamos a cifras inmensas, son muchísimos billones de pesos. Muchas veces la sumatoria de esas pretensiones hacen parte del querer del demandante y no tienen objetividad. Por eso, trabajamos con cifras reales frente a los riesgos del Estado. Nuestra responsabilidad es inmensa y hoy nuestra tasa de éxito, cuando intervenimos, es del 88%”, sostuvo Zamora.

Las estadísticas indican que el 59,7% de las demandas buscan una reparación directa y que el 24,3% pretenden anular una decisión y que se restablezca el derecho. Por otro lado, los asuntos laborales (102.093 procesos), de educación (56.938) y defensa (48.809) acaparan el 63% de los litigios judiciales. De hecho, al revisar las entidades más demandas se corrobora su relación con estos sectores: Colpensiones, el fondo de prestaciones sociales del magisterio, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Ministerio de Defensa.

“Los temas de maestros o el reconocimiento de pensiones son los que concentran más demandas, por eso trabajamos muy de la mano de las entidades responsables para que haya una defensa adecuada. Lógicamente el conflicto armado también nos dejó unos rezagos inmensos que han desembocado en demandas contra el Estado”, explicó la directora de la Agencia.

A nivel internacional el panorama tampoco es alentador. Si bien los montos de las pretensiones son menores, los pleitos tienen una marcada relevancia frente a la reputación de Colombia ante el mundo y qué tan garantista es el Estado a la hora de dar garantías para negocios. Justamente, el top de los pleitos está relacionado con asuntos mineros.

La pretensión más cuantiosa es por $3,44 y detrás de ella está la empresa Eco Oro Minerals, que alega que Colombia afectó sus intereses al prohibir la explotación de oro en el Páramo de Santurbán.

La paz total en la Agencia

El 30 de noviembre pasado, en el auditorio del Museo Casa de la Memoria de Medellín, el presidente pidió perdón en nombre del Estado por las masacres de El Aro (25 de octubre de 1997) y La Granja (11 de junio de 1996), en Ituango.

Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado a la Nación en 2006, solo después de 16 años se cumplió uno de los mandatos y en cabeza, nada menos, que de un jefe de Estado. Hechos de este calibre, según Martha Lucía Zamora, demuestran el cambio que quiere implementar el nuevo gobierno y orientarse a víctimas en el marco de la paz total.

“Queremos lograr soluciones amistosas con las víctimas para evitar que escalen a otras instancias. Pero no solamente con ese interés, sino de satisfacer a las víctimas, dignificarlas y reconocer el dolor que las ha acompañado durante tantos años de conflicto. Nuestro sello será eso, reconocer los daños ocasionados por el Estado y lograr saldas las deudas con las víctimas. Solo así vamos a tener paz”.

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La directora también le salió al paso a los eventuales pleitos que pueda desencadenar la paz total de Petro y defendió que con la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc en 2016 el Estado se ahorró $6 billones en demandas y litigios.

“La paz es una ganancia para el Estado y de allí la importancia de lograr la firma de una paz total con los grupos en armas”, precisó.

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Publicado por El Colombiano

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