jueves, 01 diciembre 2022
domingo 11 de septiembre de 2022 - 12:00 AM

La 'concesión de irregularidades' en la doble calzada Bucaramanga - Rionegro

22 años después del inicio del megaproyecto de infraestructura vial para intervenir 66 kilómetros entre Lebrija, Bucaramanga y Rionegro, las fallas en la planeación, las irregularidades en su ejecución y la falta de recursos tienen a la concesión con un oscuro panorama en su futuro, a pesar del cambio de concesionario.

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Hace 22 años surgió el sueño de los santandereanos de mejorar la conexión vial entre el norte de Bucaramanga, el aeropuerto de la ciudad y el municipio de Rionegro, un ambicioso proyecto de infraestructura que incluía 66 kilómetros, gran parte de ellos en doble calzada. Dos décadas después, esta iniciativa se convirtió en una utopía, mientras la molestia de la comunidad por el mal estado de esos tramos continúa en aumento.

Además: Siguen críticas al Idesan por millonaria licitación de la doble calzada al Norte de Bucaramanga

Las fallas en el manejo de los recursos, los errores en la planeación y la falta de voluntad política por más de cuatro administraciones (locales y departamentales) fueron algunos de los obstáculos que han impedido que esta obra de gran impacto para la movilidad se convierta en una realidad.

Concesión irregular

El sueño de tener una doble calzada en el norte de la ciudad nació a comienzos del siglo, cuando los gremios de la región se percataron de la necesidad de esta vía prioritaria y llevaron a cabo las gestiones. Entonces se dio inicio al recaudo de los peajes de Lebrija y Rionegro, cuyos recursos fueron administrados por la Nación, a través de una fiducia conformada por el Invias.

Dos años después, el 29 de diciembre del 2006, el Instituto Nacional de Concesiones, Inco (hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI), firmó el contrato de concesión 002 de 2006, mediante el cual le entregó a Autopistas de Santander SAS la operación de ambos peajes, a cambio de llevar a cabo las obras viabilizadas en la Zona Metropolitana de Bucaramanga, más conocida como Concesión ZMB, por un valor estimado de $80 mil millones.

En dicho contrato, Autopistas de Santander (sociedad anónima conformada por Grodco, Técnica Vial, Procesadora de Asfaltos, Olga Lucía Rodríguez Guzmán y la organización Rodríguez y Compañía) se comprometía a realizar los estudios y diseños finales, la gestión predial, la financiación de la construcción, así como la rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de las vías de la ZMB.

Aunque el contrato de concesión contemplaba que Autopistas de Santander operara por los próximos 20 años (una vez firmado el acta de inicio) los peajes de Lebrija y Rionegro, también estipulaba que los nueve tramos priorizados en la Concesión ZMB tenían que estar construidas en máximo 48 meses (cuatro años), es decir, a más tardar en 2011 debían ser entregados. Esto debido a que el acta de inicio se firmó en abril del 2017.

Entre las obras que debían entrar en funcionamiento estaban: T Aeropuerto - Lebrija (incluyendo ciclorruta), Palenque - Café Madrid, la doble calzada La Virgen - La Cemento y la doble calzada entre El Cero y Rionegro, entre otras. Hoy, 22 años después de la firma del contrato de concesión, varios de esos proyectos de infraestructura vial terminaron convirtiéndose en ‘elefantes blancos’.

Millonaria indemnización

En 2012, tan solo cinco años después de firmada el acta de inicio de la concesión, y tras unos pocos avances en las obras, el concesionario Autopistas de Santander demandó a la ANI (anterior Inco) ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, por los continuos incumplimientos y las fallas en la planeación del proyecto por parte de la entidad contratante.

Según el concesionario, la falta de interventoría durante gran parte de la ejecución del contrato y las falencias en la información entregada por Inco suscitaron un incremento de 500% del valor estimado inicialmente por el Gobierno nacional para la construcción de las obras de la ZMB.

Es decir, aunque el presupuesto inicial era de $80 mil millones, las obras de la ZMB ya costaban para entonces por lo menos $320 mil millones más, situación que impedía el cierre financiero del proyecto vial.

La demanda interpuesta por el concesionario fue apelada por la ANI, que contrademandó a Autopistas de Santander por incumplir la ejecución del proyecto vial.

Luego de una extensa puja jurídica, que implicó varias demandas y contrademandas más, finalmente el 17 de noviembre de 2015 se dio la terminación anticipada con más de $108 mil como indemnización para el concesionario. Al mismo tiempo, ambas partes, Gobierno y contratista, se comprometieron a no interponer ninguna revisión, ajuste o reconocimientos económicos adicionales a favor de ninguna de las partes.

“Dentro del acuerdo que sale en el laudo arbitral, las partes se comprometen a que una vez autorizado ese pago compensatorio de $108 mil millones, ni el concesionario ni la entidad contratante tenían derecho a hacer reclamaciones, es decir, le entregamos 108 mil millones de pesos a un concesionario, a ojo cerrado, sin derecho a replicar esa compensación”, recordó el diputado de Santander, de la Alianza Verde, Giovanni Leal.

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Cambios de operadores

Ante el fracaso de la ZMB, que después de diez de años no logró sacar adelante nueve de los proyectos viales priorizados inicialmente con la concesión ZMB, las administraciones de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, y Didier Tavera, exgobernador de Santander, acudieron el entonces vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, para que el Gobierno nacional le entregara la operación de los peajes al departamento.

El objetivo de la propuesta era que desde el nivel local se gestionaran los recursos de los peajes para ejecutar las obras.

“Para poder liquidar ese contratista, tocó darle $125 mil millones y nos dejó $142 mil millones sin ejecutar. ¿Qué les proponemos? Que nos entreguen los peajes de Lebrija y Rionegro para terminar las obras que fueron iniciativa de Bucaramanga”, señaló en su momento Rodolfo Hernández como alcalde.

Fue de esa manera que en 2016 se firma el convenio interadministrativo de cooperación 1113, mediante el cual el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, comenzó a administrar el convenio de concesión de los peajes de Lebrija y Rionegro, con el objetivo de poder culminar las obras inconclusas en siete tramos de los 12 que tenía a su cargo, obras que se han calculado en $142 mil millones.

Con el Convenio 1113 del 2016, las autoridades contemplaban que con el Idesan tenían la capacidad de contratar obras hasta por $100 mil millones. La gestión predial y la compra de predios quedó en manos de la ANI.

Sin embargo, el cambio de operador del convenio (ahora en manos del Idesan) tampoco fue la solución para destrabar las obras de la ZMB y, por el contrario, seis años después, esta alianza también fracasó.

“Hoy, 22 años después, lo único que se cumplió fue el recaudo, porque ese sí ha superado de lejos los $80 mil millones. Si bien ha existido un cambio significativo en el tramo Aeropuerto - La Salle, una cara completamente diferente (hay) en El Cero - Café Madrid - Palenque”, advirtió el presidente de la Asamblea, diputado Mauricio Mejía.

Mejía lamentó el mal estado de la malla vial, especialmente en el Norte y el municipio de Rionegro, donde se ha cobrado el peaje por más de 20 años y hoy “tienen una trocha de vía”.

Señaló, no obstante, que la culpa principal la tuvo Rodolfo Hernández, “que no quiso arrancar obras tan importantes como la terminación de la doble calzada de La Virgen - La Cemento, un proyecto prioritario y que hoy está convertido en un basurero”.

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Y es que, según denuncias a la Unidad Investigativa de Vanguardia, los recursos del convenio 1113 se convirtieron en la caja menor del Idesan, entidad adscrita a la Gobernación de Santander, donde incluso se habrían suscrito contratos de prestación de servicios para impulsar campañas políticas.

Tan solo desde enero del 2020, fecha en la que llegó el gobernador Mauricio Aguilar a la gobernación, el Idesan ha suscrito más de 85 contratos bajo el convenio 1113, por valor superior a los $4 mil millones. Según varias fuentes al interior de la administración departamental, la mayoría de dichos contratos de prestación de servicios eran cuotas políticas que tenían como fin promover las candidaturas de los aspirantes al Congreso del clan Aguilar: el hoy senador José Alfredo Marín y el representante Luis Eduardo Díaz, tal y como sucedió con Laura Valentina Tijaro Bustos, jefe de prensa del Idesan, quien, como fue evidenciado públicamente, promovía la campaña de los dos congresistas en sus redes sociales.

Con la llegada de Findeter, el Gobierno nacional amplió por 14 años más la concesión de los peajes de Lebrija y Rionegro.

Pero las irregularidades en el Idesan no solo pasaban por su nueva cara como fortín político del clan Aguilar. El Instituto para el Desarrollo de Santander también fue altamente criticado por algunas veedurías por las presuntas irregularidades en la licitación para contratar la reconstrucción de la intersección de Palenque hasta el Café Madrid, la reconstrucción del Puente Las Navas y la vía que comunica hasta el CAI de la Virgen, obra por $104 mil millones.

“En el formato N° 6 y en los pliegos de condiciones no se habla que la certificación debe acreditar un paz y salvo... de alguna manera el oferente debe acreditar estar al día con los pagos de seguridad social”, denunció en su momento el Comité de Transparencia por Santander.

Debido a que en los formularios no se solicitaban esos documentos, el comité sugería entonces que la “situación incongruente sea evaluada y revisada nuevamente por el Idesan y desista de solicitar requisitos que no se encuentran plenamente descritos en los pliegos de condiciones”.

Las denuncias de las inconsistencias en la millonaria licitación conllevaron a que finalmente el Idesan, por orden del comité directivo, suspendiera el proceso licitatorio y todo el convenio 1113.

Posteriormente, la pandemia del COVID-19 y las protestas sociales del año pasado, en las que varios ciudadanos en Rionegro tumbaron la caseta de peaje de ese municipio en el marco de las protestas sociales, ahondaron aún más la crisis del Convenio 1113, que se quedó sin la mitad de sus ingresos.

“El promedio de recaudo por año era cercano a los $20 mil millones. Pero el abril del 2021, en el marco de la protesta social el peaje de Rionegro dejó de funcionar, reduciendo a la mitad los ingresos. El convenio tenía que apalancar obras por más de $700 mil millones y tenía que pasar varios años de recaudo, (sin ningún gasto), para conseguir esos recursos. Por eso tuvimos que recurrir al crédito con Davivienda, pero una vez pasó lo del peaje el banco echó para atrás dicho préstamo y nos quedamos sin recursos”, expuso el Idesan ante la Asamblea, en debate de control político.

Debido a este nuevo fracaso, la administración municipal, en cabeza de Juan Carlos Cárdenas, y el gobernador Mauricio Aguilar buscaron nuevamente ayuda del Gobierno nacional, que con el entonces presidente Iván Duque Márquez determinó apropiar nuevos recursos para la ZMB, pero siempre y cuando la operación del convenio regresara a manos de la Nación.

El semestre pasado se firmó el acto administrativo mediante el cual la operación del Convenio 1113 pasaba a manos de Findeter y volvía a cambiar su nombre, esta vez a Vías de las Cigarras.

Entre 2017 y 2022, el recaudo de los peajes de Rionegro y Lebrija alcanzó los $136.132 millones. Una vez realizados los descuentos de ley, el Idesan le giró a Findeter $44.881 millones restantes.

Lea además: Siguen en vilo los proyectos viales prometidos en Bucaramanga con recursos de peajes

$!La 'concesión de irregularidades' en la doble calzada Bucaramanga - Rionegro
$!La 'concesión de irregularidades' en la doble calzada Bucaramanga - Rionegro
Sin peaje no hay vías

A pesar de tener bajo su control desde hace cinco meses la concesión de las Vías de las Cigarras, Findeter aún no ha podido sacar adelante la priorización de las obras que ejecutará en el marco de este convenio, debido a la falta de operación del cobro del peaje de Rionegro, que desde hace más de un año dejó de funcionar, tras ser vandalizado en las pasadas protestas del Paro Nacional del 2021.

“Junto con Findeter hemos venido sosteniendo una serie de reuniones para viabilizar los proyectos que se van a priorizar con la Vías de las Cigarras, que demandarán una millonaria inversión, pero la conclusión siempre es la misma. Lastimosamente, si no hay peaje, no hay cierre financiero de las obras. No hay otra salida”, explicó Félix Jaimes, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI.

Ante la insatisfacción de los ciudadanos de Lebrija y Rionegro por el cobro del peaje sin contar con vías en adecuadas condiciones, ahora los alcaldes de esos dos municipios tienen asiento en el comité directivo de las Vías de las Cigarras, donde tendrán voz, pero sin voto.

“La realidad hoy es que no saben por dónde arrancar. Iban a revisar estudios y diseños. Pero en Puente Tierra - El Cero nunca hubo estudios y diseños. Es culpa del gobierno anterior que lo único que quiso fue acelerar La Virgen - La cemento y Palenque - Café Madrid”, agregó el diputado Mejía.

Así mismo, los miembros del comité directivo desestimaron las versiones del gobierno Cárdenas, que daba como un hecho que, con la llegada de Findeter al convenio de las Vías de las Cigarras, se invertirían $1.2 billones no solo para terminar las obras de la Zona Metropolitana de Bucaramanga, sino que además apalancarían nuevos megaproyectos de infraestructura, como los retornos del Viaducto Galvis, el cruce Siete Bocas (así se conoce la interconexión vial entre la calle 45 con González Valencia y La Rosita, entre otras).

“La priorización de las obras no ha sido aprobada por el Comité Directivo, hasta tanto no se cuente con el modelo financiero que establezca la disponibilidad de recursos para inversión, en consecuencia, esta información no ha sido socializada con los alcaldes de los municipios de Lebrija y Rionegro, quienes participarán del comité que se convoque para tales efectos”, informó Findeter.

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