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Aunque la Fiscalía General calificó el caso ‘Manantial de Amor’ como prioritario, designando un grupo especial de fiscales e investigadores para la persecución efectiva de los máximos responsables de la comisión de los delitos contra la administración pública, hoy siete años después de haber iniciado el proceso penal en contra del exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, y diez implicados más en el escándalo de corrupción cercano a los $15 mil millones, estaría en gran riesgo de prescribir debido a la demora en sus diferentes etapas procesales.
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Así quedó expuesto la semana pasada luego de que el Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga suspendiera la audiencia del juicio oral en contra de los once imputados del caso ‘Manantial de Amor’, porqué había mucho ruido en la Plazoleta Luis Carlos Galán, que queda contiguo al Palacio de Justicia.
“Desde las 8:00 de la mañana se continuó con la audiencia de juicio oral ante el Juzgado 9 Penal del Circuito de Bucaramanga, caso connotado y priorizado “Manantial de Amor”; sin embargo, poco se pudo avanzar en la diligencia ya que el señor juez suspendió la audiencia por el ruido (música a alto volumen) de las actividades en la plazoleta Luis Carlos Galán, que imposibilitan la escucha y afectando el registro de la sesión. Ante esta situación se continuará con la diligencia en la próxima fecha”, señaló una fuente al interior de la Fiscalía, quien no quiso revelar su identidad por temas de seguridad.
“Aunque las audiencias se están realizando de manera virtual, los testigos sí están asistiendo presencialmente para resguardar su seguridad y para la reserva procesal. Esa fue la razón por la cual el ruido en la plazoleta conllevó al juez a suspender la audiencia, ya que no se podía escuchar bien al testigo de la Fiscalía”, explicó otra fuente que hace parte del proceso, pero que no quiso revelar su identidad para no afectar el trámite del juicio.
Ante dicha suspensión, la diligencia judicial se reanudará el próximo 24 de noviembre, continuando con el testimonio del primer testigo por parte de la Fiscalía para este caso.
“En esta sesión se continúa con el testimonio del investigador José Fernando Gómez Perdomo del CTI y se terminó de incorporar parte de la etapa de trámite del contrato de obra 029 de 2014, alumbrado público del barrio Betania de Bucaramanga, que fueron unos 288 folios”, agregó la fuente de la Fiscalía.
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Según el Código de Procedimiento Penal, después de pasar determinado tiempo, hay delitos que ya no pueden ser juzgados y entonces se produce la llamada prescripción, extinguiendo la responsabilidad penal de una persona de haber cometido dichos crímenes (excepto en los casos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra que son delitos imprescriptibles).
La ley señala que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena. Sin embargo, una vez se realice la imputación de cargos en contra del sindicado, las cuentas para la prescripción de la acción penal se reducen a la mitad.
“Lo único que interrumpe la prescripción es la formulación de imputación y eso fue hace muchos años. Según la norma, el delito prescribe según la pena máxima de la acción penal, pero una vez se realiza la formulación de la imputación de cargos, la cuenta para la prescripción se reinicia, pero ahora por la mitad de la pena máxima”, explicaron los penalistas.
Así las cosas, varios de los delitos por los que está siendo procesado Luis Francisco Bohórquez están ad portas de prescribir su acción penal.
Es así que para el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales prescribe a los nueve años después de la imputación. En interés indebido en la celebración de contratos, también prescribirá a los nueve años. Además, falsedad ideológica en documento privado y falsedad material en documento público son las acciones punibles que ya habrían prescrito en el proceso de Bohórquez Pedraza, ya que la acción penal fenece a los 3,5 y 4,5 años, respectivamente.
Precisamente, el 24 de noviembre, pero siete años atrás, la Fiscalía capturó al exalcalde Luis Francisco Bohórquez y a otros nueve implicados en el escándalo de corrupción de ‘Manantial de Amor’.
La captura del exmandatario local estuvo presidida por el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien llegó hasta Bucaramanga para presentar los detalles del proceso penal en contra de Bohórquez Pedraza y los demás capturados.
El ente acusador identificó que en la época en que el imputado fungía como alcalde de Bucaramanga, personas cercanas a él, entre ellas algunos familiares, constituyeron antes de la posesión varias sociedades, las cuales lograron hacerse a varios contratos por un valor superior a los $15 mil millones. Todas estas personas tenían un común denominador y es que eran feligreses de una iglesia cristiana llamada Manantial de Amor”, señaló en su momento el fiscal general.
Tan solo unos días después de su captura, el ente acusador le imputó cargos a Bohórquez Pedraza, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimientos de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento privado y falsedad material en documento público.
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El único delito en contra de Luis Francisco Bohórquez que actualmente no corre mayor peligro de prescribir es el de peculado por apropiación, el cual su acción penal solo fenece a los 11 años y medio.
En tal sentido, la justicia solo tiene un par de años para condenar a Bohórquez Pedraza por su presunta participación en el escándalo de corrupción de ‘Manantial de Amor’.
Sin embargo, según pudo conocer la Unidad Investigativa de Vanguardia, el calendario de las audiencias del juicio en contra del exmandatario local y los otros diez sindicados ya tiene fecha hasta el 14 de diciembre del 2023.
“Según las cuentas la acción penal de delitos como el de falsedad en documentos privados y falsedad ideológica en documentos públicos ya prescribieron. Ahora bien, en noviembre del 2024 pasará lo mismo con los delitos de mayor ponderación delictiva como celebración de contratos sin los requisitos legales y el de interés indebido en la celebración de contratos. Lo preocupante acá es que ya hay agenda de audiencias para el 2023 y la Fiscalía apenas va a entrevistar a su tercer testigo. Aún falta que la defensa controvierta (lo expuesto por el ente acusador) y presenten a su material probatorio, además del tiempo que demore el despacho en tomar una determinación. Si la acción penal prescribe, ya será hecho juzgado”, acotaron los expertos penalistas.
El juicio oral se reanudará el próximo 24 de noviembre a las 8:00 de la mañana en audiencia virtual.
La gran cantidad de material probatorio y el alto número de sindicados ha conllevado a que el proceso penal del escándalo ‘Manantial de Amor’ avance sin mayor velocidad.
Aunque desde el comienzo de las audiencias preparatorias (diciembre de 2018) el juez noveno penal del circuito decidió que agendaría el calendario de todo el año con audiencias mensuales para evitar dilaciones y lograr que el proceso judicial fuera esclarecido, cuatro años después el proceso penal está más cerca de prescribir que de ser esclarecido.
El primer y gran retraso se presentó en agosto del 2019, justo cuando el proceso estaba a punto de comenzar su etapa final de juicio oral. La diligencia judicial tuvo que ser suspendida a solicitud del fiscal, al interponer un recurso de apelación en contra de la decisión del juez noveno penal del circuito, quien inadmitió cerca del 75% del material probatorio que presentó la Fiscalía en contra de los 11 implicados en el caso ‘Manantial de Amor’.
No fue sino hasta agosto del 2020, un año después, que la sala penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en fallo de segunda instancia, revocó parcialmente la decisión.
En ese sentido, la corporación judicial avaló las pruebas que el ente acusador llevará a juicio, entre ellas, las certificaciones de los consorcios Ingeovillas y Podas Villalob, los contratos de prestación de servicios y certificaciones relacionadas con las funciones y actividades de los evaluadores.
También el contrato 235 relacionado con antecedentes presupuestales donde salen los márgenes tachados con sobrecostos en las contrataciones subsiguientes y las contabilidades de las empresas Einsa SAS, Probraco SAS y Paviacom SAS. Asimismo, se tendrán en cuenta las interceptaciones realizadas por la Fiscalía.
Posteriormente, en la audiencia de instalación del juicio oral en contra de Bohórquez Pedraza y demás implicados, la diligencia judicial tuvo que ser suspendida pues el testigo citado por la Fiscalía (investigador del CTI, Óscar Pinzón) tenía que retirarse de la diligencia judicial para poder participar en la convención del sindicato de funcionarios judiciales del cual hace parte.
Un mes después, la audiencia se renovó con la presentación del testimonio de Óscar Pinzón, quien estuvo a cargo del material probatorio de existencia, conformación y correlación de las empresas: Probraco, Azarías, Scada Ingenieros, Einsa y Agrelab, firmas vinculadas a la iglesia Manantial de Amor y que fueron favorecidas con contratos por cerca de $15 mil millones por parte del exalcalde Luis Francisco Bohórquez.
Así mismo, en marzo del 2021, fecha en la que se daría el arranque formal del juicio oral en contra de los once implicados en el caso ‘Manantial de Amor’, con el descubrimiento de pruebas por parte del ente acusador, la diligencia tuvo que ser suspendida nuevamente, ya que el fiscal del caso sufrió de un grave caso de gastroenteritis que le impidió participar en la audiencia.
Ante esta situación, la Alcaldía de Bucaramanga, en calidad de representante de las víctimas, solicitó la designación de un fiscal auxiliar, con el fin de evitar nuevos aplazamientos del proceso penal.
En 2016 la Unidad Investigativa de Vanguardia hizo público el escándalo de Manantial de Amor y desde entonces la ciudad está expectante de cómo se resuelve el juicio contra el exalcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza, quien es señalado de favorecer con contratos a empresas vinculadas a esta iglesia, que pertenece a su familia.
Según el informe periodístico, en la administración de Bohórquez Pedraza se firmaron 18 contratos entre la Alcaldía de Bucaramanga y estas empresas, la mayoría a través de consorcios. Estos sumaron unos $14.300 millones.
Así mismo, el gobierno local, a través de Metrolínea, suscribió 7 contratos con empresas que tienen vínculos con la iglesia Manantial de Amor (MDA), propiedad de la familia del exalcalde, por más de $4.600 millones.
Dichos contratos fueron firmados con las firmas: Probraco, Einsa, Scada, Agrelab y Azarías, vinculadas a MAD. Dos de ellas fueron creadas por familiares de Bohórquez Pedraza. Algunos contratos se lograron con consorcios en donde participaron varias de estas organizaciones.
Probraco: fue creada en 2009 por una prima y una tía de Luis F. Bohórquez. Antes de posesionarse el exalcalde, ellas vendieron la empresa, que estuvo en manos de John Fernando Quintero y Liliana Parra (feligrés). Probraco suscribió tres contratos con la Alcaldía que sumaron $4.457 millones.
Azarías: su representante legal era Uriel Ávila Méndez, feligrés de MDA. Azarías obtuvo dos contratos con la Alcaldía por valor de $3.408 millones y otro con Metrolínea por $1.031 millones.
Scada Ingenieros: es representada legalmente por Óscar Mauricio Benavides, feligrés de MDA. Scada Ingenieros se adjudicó cinco contratos con la Alcaldía de Bucaramanga por $2.620 millones y tres más con Metrolínea por $2.150 millones.
Einsa: del mismo modo, Einsa, empresa fundada por Óscar Leonardo Rodríguez, pastor de la iglesia MDA del Norte y que posteriormente pasó a ser representada legalmente por Liz Maydolly Barrera, esposa de Freddy Alberto Aparicio (quien fue socio minoritario de Probraco) se logró adjudicar nueve contratos con la Alcaldía por $7.056 millones y uno más con Metrolínea por $420 millones.
Agrelab: finalmente está la quinta empresa, Agrelab, inicialmente representada por Uriel Parra Hernández, feligrés de MDA, quien también era el representante de Azarías. Posteriormente, Agrelab pasó a manos de Diana Isabel Murillo, exfuncionaria de la administración de Luis Francisco Bohórquez.
Agrelab, obtuvo dos contratos con la Alcaldía por más de $873 millones y dos más con Metrolínea por $1.019 millones.
Según pudo establecer la Fiscalía, las cinco empresas constituidas con el financiamiento de Leonardo Luna Escalante fueron contratadas por la administración Bohórquez para realizar obras de reparación de parques, reparaciones eléctricas y podas de áreas públicas. Sin embargo, en la contratación de estas empresas se habrían omitido los principios de selección objetiva del contratista como lo obliga la ley.
“Este caso, que en los medios de comunicación ha sido catalogado como Manantial de Amor, nosotros en la Fiscalía lo hemos llamado “el reloj suizo”, porque todas las piezas encajan a la perfección”, señaló, Andrés Cornelio Rodríguez, fiscal octavo de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
Mientras el tiempo corre en contra de la Fiscalía, los once implicados en el proceso de ‘Manantial de Amor’ continúan en libertad.
Además de Luis Francisco Bohórquez, la Fiscalía también procesa penalmente a Clemente León, exsecretario de Infraestructura municipal.
En el proceso también está vinculado Leonardo Luna Escalante, esposo de Flor Alba Pedraza, tía del exalcalde y dueño de Paviacom.
Además, la Fiscalía investiga a Andrea Liliana Parra, Uriel Ávila, Óscar Benavides, Diana Isabel Murillo,
Gloria Azucena Durán (exdirectora de Alumbrado Público de Bucaramanga en la administración Bohórquez y actual funcionaria de carrera administrativa en la Alcaldía).
Del mismo modo, también está siendo procesado por estos mismos hechos el exsecretario de Infraestructura de Barrancabermeja, Gerson Andrés González, junto con Carlos Andrés Jaimes y Fernando Díaz Garzón.
Cada uno de ellos está siendo investigado penalmente por diferentes delitos, según su responsabilidad en el escándalo de corrupción de ‘Manantial de Amor’.
