Margarita Cabello, procuradora General de la Nación radicó ante el Congreso el proyecto de Ley que pretende reformar el Código General Disciplinario, iniciativa encaminada principalmente a fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular.
Con esta iniciativa legislativa, el Ministerio Público acoge lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
“Vamos a solicitar facultades jurisdiccionales a los funcionarios de la misión disciplinaria de la Procuraduría para que puedan emitir los pronunciamientos y las sanciones correspondientes ante los funcionarios públicos de elección popular”, manifestó Margarita Cabello.
Así mismo, el proyecto de Ley propone una división en las fases investigativas, con el fin de garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso sean atendidas por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue.
Doble instancia
Además, la iniciativa de reforma del Código Disciplinario plantea la creación de la sala de juzgamiento, con el fin de garantizar en todos los procesos la doble instancia y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros.
A la fecha, la Procuraduría adelanta 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular en el país.
