Nuevos acusados por escándalo de corrupción del estadio Alfonso López

La Fiscalía acusó formalmente a tres exfuncionarios y un excontratista de la administración del exgobernador Richard Aguilar, por irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, cuyo presupuesto superó los $22 mil millones.

Archivo / VANGUARDIA

Ante un juez de la República, la Fiscalía presentó el escrito de acusación en contra de tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander y un particular como presuntos responsables de las irregularidades detectadas en los contratos de obra 766 y de interventoría 1031 de 2015, mediante los cuales se buscaba reforzar estructuralmente los escenarios de la Villa Olímpica de Bucaramanga, que se celebraron en la administración del exgobernador Richard Aguilar, y que tuvieron un valor total de $22 mil millones.

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En esta nueva diligencia judicial, la Fiscalía acusó de prevaricato por omisión a la ingeniera Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, quien fungió como supervisora del contrato. Así mismo, el ente acusador le imputó cargos a Édgar Fabián Báez Ariza, abogado de la Secretaría de Infraestructura para la época de los hechos, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Igualmente le endilgó a Sergio Andrés Pitta Rueda, exasesor jurídico de la Secretaria de Infraestructura, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concusión. Finalmente, la Fiscalía acusó formalmente al excontratista Octavio Reyes Sarmiento por peculado por apropiación.

Según la acusación, al menos el 16 % del valor total del contrato ($22 mil millones), se comprometieron en pagos de dádivas por el direccionamiento del contrato.

“Los elementos de prueba indican que el contratista, al parecer, obtuvo previamente información privilegiada que le permitió mejorar su oferta y ajustarla al pliego de condiciones. Adicionalmente, se estableció que le habrían reconocido anticipos y adiciones presupuestales por actividades que nunca se realizaron, y por subcontratar a personas y empresas que no participaron en el proyecto. De esta manera, recibió $4.374 millones, de los cuales se habría apropiado de $1.889 millones, según los argumentos del ente acusador.

Los nuevos acusados

Para la Fiscalía, Ana Lucía Wandurraga, incurrió en prevaricato por omisión, por presuntamente haber omitido sus funciones como supervisora del contrato al conocer sobre las posibles irregularidades que se presentaban en el mismo y no tomar medidas al respecto, ni notificarlas ante las autoridades.

Así mismo, Wandurraga Ballesteros rindió informe de conveniencia y necesidad adicional 01 del contrato del estadio por más de $6.748 millones, al parecer como última medida para poder asegurar el pago total de la coima por parte del contratista.

Luis Alberto Peña Silva, contratista de la obra de reforzamiento del estadio Alfonso López, aseguró ante la Corte que Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, supervisora de ambos contratos (obra e interventoría), obtuvo dicho cargo por orden directa del propio Artemio Suárez, otro de los excontratista que ejecutó las obras del estadio y quien también está siendo procesado penalmente por estos hechos.

Wandurraga Ballesteros había sido empleada de Artemio Suárez, antes de llegar a la administración departamental.

Así mismo, el ente acusador señaló a Sergio Pitta de presuntamente haber incurrido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concusión, al presuntamente haber “amarrado” con maniobras jurídicas los pliegos de condiciones para la licitación pública en cuestión y favorecer al contratista Octavio Reyes.

Además, el fiscal del caso señala a Pitta de cobrar coimas a Octavio Reyes y Andrés Díaz (interventor de la obra del estadio), para viabilizar de manera exprés las actas parciales del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura departamental, y así los contratistas pudieran recibir el pago de sus facturas.

En declaraciones ante la Fiscalía, Andrés Mauricio Díaz Herrera, interventor de las obras de reforzamiento del estadio aseguró que el exsecretario de Infraestructura y hoy diputado Mauricio Mejía le solicitó un informe detallado de las actividades que a esa fecha el contratista presentaba y que él lo revisaría con su asesor jurídico, Sergio Pitta.

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Así mismo, la Fiscalía señala al arquitecto Édgar Báez Ariza, integrante del “staff de infraestructura”, liderado por Julián Jaramillo, de haber sido el encargado de organizar los pliegos y determinar los requisitos habilitantes a favor de Octavio Reyes en el millonario contrato para el reforzamiento de la Villa Olímpica de Bucaramanga.

Según la información recaudada por la Fiscalía y la Corte, al igual que en las anteriores licitaciones, el “staff de infraestructura” de la administración Aguilar se puso en marcha para lograr que el millonario contrato de las obras del estadio le fuera adjudicado a Octavio Reyes Sarmiento, (amigo personal del exgobernador Hugo Aguilar), como lo había ordenado Julián Jaramillo.

Para tal fin, desde la administración Aguilar le suministró de manera anticipada el presupuesto que definiría el gobierno departamental para las obras del estadio y así Octavio Reyes elaborara el pliego de condiciones ajustado a su propio beneficio. Tarea que le fue encomendada a Andrea Carolina Núñez Castellanos, secretaria de Ingream SAS, empresa perteneciente a Octavio Reyes.

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Oscar Iván Rey

Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reportero de la página Política y miembro de la Unidad Investigativa desde el 2015.

Desde estos espacios ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación periodística sobre las estructuras del poder político en la región y desnudar las diferentes formas de corrupción que se presentan en el sector público de Santander.

@oscarivanrey

orey@vanguardia.com