En vilo quedaron las entidades públicas por la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la modificación que se le había hecho a la Ley de Garantías.
La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la modificación que se le había hecho desde el Congreso de la República a un artículo de la Ley de Garantías. La modificación permitía que las entidades firmarán y acordaran convenios interadministrativos a pesar de estar en el periodo previo a las elecciones de Congreso y Presidencia. La Corte declaró como inexequible por el hecho de “violar flagrantemente la reserva de ley estatutaria y el principio de unidad de materia”.
Según la medida tomada, la Corte aseguró que los contratos que se terminaron de ejecutar antes de la decisión tomada por el alto tribunal no sufrirán efectos adversos, debido a que ya se cumplieron en su totalidad. Los convenios que quedaron en proceso tendrán que detenerse y liquidarse y, dado el efecto retroacto de la decisión, los recursos que hayan sido girados tendrán que devolverse.
“Deberán terminarse y liquidarse inmediatamente, sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones o que haya lugar”, precisó la Corte.
Los únicos contratos que no están contemplados por esta inexequibilidad son los relacionados con las necesidades básicas como la salud, la educación, el saneamiento ambiental, agua potable y vivienda. La regla aplicará en lo penal, disciplinario, fiscal y administrativo.
Con la decisión de la Corte quedaron en medio los diferentes contratos y por ende los contratistas y empresas que habrían sido designadas para efectuar las acciones por las que fueron contratadas. En algunos casos ya se habrían adelantado aspectos acordados en la contratación y que tendrán que detenerse y acabarse sin recompensa a recuperar los recursos.
Para el abogado constitucionalista Juan Ospina, es determinante lo que ocurra en cada caso: “Si los contratos ya terminaron no pasa nada, si están en curso y no tienen que ver con las materias que podrían seguir en ejecución tendrían que ser liquidados, eso genera dificultades y problemas administrativos”.
El abogado aseguró que en las próximas semanas se presentarán dificultades en la ejecución contractual, debido a que en cada caso habrá que determinar en qué estado de avance estaba dicho proyecto.
A pesar de que la decisión de la Corte evitaría casos de conflicto de interés, en los convenios que se han adelantado también se podrían presentar dificultades jurídicas, esto dependiendo de cada caso.
El abogado y director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, aseguró que son determinantes las decisiones que tomen ambas partes frente a la suspensión de la modificación, esto debido a las particularidades que tendrá cada contratación efectuada durante este último tiempo.
