jueves, 26 enero 2023
domingo 04 de diciembre de 2022 - 12:00 AM

Mauricio Mejía, el último eslabón en el caso de corrupción del estadio Alfonso López

Con la inesperada salida del fiscal delegado ante la Corte Suprema, Carlos Iván Mejía, el actual diputado Mauricio Mejía, eslabón clave en la investigación por el caso del estadio Alfonso López en el gobierno de Richard Aguilar, habría quedado sin su ‘padrino’ (su propio hermano) en el ente acusador.

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El pasado 25 de noviembre el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, notificó la salida del jurista santandereano Carlos Iván Mejía Abello, de su cargo como Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dignidad que asumió hace ocho años, en la administración de Eduardo Montealegre.

Además: Unidad Investigativa: El entramado de corrupción en la administración Aguilar

Mejía Abello fue el único de los 12 fiscales delegados ante la Corte a quien el Fiscal General le aceptó la renuncia protocolaria, de cara a su último año al frente del ente acusador.

“En desarrollo de la libertad de la entidad para decidir con qué servidores públicos de libre nombramiento y remoción cumplirá de mejor forma la misión constitucional asignada, la Dirección Ejecutiva, en el marco de las funciones que tiene delegadas, aceptó la renuncia al cargo de Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentada por el doctor Carlos Iván Mejía Abello”, notificó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.

Aunque la salida del fiscal Carlos Iván Mejía suscitó gran revuelo nacional toda vez que fue quien llevó a juicio al hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, por presuntamente ser el financiador y fundador del grupo paramilitar los ‘12 apóstoles’, el retiro de Mejía Abello también podría tener repercusiones en los procesos penales por actos de corrupción en Santander, especialmente en los que está vinculado su hermano, el hoy diputado de Santander, Mauricio Mejía Abello (Cambio Radical), quien es investigado por las irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, en el que, según la Fiscalía, se habrían desviado cerca de $23 mil millones, durante la gobernación de Richard Aguilar Villa.

Fuentes enteradas del caso consultadas por la Unidad Investigativa de Vanguardia concidieron en que con la salida del fiscal Mejía se disminuiría sustancialmente la incidencia que tenía su hermano, el diputado, al interior de la Fiscalía, por lo que es posible que el proceso en su contra, que ha tenido pocos avances, comience a moverse.

Según se pudo conocer en desarrollo del proceso por el escándalo del Estadio Alfonso López, la Corte Suprema tiene el testimonio del contratista, quien aseguró que tuvo que “llevar un maletín al parqueadero de la Gobernación para pagarle la coima al recién posesionado secretario de Infraestructura, Mauricio Mejía”.

¿Coimas por adiciones?

Si bien Mauricio Mejía Abello no hizo parte del gobierno de Richard Aguilar y por el contrario en las elecciones regionales del 2015 el hoy diputado fue gerente de campaña de Didier Tavera, principal contrincante de los aspirantes del clan Aguilar en ese momento: Holger Díaz, (de la línea de Richard Aguilar), y Carlos Fernando Sánchez (del ala de Hugo Aguilar); según varios testimonios sí habría terminado involucrado en el escándalo de corrupción del estadio.

Al menos así lo declararon Octavio Reyes Sarmiento, representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, consorcio encargado de ejecutar el contrato para reforzar la estructura del estadio; y el representante legal de la interventoría de dicho contrato, Andrés Mauricio Díaz Herrera, quienes en diversas momentos procesales afirmaron que le pagaron millonarias coimas a Mauricio Mejía Abello, para que esté diera viabilidad a la fase final del contrato que estaba a punto de siniestrar por falta de recursos.

Cuatro años lleva frenada la investiagción en contra del diputado, Mauricio Mejía en la Fiscalía 84 contra la Corrupción.

En su relato, Reyes Sarmiento aseguró que para 2016, con el cambio de gobierno departamental, Mauricio Mejía Abello le habría exigido el 10 % del valor de un adicional que había sido aprobado a finales del 2015. Según Reyes, esta nueva coima era para no multarlo como contratista.

Según el contratista, quien hoy se encuentra en prisión domiciliaria mientras espera su sentencia condenatoria por estos hechos de corrupción, la estrategia de Mejía Abello habría sido aprovechar las inconsistencias en los informes de ejecución como en las interventorías para presionar a la Unión Temporal Reforzamiento 2015 y que se accediera al pago de la coima para dar el visto bueno al desembolso del anticipo de la adición, así poder terminar las obras del estadio y de paso no multar al contratista.

“La nueva administración se fue en contra del contrato (...) no me aprobaba las pólizas que yo había presentado para darle continuidad al adicional”, indicó el contratista bajo juramento.

Ante tantas presiones y en vista de que estaba en líos económicos, Reyes cuenta que decidió buscar a Mejía para que le explicara el porqué de la demora frente a las pólizas por parte de la Gobernación, necesarias para poder avanzar con el adicional aprobado.

“Me tocó buscar a Mauricio Mejía (...) Esta reunión fue en la oficina contigua a la de Mauricio, donde se ubica un arquitecto. (...) Le pregunto qué trámite falta para la aprobación de las pólizas. Ahí es cuando me responde: ‘para poderle ayudar tiene que colaborar con el 10 % del valor del adicional’ (...) Le ofrecí el 5 % y él, para terminar, me pidió el 8 % del valor del adicional, que corresponde aproximadamente a $530 millones”, contó Reyes en el proceso en el que confesó sus delitos.

Tras el acuerdo verbal, el contratista aseguró que el entonces secretario de Infraestructura aprobó las pólizas y le desembolsaron el anticipo del adicional por un valor de $2.699 millones, más el pago de un acta parcial que estaba pendiente del contrato inicial. Además, se desistió del proceso sancionatorio por las inconsistencias en el contrato de reforzamiento.

Lea también: El entramado de corrupción en la administración Aguilar

Coimas al interventor

Por otra parte, en declaraciones ante la Fiscalía, Andrés Mauricio Díaz Herrera, interventor de las obras de reforzamiento del estadio y quien se habría prestado para avalar las irregularidades contractuales, aseguró que estuvo enterado de la presunta exigencia de dineros por parte de Mauricio Mejía. Agregó que él también le habría pagado al entonces secretario para agilizar pagos de algunas actas.

En mayo de 2016, contó Díaz Herrera, citaron al contratista para un posible incumplimiento e imposición de multas. Mejía le comunicó a Díaz su preocupación por el bajo avance de la obra que presentaba el contrato y, según él, ya sabía sobre el faltante de diner0 en la ejecución de la obra, pues manifestó haber leído todos los informes de interventoría.

En dicha reunión, según el interventor, Mejía le manifestó que “necesitaba multar a la Unión Temporal porque a él lo estaban presionando mucho y necesitaba transmitir esa presión al contratista de obra o en su defecto liquidar contrato. Esto me generó confianza y fue cuando le aclaré que en los informes de interventoría desde el comienzo quedó reflejado que el contratista no venía cumpliendo a cabalidad con las obras contratadas”.

En el testimonio a la Fiscalía, Díaz aseguró que Mejía le solicitó un informe detallado de las actividades que a esa fecha el contratista presentaba y que él lo revisaría con su asesor jurídico, Sergio Pitta.

Díaz dice haber enviado el informe el 7 de mayo de 2016, y que tres días después citaron la audiencia por posible incumplimiento.

“Después de que le llegó la citación a Octavio (Reyes) de la audiencia me dice que necesitaba dinero, pues Mejía le estaba exigiendo dinero (sic). Supuestamente habían acordado unas coimas al comenzar la administración del señor Didier Tavera”.

“El día anterior a la audiencia, es decir el 9 de mayo de 2016, mi hermano (Carlos Eduardo Díaz, gerente de la Interventoría) me informó que la audiencia no se iba a realizar pues el ingeniero Reyes había accedido a un compromiso económico con el ingeniero Mejía. Al día siguiente me encontré en las instalaciones de la Gobernación con Reyes, quien me manifestó que le había dado o le iba a dar $200 millones al ingeniero Mauricio. Como resultado de todo esto la Unión Temporal Reforzamiento 2015 nunca fue multada a pesar de haber sido instalada la audiencia (...) y nunca se explicó la razón de la suspensión y finalmente el contratista no fue multado a pesar de existir el mérito”, declaró Díaz.

Según la versión del interventor, después de estos hechos se reunió con Mauricio Mejía y en ese momento el secretario le pidió el 8 % del valor del contrato de la interventoría.

“Yo le manifesté que para mí ese monto era imposible, pues yo venía con muchos problemas financieros”, cuenta Díaz, quien explicó que el exsecretario le contó que lo necesitaba para que el contratista cumpliera su compromiso y al final acordaron que él no debía pagar ese 8 %.

No obstante, en el relato Díaz explica que luego le pidió a Mejía Abello un favor para cambiar la forma de pago del contrato de interventoría, para que se facturara mes a mes. Y ante esta petición adicional sí debía haber una coima.

“En junio de 2016 nos aprobaron el cambio en la forma de pago y el pago de una de las actas. Le ordené a mi hermano que le llevara al ingeniero Mejía Abello $12 millones o $15 millones, no recuerdo exactamente”, expuso el interventor, quien agregó que el pago se hizo en la casa del exsecretario de Infraestructura.

Las entregas

Tras haber accedido a las supuestas presiones de Mejía Abello, Reyes Sarmiento asegura ante la Fiscalía que, como estaba en aprietos económicos, no pudo “sacar nada para el pago de la exigencia” de Mejía. Ante tal ‘demora’, el exsecretario habría iniciado un proceso para imponer multas que, según el contratista, tenían como fin presionarlo para que pagara la coima.

El 29 de junio de 2016, cuenta el contratista a la Fiscalía que decide sacar un cheque del Banco Davivienda, de la Unión Temporal de Reforzamiento 2015 por valor de $200 millones, que él mismo fue y cobró. “Esto fue en la tarde. Metí el efectivo en un bolso negro. Con ese bolso me fui para la Gobernación y me tocó escribirle al doctor Sergio Pitta o a Leonardo Dueñas, no recuerdo, que tenía una cita con Mejía y que ya habían cerrado el acceso principal a la Gobernación. Me ayudan a ingresar y yo fui a buscar a Mauricio. Él al verme me dijo que no le entregara el bolso ahí delante de toda la gente, sino que lo acompañara al parqueadero de la Gobernación”, dijo.

“Estando allí nos subimos en una camioneta Toyota Hilux color gris oscuro y le entregué el bolso con los $200 millones en efectivo. Él se quedó en la camioneta y yo salí por el parqueadero de la Gobernación”, narró el contratista Reyes.

De acuerdo con el testimonio, hacía falta entregarle al exsecretario de Infraestructura $330 millones de los $530 millones pactados. Sin embargo, aseguró que debido a problemas financieros, no pudo entregarle más dinero.

De esos $330 millones faltantes, el contratista le contó a la Fiscalía que tuvo que pedir un préstamo a un amigo, el contratista Artemio Suárez, y fue él quien se encargó de ‘darle la cara’ a Mejía, pues Reyes ya no quería hablar con el funcionario.

“Para calmar las exigencias de Mejía le pedí el favor a Artemio Suárez que miráramos a ver cómo cuadrábamos una plata para calmar a Mejía. Y yo le firmé un cheque en blanco y no recuerdo bien si fue $100 millones o $150 millones, el cual finalmente no sé cuál haya sido el paradero”, puntualizó.

Le puede interesar: Las declaraciones que salpican a Mauricio Mejía en caso del contrato del estadio de Bucaramanga

Grabaciones indicadoras

Además de las versiones de Octavio Reyes y Andrés Díaz, la Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso a las grabaciones hechas por los esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo, exsecretaria de Infraestructura y excontratista en el gobierno Aguilar, quiénes ya fueron condenados por las irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López.

En los videos que fueron grabados de manera clandestina por la pareja de esposos en su residencia y que fueron entregados ante la Fiscalía y la Corte, se ve y se oye una conversación entre Toledo y Pardo junto con el exasesor de despacho de Richard Aguilar, Julián Jaramillo, quien trata de persuadir a los esposos para que se sometan al preacuerdo con la Fiscalía e impedir que existan nuevos implicados por ese caso.

En medio de la conversación Julián Jaramillo le asegura a Toledo y Pardo, que Mauricio Mejía tiene información clasificada sobre el presunto preacuerdo al que podrían llegar con la Fiscalía gracias a la incidencia de su hermano en el ente acusador.

“Mejía está enterado de cosas, ayer me contó cosas que yo ni siquiera sabía. Yo no me veía con Mejía desde hace, mejor dicho este año no me había visto con él, no me acuerdo cuando... y hablé con él, y él me contaba que supuestamente uno de los dos tiene dos años y el otro tiene presentaciones con permiso de trabajo. Que se lo dijo el hermano en una llamada”, se escucha. También se oye a Julián Jaramillo en la grabación afirmar que en la noche anterior se había reunido con el hoy diputado Mejía.

Así mismo, ante el cuestionamiento de Lenin Pardo sobre ¿Por qué Mauricio Mejía está tan seguro que todo para él le va a salir bien?, Julián Jaramillo afirma que el diputado está tranquilo porque “dizque lo de él es por otra línea, eso me dijo ayer”, agrega el exasesor en la grabación.

Por último, en los videos se escucha a Jaramillo confirmar que Mauricio Mejía se había comprometido a pagar el abogado que representaría a Andrés Díaz (interventor de la obra y quien también le habría pagado coimas), para que “no se saliera de la línea”.

“Le dije, marica, como se le ocurre usted cobrarle a ese ‘güevón’, pague usted todo el puto abogado. Entonces quedamos en eso, que él le pagaba todo el abogado como para que el ‘man’ no se fuera a ir por otra línea”, puntualizó el exasesor de Aguilar.

Proceso no arranca

A pesar de los testimonios de Octavio Reyes y Andrés Díaz, además de las versiones de las grabaciones de Julián Jaramillo, la Unidad Investigativa de Vanguardia pudo conocer que la investigación contra Mauricio Mejía por parte de la Fiscalía aún no comienza.

De hecho, una vez se ordenó la indagación preliminar sobre el caso en la Fiscalía 5 de Administración Pública de Bucaramanga, el proceso fue trasladado a la Fiscalía 84 Contra la Corrupción en Bogotá, donde el proceso quedó ‘engavetado’.

“Una vez se ordenó la indagación preliminar contra el doctor Mejía por el caso del estadio, el proceso fue solicitado por la Fiscalía en Bogotá, donde tenía injerencia directa su hermano el fiscal delegado ante la Corte, Carlos Iván. Desde que el proceso aterrizó allá no ha avanzado. Ni siquiera le han imputado cargos”, dijo a Vanguardia una fuente cercana al proceso penal por el entramado de corrupción.

Esta redacción intentó conocer sobre los avances en el proceso penal contra Mejía Abello en la Fiscalía, pero no fue posible el acceso a la información.

“La información sobre casos específicos tiene que ser previamente aprobada por la oficina jurídica de la Fiscalía. Hasta tanto no se puede otorgar información alguna”, señalaron desde el ente acusador a la solicitud de este medio.

Y es que precisamente en la Fiscalía 84 de la Unidad Anticorrupción se adelantan las investigaciones penales en contra de casi todos los implicados en el caso de corrupción del estadio Alfonso López, incluidos Julián Jaramillo, exasesor de Aguilar Villa; Octavio Reyes, contratista encargado del millonario contrato; Artemio Suárez, socio de Reyes y cómplice en el entramado; Andrés Díaz, interventor de la obra; Paula Marcela Moreno, esposa de Artemio Suárez e integrante de Movipetrol; Andrés Julián Ulloa, representante legal de Movipetrol (empresa de Artemio Suárez), e Ivy Xiomara Suárez, quien realizaba la supervisión de las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Contra todos ellos, la Fiscalía 84 Especializada contra la Corrupción de Bogotá ya imputó cargos e incluso llegó a preacuerdos, muy diferente al caso del diputado Mauricio Mejía Abello.

Lea además: A responder por los atrasos en las obras del Alfonso López

Persecución política

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Santander, Mauricio Mejía Abello, insistió en que no recibió soborno alguno por parte de los contratistas o interventores de la obra de estadio.

“La verdad a mí no me han notificado de nada sobre ese proceso. Yo rendí mi versión en Bucaramanga desde el año 2018 y no me han vuelto a llamar”, afirmó el diputado Mejía al ser consultado por Vanguardia para este informe.

Además, el exsecretario de Infraestructura asegura que prueba de que no recibió dichos sobornos es que jamás, según su versión, expidió el anticipo del adicional del contrato que afirmaron Reyes y Díaz en su testimonio ante la Fiscalía.

“Lo que en algún momento se publico fue una declaración que buscaba beneficios en un principio de oportunidad que no fue aprobado por no contar con pruebas sobre la afirmaciones”, agregó Mejía Abello.

Así mismo, El corporado además negó que la labor de su hermano haya tenido alguna incidencia sobre la investigación en su contra y afirmó que todo se debe a una persecución política.

“Mi hermano era fiscal ante la Corte y nada tenía que ver con casos en Bucaramanga. Lo que pasa es que él ha manejado casos muy delicados como el de Santiago Uribe y por eso hemos sido víctimas de la persecución toda la familia”, acotó.

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