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Política
Viernes 10 de marzo de 2023 - 12:00 PM

La investigación por enriquecimiento ilícito contra el exalcalde Lucho Bohórquez, engavetada en la Fiscalía

Desde 2018 reposa entre cientos de expedientes judiciales una investigación penal en contra del exalcalde de Bucaramanga por el delito de enriquecimiento ilícito. El fiscal especializado que manejaba el caso fue capturado y condenado por extorsionar a sus procesados.

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Archivo / VANGUARDIA
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El 24 de abril del 2018, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, por las presuntas irregularidades en la firma de 18 contratos entre la Alcaldía de Bucaramanga y empresas allegadas a la Iglesia Manantial de Amor, por un valor cercano a los $14.300 millones.

Con dicha radicación, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía dio comienzo al juicio en contra del mandatario local (2012 - 2015), por los delitos de contrato sin cumplimientos de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento privado y falsedad material en documento público.

El 3 de abril del 2018, unos días antes de radicar el escrito de acusación, el fiscal del caso también compulsó copias a la Contraloría, Procuraduría y a la Dirección Especializada Contra el Lavado de activos de la Fiscalía, radicado: 680016008828201800396, con todo el recaudo probatorio y solicitando que paralelamente investigara al exalcalde Bohórquez por el delito de enriquecimiento ilícito, porque habría incrementado exageradamente su patrimonio, según la investigación, producto del cobro de coimas a contratistas, en las irregularidades del caso ‘Manantial de Amor’ y otros procesos contractuales.

En el acervo probatorio la Fiscalía anexó todas las pruebas documentales de las finanzas del entonces alcalde Bohórquez, partiendo desde el año 2010 (dos años antes de haber sido elegido), hasta el 2017, fecha en la que dejó el cargo.

Para tal fin, la investigación se basó en una minuciosa inspección por parte de agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, y expertos en finanzas y control fiscal, que analizaron las declaraciones de renta de Bohórquez Pedraza ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, desde el año 2010, haciendo un cruce con sus ingresos bancarios y los salarios percibidos como alcalde de Bucaramanga.

Según el reporte de los peritos, en el 2009 Bohórquez Pedraza declaró ante la Dian que tenía un patrimonio de $45 millones y deudas por $80 millones.

Para las vigencias 2010 y 2011, el exmandatario local no reportó ingresos. A pesar de ello, Bohórquez Pedraza registró que en 2011 (justo el año de las elecciones locales), tenía un patrimonio de $300 millones y una deuda de $640 millones.

“Es curioso que a pesar de no reportar ingresos ante la Dian ni en el 2010 ni en el 2011, para este último año sí haya triplicado su patrimonio. Además, la deuda alcanzaba los $640 millones, lo que correspondería a las obligaciones adquiridas por su campaña a la alcaldía”, explicó a Vanguardia uno de los investigadores de la Fiscalía.

En Cuentas Claras, aplicativo del Consejo Nacional Electoral, CNE, en el que todas las organizaciones políticas y candidatos reportan los ingresos y gastos en los diferentes procesos electorales, la campaña de Luis Francisco Bohórquez en 2011 informó que tuvo ingresos por $669 millones, $140 millones provenientes de recursos propios del candidato, $338 millones de donaciones, $160 millones de recursos generados por el movimiento y $30 millones más por recursos propios del Partido Liberal. La campaña de Bohórquez no acudió a créditos con entidades bancarias y reportó que tuvo gastos por $669 millones, exactamente los mismos recursos que recibió la candidatura.

Algo que llamó la atención durante las audiencias del juicio contra Bohórquez por el caso ‘Manantial de Amor’, fue que el exgerente de la campaña, Jorge Rueda Forero, testificó que él en múltiples ocasiones tuvo que prestarle dinero al exmandatario cuando estaban en campaña, porque “Lucho Bohórquez no tenía ni para el bus”.

La situación financiera de Bohórquez Pedraza cambió muy rápidamente y comenzó a solucionarse una vez llegó a la Alcaldía de Bucaramanga.

En su primer año de gobierno (2012), con ingresos por $227 millones ($162 millones por salario como alcalde; $8 millones extras de honorarios en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, y $57 millones por concepto de viáticos), Luis Francisco Bohórquez logró reducir en 70 % sus obligaciones financieras, pasando de una deuda declarada de $640 millones en 2011 a solo $190 millones en 2012, lo que llamó la atención de los investigadores del CTI, ya que según el reporte en la Dian, el entonces alcalde logró pagar $450 millones de sus obligaciones en solo un año.

“Ni disponiendo todos sus sueldos del año, sumando sus viáticos y honorarios, todo más o menos $227millones, hubiera logrado sustentar el pago de esos $450 millones en tan poco tiempo y más teniendo en cuenta que él (Lucho Bohórquez), venía reportando que no tuvo ingresos en las vigencias anteriores”, concluye un analista financiero consultado para este informe.

A medida que transcurrió la administración Bohórquez en la Alcaldía, también avanzó a toda velocidad la recuperación de sus finanzas.

Según lo consignado en la declaración de renta del exfuncionario, para la vigencia 2013 (segundo año de su gobierno), ya había pagado el resto de su deuda ($90 millones) y había terminado la vigencia fiscal con un patrimonio líquido de $11 millones.

Para el resto de su gobierno, el patrimonio de Bohórquez Pedraza pasó de 88 millones en 2014 a $237 millones en 2015 (último año de su mandato); y $251 millones en la vigencia 2016. En todos estos años Luis Francisco Bohórquez reportó deudas de $20 millones, producto del manejo de sus tarjetas de crédito.

La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso al expediente que aún reposa en los anaqueles tanto de la Contraloría como de la Procuraduría y la propia Fiscalía.

Según la línea de tiempo, una vez la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de la Fiscalía compulsó copias de la investigación por enriquecimiento ilícito en contra de Bohórquez Pedraza en 2018, el proceso, por reparto, quedó a cargo del Fiscal especializado Javier Alberto Rodríguez Rosales.

A pesar de ser un caso de alta prioridad, que mereció sendos pronunciamientos hasta del Fiscal General de la época, Néstor Humberto Martínez, durante más de tres años el proceso no tuvo ningún avance en el despacho del fiscal Rodríguez.

Pero al parecer el caso por enriquecimiento ilícitos contra Bohórquez no avanzaba porque el funcionario judicial tenía otras prioridades. Sorpresivamente, el 9 de abril de 2021 el fiscal Rodríguez fue capturado en flagrancia recibiendo $110 millones producto de una extorsión a una persona que estaba siendo investigada por su despacho. Según informó la propia Fiscalía, el exfuncionario judicial “habría acordado ayudar a una persona vinculada a un caso de lavado de activos, cuyos bienes serían sometidos a extinción del derecho de dominio, al parecer, exigiendo $350 millones para interceder y lograr la preclusión o archivo de la investigación”.

Con la captura de Rodríguez Rosales, quien posteriormente aceptó cargos por el delito de concusión, el caso paralelo contra Bohórquez Pedraza pasó a manos de la fiscal Sandra León, quien recientemente llegó a la Seccional Santander de la Fiscalía. No obstante, al cierre de esta edición, cerca de dos años después de haber recibido el proceso, la investigación contra Bohórquez por presunto enriquecimiento ilícito ha tenido muy pocos avances.

Esta redacción intentó comunicarse con la Fiscal Especializada pero no obtuvimos respuesta.

A esto se suma el anuncio del contralor municipal de Bucaramanga de la época, Jorge Gómez Villamizar, quien ofició una comunicación en la que afirmaba que nombraría una delegación especial para la revisión fiscal del caso contra Bohórquez por supuesto enriquecimiento ilícito, sin embargo, dicha actuación jamás sucedió.

Jorge Gómez fue elegido contralor municipal de Bucaramanga en junio del 2016, como cuota del exalcalde Luis Francisco Bohórquez.

La Procuraduría jamás se pronunció de manera oficial sobre la compulsa de copias que hizo la Fiscalía con las posibles evidencias del delito de enriquecimiento ilícito por parte de Bohórquez Pedraza.

Varias fuentes al interior de la Fiscalía le confirmaron a Vanguardia que desde que se dio traslado a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, abogados cercanos al exalcalde han mantenido un lobby constante en el despacho de los fiscales a cargo del proceso, “presionando” para que la investigación no prospere.

“Los abogados del doctor Bohórquez siempre han estado muy atentos a ese proceso. Han estado ahí presionando para que eso no avance. En especial el doctor Manuel Ramírez, quien también fue por muchos años fiscal en esta seccional”, contó una fuente de total credibilidad dentro del ente acusador.

Ramírez, quien es el apoderado de Luis Francisco Bohórquez en el caso ‘Manantial de Amor’, fungió por muchos años como Fiscal Especializado en la Seccional Santander. Posteriormente regresó a litigar y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Bohórquez Pedraza.

Según el Código de Procedimiento Penal, después de pasar determinado tiempo, hay delitos que ya no pueden ser juzgados y entonces se produce la llamada prescripción, extinguiendo la responsabilidad penal de una persona de haber cometido dichos crímenes, excepto en los casos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, que son imprescriptibles.

La ley señala que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena. Sin embargo, una vez se realice la imputación de cargos en contra del sindicado, las cuentas para la prescripción se reducen a la mitad.

“Lo único que interrumpe la prescripción es la formulación de imputación y eso fue hace muchos años. De acuerdo a la norma, el delito prescribe según la pena máxima de la acción penal, pero una vez se realiza la formulación de la imputación de cargos la cuenta para la prescripción se reinicia, pero ahora por la mitad de la pena máxima”, dicta la normativa penal colombiana.

Según el artículo 412 del Código Penal Colombiano, el delito de enriquecimiento ilícito en funcionario público contempla una pena entre los 9 y 15 años. Una vez cumplidos esos tiempos desde la ocurrencia del acto delictivo, la acción penal cesará.

Teniendo en cuenta que las presuntas inconsistencias en las finanzas del exalcalde habrían tenido lugar en el 2012, solo faltarían cuatro años para que este proceso, que ni siquiera ha llegado a imputación, prescriba.

La Unidad Investigativa de Vanguardia pudo confirmar que la Fiscalía tiene bajo la lupa a varios establecimientos de comercio como restaurantes, proyectos inmobiliarios, gimnasios, ganadería y hasta giros al extranjero, ubicados en Bucaramanga y otros municipios, por medio de los cuales se estaría realizando una operación de ‘lavado’ del dinero desviado de manera irregular durante la admnistración Bohórquez.

Según el ente acusador, aunque todas estas propiedades y sociedades están a nombre de familiares o amigos cercanos a Bohórquez Pedraza, estarían siendo controlados por el exalcalde, lo que aumenta las sospechas de los investigadores.

El abogado Manuel Ramírez, apoderado del exalcalde Luis Francisco Bohórquez, aseguró que no existe ninguna investigación en contra del exmandatario local que esté relacionada con el delito de enriquecimiento ilícito.

“No existe ni tan solo un proceso por este delito. Solamente el que se tramita en el Juzgado Noveno que se encuentra en etapa de juicio, en práctica de pruebas, pero no por ese delito.

En la indagación preliminar tampoco existe ninguno por este delito”, dijo Ramírez al ser consultado por Vanguardia.

Así mismo, el abogado penalista negó haber ejercido algún tipo de presión a los fiscales que investigan a su cliente.

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Publicado por Unidad Investigativa

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