Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, Julián Libardo Jaramillo, exdirector de proyectos de infraestructura en la administración de Richard Aguilar cuando este último fungió como gobernador de Santander, entre 2015 y 2019, fue beneficiado con prisión domiciliaria para terminar de cumplir la pena que el juez le impuso tras ser declarado culpable de apropiarse de al menos $650 millones de recursos públicos, producto de sobornos.
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Así las cosas, Jaramillo Díaz cumplirá el resto de la condena en su lujosa casa ubicada en el exclusivo sector de Ruitoque Condominio, al sur del área metropolitana.
“El conjunto donde reside el señor Jaramillo es de los más exclusivos de Ruitoque, las casas tienen un valor promedio de $3 mil millones”, señaló una fuente cercana al exasesor de despacho Richard Aguilar.
Sin fines constitucionales
Una vez un juez de garantías aprobó el preacuerdo alcanzado por Julián Jaramillo con la Fiscalía General, por los hechos de corrupción que tuvieron lugar en la celebración y ejecución del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, en Bucaramanga, cuyo presupuesto superó los $22 mil millones, a cambio de la reducción de la condena por colaboración con la justicia, la defensa del exasesor de Aguilar comenzó el trámite ante un juez de conocimiento para cambiar la medida privativa de la libertad que mantenía a Jaramillo Díaz preso en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Según conoció Vanguardia, la defensa de Julián Jaramillo solicitó el cambio de la medida privativa de la libertad del exasesor de despacho departamental argumentando que una vez se llegó al preacuerdo desaparecieron los fines constitucionales por los cuales la Fiscalía había solicitado la medida privativa de la libertad de Julián Jaramillo.
“La semana pasada el juez de conocimiento le concedió la prisión domiciliaria al doctor Jaramillo que tiene su domicilio en Ruitoque Condominio. Según la defensa, ya desaparecieron los fines constitucionales por los cuales la Fiscalía había solicitado la medida privativa de la libertad de Julián Jaramillo, tal y como lo señala el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Al desaparecer los fines constitucionales, cambiaron las circunstancias que rodearon la necesidad, la proporcionalidad y la suficiencia para tener esa medida impuesta”, Confirmó a esta redacción una fuente cercana al proceso penal.
Hay que recordar que Jaramillo Díaz fue capturado el pasado mes de febrero, cuando un juez de control de garantías lo envió a la Cárcel Modelo como medida preventiva mientras avanzaba el proceso penal en su contra. Con el beneficio de prisión domiciliaria, Jaramillo Díaz solo tuvo que pagar cuatro meses de detención en centro penitenciario.
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Piden libertad total
Pero la defensa de Julián Jaramillo no solo solicitó el cambio de la medida restrictiva de la libertad del exasesor de Richard Aguilar sino que además pidió al juez del caso otorgar la libertad de su apoderado al considerar que ya no existe méritos constitucionales para mantener a Jaramillo Díaz detenido.
La solicitud de libertad está siendo evaluada por el juez penal de conocimiento del caso.
“Ya desaparecieron los fines constitucionales y por ende el juez levantó la medida mientras se define por cuenta del Juez Tercero Penal de Conocimiento la solicitud de libertad de Jaramillo”, agregó la fuente.
El preacuerdo
A comienzos de este mes, un juez de garantías aprobó el preacuerdo entre Julián Jaramillo y la Fiscalía, en el que el acusado aceptaba haber participado en las irregularidades contractuales en el proyecto de reforzamiento del estadio Alfonso López.
En dicho acuerdo, Jaramillo Díaz se comprometió a devolver $682 millones y se allanó a los delitos que le endilgó la Fiscalía: se aceptaba su responsabilidad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación y soborno en la actuación penal. Por lo que solo pagará 50 meses (4 años y 2 meses) de prisión en centro carcelario.
Previamente la defensa de Jaramillo le había solicitado al juez del caso la autorización para que el acusado pudiera vender tres bienes inmuebles y un automóvil para poder pagar la multa.
Jaramillo fue la mano derecha de Richard Aguilar en el manejo de la contratación, tanto así que actuó como asesor y director de proyectos de infraestructura de la Gobernación de Santander, durante su mandato.
Según la investigación de la Fiscalía, Julián Jaramillo junto con el contratista Octavio Reyes, quien también se encuentra privado de la libertad por estos hechos, habría participado en reuniones en las que se ajustaron los términos de la licitación del millonario contrato de reforzamiento del estadio.
En el entramado de corrupción, Reyes Sarmiento habría recibido información privilegiada para mejorar su oferta y propuesta comercial para quedarse con el contrato de obra, como efectivamente ocurrió, y en contraprestación se acordó el pago de coimas que ascendieron al 16% del valor total del contrato. El 3% de estos dineros, presuntamente, fueron a parar a manos del asesor y director de proyectos, Julián Libardo Jaramillo.
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“Adicionalmente, se constató que, durante la etapa de ejecución se entregó un anticipo del 50% del valor del contrato. Seis meses después del inicio del proyecto fue autorizada una adición presupuestal sin que las obras avanzaran según lo previsto en el cronograma. Para este trámite, supuestamente, se utilizaron 18 documentos falsos (facturas y cuentas de cobro). De igual manera, para justificar los desembolsos se incluyeron precios unitarios con exagerados sobrecostos y cobros por actividades que no se realizaron”, informó la Fiscalía.
Para el ente acusador estas acciones ilegales generaron un peculado por $7.982 millones.
Por estos hechos Julián Libardo Jaramillo está siendo procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación, soborno en la actuación penal, falsedad ideológica en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideológica en documento público.
Esta redacción intentó comunicarse con la defensa de Julián Jaramillo pero no hubo respuesta a las llamadas.
Actualmente el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, afronta ante la Corte Suprema un juicio penal por los supuestos actos de corrupción cuando fungió como máxima autoridad del departamento.
Aguilar Villa es investigado por supuestamente crear y liderar una sofisticada red de corrupción mediante la cual se habrían direccionado contratos y recursos públicos por más de $600 mil millones.
Por estos hechos Aguilar Villa está sindicado por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de haber incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor propio y de terceros; y concierto para delinquir agravado.
Según las investigaciones judiciales, Aguilar Villa tendría a Julián Jaramillo como su hombre de confianza para dirigir la sofisticada red de corrupción dedicada al direccionamiento de millonarios contratos de infraestructura, que se adjudicaron durante su administración.
Julián Jaramillo, mano derecha de Richard Aguilar, terminará de pagar su condena en su lujosa casa ubicada en Ruitoque Condominio.