Retrasos de hasta seis meses, desconocimiento de informes de interventoría y poca publicidad del proyecto, son algunas de las irregularidades del contrato de Telegestión por más de 14.000 millones en la Alcaldía de Bucaramanga.
El pasado viernes y tras seis meses de retraso, la Alcaldía de Bucaramanga anunció la terminación y liquidación de la truncada primera fase del contrato de Telegestión, que entre otras cosas modernizaría el alumbrado público de Bucaramanga, en el cual están en juego recursos por un valor superior a los $14.680 millones.
Aunque la primera fase de la Telegestión debía estar lista tres meses después de la firma del contrato, es decir, en diciembre del 2021, solo hasta el pasado viernes, 24 de junio del 2022, y luego de tres prórrogas continuas, la administración municipal anunció la finalización del controvertido contrato.
“Termina hoy, (viernes 24 de junio), como estaba estipulado, y la entidad entra en el proceso de verificación y recibo como lo define el contrato”, aseguró a Vanguardia Edson Gómez, asesor del despacho del alcalde Cárdenas.
La determinación del gobierno municipal de no prorrogar y comenzar la liquidación del controvertido proyecto de Telegestión prendió las alarmas de veedores ciudadanos y varios concejales, quienes calificaron como arbitraria la decisión de la Alcaldía, toda vez que desconoce totalmente el informe final de la interventoría de la obra que rajó el trabajo realizado por la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente, consorcio encargado de la ejecución de la primera fase de la Telegestión.
“El alcalde Juan Carlos Cárdenas y el secretario de Infraestructura, Iván Vargas, piensan desconocer el informe final de interventoría al proyecto de Alumbrado Público Inteligente. Piensan hacer caso omiso a la recomendación de aplicar el sancionatorio y aún así pagar, piensan en la fase II, de este paquete chileno llamado Telegestión”, asegura Antonio Sanabria, concejal de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Y es que según el informe final de HCR Ingenieros SAS, firma encargada de la interventoría, son múltiples las deficiencias en la ejecución del contrato, tanto así que exhorta a la administración municipal a aplicar el proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista por presunto incumplimiento.
“Durante el presente periodo de reinicio la interventoría asistió al Cico (Centro Integrado de Control y Operación), pero no encontró al personal de alumbrado público de Bucaramanga que permitiera el acceso al software Quantela. La plataforma no cuenta con la capacidad de resiliencia y no garantiza la persistencia de los datos en caso de fallas temporales de las comunicaciones. En las condiciones actuales los fotocontroles no cumplen con los lineamientos de la Creg 038 de 2014 indicados en la Ficha Técnica de Negociación, FTN; se solicitó directrices al respecto teniendo en cuenta las respuestas dadas a los futuros proponentes durante el período de observaciones del proceso en bolsa, sin que se obtuviera respuesta de modificación a la FTN”, dicta el informe final de la interventoría, que además agrega que “El comitente vendedor desconoció totalmente a la interventoría”.
Contrario a lo concluido por la firma interventora, la administración Cárdenas en vez de comenzar con las acciones sancionatorias, decidió prorrogar por seis meses consecutivos la ejecución de la primera fase de la Telegestión y ahora convocó a una selección abreviada para contratar a un profesional externo que verifique y certifique el cumplimiento de la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente, y así dar viabilidad al pago de los $14.680 millones de la controvertida primera fase del proyecto.
“Ahora a la administración municipal se le dio por contratar a un tercero para que evalúe y certifique lo hecho por la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente, desconociendo totalmente el informe de la interventoría que deja claro que el contratista no cumplió. La interventoría tuvo un costo de $580 millones y ahora la Alcaldía quiere gastar $25 millones más con el nuevo contratista”, agregó el concejal Sanabria.
El cabildante advirtió que “la administración local ya contrató a la persona que le ayudaría a legalizar” la fallida primera fase del contrato de Telegestión.
“Tenemos el certificado de disponibilidad presupuestal mediante el cual la Alcaldía busca que Williman Morales les certifique lo que no funciona, ni funcionará: la telemedida. Tercos”, cuestionó Sanabria.
Según el Sigep, William Morales tiene un contrato de prestación de servicios vigente y en ejecución con la oficina de Alumbrado Público de Bucaramanga, precisamente con el objeto de prestar el servicio de soporte y mantenimiento del sistema de gestión de la red de alumbrado y el hardware de control con telemedida. Situación que para algunos veedores, pone en tela de juicio la idoneidad del contratista para validar el proyecto de Telegestión.
Algunas veedurías han denunciado que William Morales habría recibido por lo menos $506 millones en contratos que tienen que ver con alumbrado público en la actual administración.
“¿Adivinen quién se ganó el contrato de mínima cuantía para muestreo? Secretario Iván Vargas, responda qué pretenden con ese muestreo que está fuera de la Ficha Técnica de Negociación. Piensan basarse en ese informe para saber si reciben a satisfacción. Nuevamente le advierto que no está en FTN esa jugadita. El alcalde Cárdenas quiere salvar su negocio a toda costa, pero no cumple, no funciona, no sirve”, criticó Mauricio Díaz Millán, veedor ciudadano.
El expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, Rodrigo Fernández, criticó la forma como la administración municipal ignoró a la interventoría en este proceso contractual.
“Fue la administración la que decidió que este contrato tuviera interventoría y lo debió justificar en los estudios previos. Resulta muy extraño que ahora consideren que la interventoría no es necesaria. No hay que perder de vista que la interventoría tuvo reparos sobre el desempeño del contratista y advirtió el incumplimiento. Si el contratista estaba atrasado y durante las prórrogas adelantó trabajos, entonces ¿los adelantó sin interventoría?. La interventoría no es una actividad desechable que se contrate y sin que culmine el contrato se deseche”, cuestionó el experto.
Desde el inicio del proyecto se han escuchado fuertes críticas por parte de veedores y concejales por la modalidad por la cual se contrató la ejecución del plan de Telegestión, ya que según ellos, el municipio debió utilizar el modelo de licitación pública a través del Secop y no hacerlo con la Bolsa Mercantil, la cual, para muchos, no brinda las garantías de transparencia y publicidad que sí se encuentran en el Secop.
“La administración optó en el año 2021 por adelantar un proceso atípico, pues nunca se había hecho en nuestra ciudad, siempre los procesos fueron públicos a través del Secop I y ahora Secop II, donde existía pluralidad de oferentes, firmas regionales y nacionales expertas en el tema de alumbrado público, sin embargo, decidió adelantarlo por Bolsa Mercantil, que en primera instancia llama la atención que no es de fácil acceso a la comunidad en general ya que maneja la reserva bursátil, lo que impide el acceso a la información sobre el proceso precontractual y contractual”, señaló la concejal Luisa Ballesteros, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
En septiembre del 2021 la Alcaldía de Bucaramanga firmó con la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente el contrato de Telegestión por valor de $14.680 millones, para ser ejecutado en tres meses.
La Unión Temporal Bucaramanga Inteligente está conformada por: Segurytecnia de Colombia, representada legalmente por Javier Alfonso Rodríguez y Gladys Rodríguez, con 45% de participación; Ciberc SA, representada por Jesús Eduardo Oyola, Sergio Fuentes y Yazmín Acuña, con el 35% de participación; y Seltic SAS, representada por Juan Pablo Yepes y Luz Quintero, con el 20% de la participación accionaria,
Paralelamente, la administración de Juan Carlos Cárdenas contrató la interventoría del proyecto de telegestión, veeduría que le fue adjudicada a la firma HCR Ingenieros SAS, representada legalmente por Carlos Augusto Reyes, y que tuvo un costo superior a los $520 millones.
A pesar de las evidentes fallas que tuvo el proyecto en su primera fase, los veedores ciudadanos advirtieron que la administración municipal estaría contemplando la posibilidad de entregarle las dos siguientes fases de este proyecto al mismo contratista.
En las tres fases del plan de Telegestión la administración municipal proyecta invertir cerca de $50 mil millones.
“Acá estamos ante un escándalo similar al de Centros Poblados en el que el gobierno nacional entregó $70 millones de anticipo para unas adecuaciones que jamás se dieron y el dinero nunca se recuperó. Acá la Alcaldía pretende pagar los $14.800 millones aunque el sistema de Telegestión ha sido un total fracaso en su primera fase y además pretenden entregarle las otras dos fases al mismo contratista, que lo único que ha hecho es incumplir y pedir prórroga tras prórroga”, advirtió Marina Arévalo, concejal de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Aunque reconocen algunos inconvenientes en la ejecución de la primera fase del contrato, los responsables del proyecto en la administración municipal desestimaron que estén en riesgo los recursos públicos.
“De este contrato de telegestión de $14.000 millones no se ha pagado ni se va a pagar un solo peso hasta que no nos entreguen completos lo requerimientos exigidos y funcionando, por parte del contratista. Este proyecto no es de cambiar luminarias es de potenciarlas, estamos dando continuidad a lo que inició la administración anterior con el proceso de modernización a luminarias LED, las cuales nos permiten implementar un sistema de identificación de fallas de estas luminarias y atenderlas rápidamente”, señaló a Vanguardia Edson Gómez, asesor del despacho del Alcalde.
Del mismo modo, desde la administración municipal defendieron la utilización de la Bolsa Mercantil como la modalidad más idónea para contratar la implementación y puesta en marcha de la Telegestión del alumbrado público en Bucaramanga.
“Está más que comprobado que este no es un contrato de obra pública sino un contrato de bienes y servicios de características técnicas uniformes, porque acá lo único que se hace es levantar una tapa de la luminaria y colocar un fotosensor sistematizado y coordinarlo con un software, no más. La ley recomienda que para ese tipo de contratos se use la Bolsa Mercantil, que es mucho más transparente y permite la pluralidad de oferentes y así se hizo. Se presentaron nueve empresas en cuatro oferentes distintos que conformaron uniones temporales y consorcios. La misma Bolsa califica las propuestas y solo al final, cuando hay un ungido la Alcaldía lo contrata, no hay posibilidad de direccionar el contrato”, explicaron desde la Oficina TIC y la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía.
La Bolsa Mercantil señala que los bienes y servicios de características técnicas uniformes, son “todos aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos”.
El gobierno municipal aseguró que las demoras en esta primera fase tuvieron que ver con problemas de importación de los fotocontroladores, debido a la crisis de contenedores a nive global por cuenta de la pandemia.
Al cierre de esta edición la Alcaldía no se había pronunciado con respecto al futuro de las siguientes dos fases de la telegestión, ni de las razones por las cuales ignoró el informe final de la interventoría.
Aunque los responsables en la alcaldía insisten en la defensa del controvertido contrato de Telegestión, la Unidad Investigativa de Vanguardia pudo conocer que esta semana hubo un revolcón en el gabinete municipal por cuenta de los problemas este proyecto.
El primer movimiento se dio con la renuncia de Nicolás Cobos, jefe de la oficina de Alumbrado Público, quién junto al secretario de Infraestructura, Iván Vargas, fueron los encargados de la ejecución del contrato de Telegestión en su primera fase.
Así mismo, el asesor para temas de innovación tecnológica, especialmente en lo que tiene que ver con el programa de Telegestión, Edson Gómez, también renunció a su cargo, pero el Alcalde no aceptó su renuncia. Según fuentes cercanas a Gómez, el asesor volverá a presentar su dimisión irrevocable en los próximos días debido a los inconvenientes y críticas en todo este proyecto. Aunque esta redacción intentó una explicación, el funcionario no se quiso pronunciar al respecto.
Por último, se confirmó que secretaria de Hacienda municipal, Saharay Rojas, hoy por hoy funcionaria con “superpoderes”, que maneja por designación del propio alcalde Cárdenas prácticamente todos los procesos en la administración municipal, llegó a tomar las riendas en este lío.
Rojas ha sido cuestionada por, supuestamente, contar con una nómina paralela en su cartera, así como haber entregado directamente un contrato por más de $2.300 millones, que según entendidos, debió ser un proceso público.
También ha recibido fuertes críticas por tener en su contra y estar enfrentando una imputación de la Fiscalía por presuntas irregularidades contractuales cuándo fue secretaria de Hacienda y Tránsito en la Alcaldía de Neiva, entre 2016 y 2019. Ese proceso sigue abierto.
Ahora los focos de la opinión pública están sobre la determinación que tome la administración municipal de pagar el contrato o por el contrario sancionar al contratista de la truncada primera fase de Telegestión.
