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Diez meses después de la captura del exsenador Richard Alfonso Aguilar Villa, sindicado por la Corte Suprema de Justicia de liderar una sofisticada red de corrupción cuando fungió como gobernador de Santander para el periodo 2012 - 2015, a través de la cual se habrían direccionado contratos por más de $600 mil millones, la defensa del exmandatario departamental alista la solicitud de su libertad por vencimiento de términos.
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El próximo 6 de junio se cumplen los 240 días que contempla la ley para que se venzan los términos en el proceso que adelanta la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema contra el exgobernador Aguilar Villa, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Según el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, una vez la Fiscalía radique el escrito de acusación en contra del sindicado, tiene 120 días para llevarlo a juicio, o de lo contrario, éste tendrá derecho a recuperar su libertad por vencimiento de términos.
Como el proceso por el cual está siendo procesado penalmente el exmandatario departamental está relacionado con delitos contra la administración pública (actos de corrupción), el término se duplica, es decir, la justicia tenía hasta 240 días, contados desde la radicación del escrito de acusación para llevar a Aguilar Villa a juicio.
El pasado 6 de octubre del 2021, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema presentó el escrito de acusación en este sonado caso. A hoy, 225 días después, (siete meses y medio), el ente acusador no ha llamado a Aguilar Villa a juicio oral y si no lo hace en las próximas dos semanas, el exgobernador y exsenador Aguilar, podría quedar en libertad por vencimiento de términos.
Fuentes cercanas al proceso judicial le confirmaron a la Unidad Investigativa de Vanguardia que a hoy no hay solicitud de audiencias preparatorias en contra de Aguilar por parte de la Fiscalía.
“Es muy posible que el señor Aguilar recupere su libertad”, indicó la fuente judicial, quien pidió reserva de su identidad.
Consultado por esta redacción, la defensa de Aguilar Villa, encabezada por el abogado penalista Iván Cancino, evitó referirse a esta posibilidad “por la reserva procesal” ordenada por la Corte Suprema.
Actualmente Richard Aguilar comparte sitio de prisión con su papá el también exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, condenado por parapolítica. Ambos se encuentran privados de la libertad en el Centro de Reclusión del Batallón de Policía Militar N° 13 en Bogotá.
En el documento radicado ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal del caso acusa al exmandatario de Santander de haber constituido una ‘empresa criminal’ para, a través de maniobras ilegales, direccionar la contratación a favor de amigos, familiares y particulares que supuestamente se comprometieron a entregarle el 10% del presupuesto de cada obra o proyecto adjudicado.
“Los elementos de prueba dan cuenta de que, mientras estuvo en el cargo entre 2012 y 2015, Aguilar Villa creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento. Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y Director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba”, señala el escrito de acusación.
La Fiscalía investiga a Aguilar Villa concretamente por las presuntas irregularidades en procesos como el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López; el Corredor vial San Gil - Charalá – Límites; el suministro del PAE Santander; el Tercer Carril y el Corredor Vial Agroforestal, contratos que superaron los $600 mil millones.
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Mientras Richard Aguilar espera que pasen las horas para recuperar su libertad, su exasesor de despacho y mano derecha, también involucrado en el entramado de corrupción en la Gobernación de Santander, Julián Libardo Jaramillo Díaz, adelanta una solicitud de preacuerdo ante la justicia intentando reducir su condena y recuperar la libertad.
Jaramillo Díaz, quien se encuentra detenido en un centro de reclusión desde febrero de este año, está buscando llegar a un preacuerdo con la Fiscalía en el cual aceptaría allanarse a algunos cargos y devolvería el dinero para resarcir el daño a la víctima (en este caso el departamento de Santander) a cambio de beneficios judiciales.
“En un comienzo la Fiscalía le ofreció que testificara contra el exgobernador pero Jaramillo no aceptó. Ahora su defensa está buscando un preacuerdo en el que devuelve el dinero y acepta algunos de los cargos para que le reduzcan la pena”, explicó a Vanguardia una fuente allegada al caso en la Fiscalía.
Aunque no desmiente la existencia de la solicitud de un preacuerdo, la defensa de Julián Jaramillo no se quiso referir al tema para no interferir en la gestión y la posibilidad de acceder a tal beneficio.
“Julián es investigado por interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación, soborno en la actuación penal. Lo del tema del bulto de dinero ya se ha demostrado que se trata de una broma con Bolívares venezolanos y además jamás se ha comprobado que efectivamente Jaramillo recibió un solo peso por coimas. Por eso están pidiendo que se descarte la autoría en esos delitos y solo sea procesado por soborno e interés indebido. Ahora, como todo se basa en la declaración de los señores Lenin (Pardo) y Claudia Toledo, quienes dicen que los sobornos fueron por $150 millones, eso es lo que pretende devolver Jaramillo”, señaló otra fuente cercana al proceso.
A pesar del silencio de la defensa de Jaramillo Díaz, la Unidad Investigativa de Vanguardia pudo conocer que la semana pasada el abogado del exasesor de despacho de Aguilar Villa, le pidió al juez la autorización para vender tres bienes inmuebles y un automóvil al parecer con el objetivo de pagar la multa y así acceder al preacuerdo con la justicia.
Julián Jaramillo es señalado por la Fiscalía de sistemáticas irregularidades siendo el gestor de los proyectos de infraestructura de la Gobernación en la época de los hechos y de encabezar el ‘staff de corrupción’ que desvió recursos en contratos que sumaron más de $600 mil millones.
El pasado 6 de mayo el Juzgado Segundo con funciones de control de garantías de Bucaramanga aprobó un principio de oportunidad a favor de Andrés Díaz, interventor del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, punta del iceberg de este escándalo de corrupción.
Con dicho principio, firmado por el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, Díaz obtuvo inmunidad parcial por los delitos que se le acusan como peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Para poder hacer efectivo dicho beneficio, Andrés Mauricio Díaz Herrera deberá devolver $75 millones y tendrá que servir como testigo de la Fiscalía declarando en contra del exgerente de la Esant, Edwin Ballesteros, los excontratistas Octavio Reyes y Artemio Suárez, y un exfuncionario clave en esta investigación contra el cual las investigaciones no han tenido avances significativos, el exsecretario de Infraestructura y actual diputado de Santander, Mauricio Mejía. Además, Díaz deberá testificar en contra de Carlos Andrés Jaimes Villar, Óscar Mauricio Rojas Prada, Fredy Calderón y Alexander Bonnet, estos últimos que no se encontraban en el radar de las autoridades.
El principio de oportunidad a favor de Andrés Díaz estará vigente por un año y está supeditado a la eficacia y las pruebas que aporte el excontratista en contra de los demás implicados en caso de corrupción del estadio Alfonso López.
Otro de los sindicados en el entramado de corrupción que investiga la Fiscalía en la administración Aguilar Villa, que se encuentra buscando un preacuerdo con la Fiscalía es el contratista Artemio Suárez Díaz, quien semanas atrás sorprendió entregándose a las autoridades tras dos meses prófugo de la justicia.
Una vez se presentó, Suárez Díaz comenzó el proceso de solicitud de preacuerdo con el ente acusador, a través del cual busca beneficios en la acusación en su contra por las irregularidades en la adjudiciación y ejecución del contrato para el reforzamiento del estadio Alfonso López por más de $22 mil millones.
Ante el Juez Octavo Municipal de Garantías de Bucaramanga, Suárez Díaz aceptó cargos por los delitos de peculado y cohecho y además se comprometió a devolver la suma de $1.300 millones.
Ahora el cuestionado contratista, quien se encuentra beneficiado con medida de prisión domiciliaria, busca que un juez de la República le conceda un permiso para trabajar y, según ha manifestado, “poder pagar la millonaria multa” que le permita acceder al preacuerdo.
Artemio Suárez participó en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López como socio capitalista, aportando $700 millones de entrada tras el incumplimiento del ‘inversionista’ inicial, Houseman René Jaimes Guerrero, para aportar dichos recursos y pagar la primera parte de la coima por la adjudicación del contrato del estadio.
Suárez Díaz es uno de los contratistas más cercanos al clan Aguilar, es amigo personal del exgobernador Hugo Aguilar y a través de su firma Movipetrol recibió contratos por más de $2 mil millones en la administración de Richard Aguilar. La injerencia de Artemio Suárez era tal que le arrendó a la gobernación el local donde operó la ‘casa paralela’, donde se realizaban las negociaciones y los acuerdos ilegales para el direccionamiento de los procesos contractuales en el gobierno de Richard Aguilar.
Para esa época, en dicha oficina ubicada en el segundo piso de la calle 41 # 9-67, justo al lado de la Gobernación de Santander, también operaba la empresa Construservis Company, firma propiedad de Próspero Díaz Poveda, uno de los socios más cercanos a Artemio Suárez.
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El pasado viernes 20 de mayo fue suspendida la audiencia judicial en la cual la pareja de esposos Claudia Toledo Bermúdez y Lenin Pardo, exsecretaria de Infraestructura y excontratista de la Gobernación de Santander, respectivamente, en la administración de Richard Aguilar, solicitaban su libertad por vencimiento de términos.
Si bien la audiencia fue suspendida toda vez que la Contraloría pidió ser declarada como víctima en este proceso penal, la diligencia se reanudará el próximo jueves 26 de mayo.
En la actualidad, se encuentra vigente un principio de oportunidad avalado por la Fiscalía a favor de Lenin Pardo y Claudia Toledo, en el marco del proceso penal que se adelanta contra la pareja de esposos por las irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio.
Con la aprobación del principio de oportunidad, el juicio contra Claudia Toledo y Lenin Pardo, que se encontraba en audiencias preparatorias, quedó suspendido y supeditado a la eficacia del material probatorio y testimonial que aporte la pareja en contra de los excongresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros, este último exgerente de la Esant y exrepresentante a la Cámara por Santander, también vinculado a este proceso.
Dentro de los compromisos que deben cumplir para mantener el principio de oportunidad, Claudia Toledo y Lenin Pardo deberán colaborar como testigos contra Aguilar y en el proceso que adelanta la Fiscalía en contra del excongresista Ballesteros.
Claudia Toledo y Lenin Pardo actualmente están cobijados con detención domiciliaria y permiso para poder trabajar, por lo que pueden asistir a sus labores en sus oficinas, de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
Contrario a las actuaciones emprendidas por los demás involucrados en el entramado de corrupción que según la Fiscalía encabezó Richard Aguilar, y a pesar de la imputación de 12 delitos que le realizó la Fiscalía, el exrepresentante a la Cámara y exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, Edwin Ballesteros, descartó cualquier posibilidad de preacuerdo con la justicia.
“Estamos en la disposición de confrontar en los estrados judiciales y en medio del debate jurídico para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía y demostrar la inocencia del doctor Ballesteros. Desde ya anunciamos que no hay ninguna posibilidad de solicitar algún tipo de preacuerdo porque estamos seguros de la inocencia del excongresista”, señaló a Vanguardia Alfonso Gómez Alba, abogado de Ballesteros.
Con el visto bueno de Aguilar Villa, Ballesteros lideró la creación de la Esant, entidad en la que se habría constituido, según investiga la Fiscalía, una red secundaria y alterna de desvío de millonarios recursos públicos en la administración Aguilar Villa.
La Fiscalía asegura tener pruebas de que Ballesteros Archila habría recibido al menos mil millones de pesos en coimas para adjudicar contratos desde la gerencia Esant.
La Fiscalía no ha solicitado hasta ahora medida de aseguramiento en contra de Ballesteros Archila.
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