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El pasado miércoles 18 de mayo, en horas de la noche, la Secretaría de Vivienda de Santander suspendió la controvertida licitación para la construcción de vivienda rural en los municipios de Betulia, El Peñón, San Miguel, Florián, Concepción, Rionegro, Matanza, Palmar y Puente Nacional, por valor de $21.764 millones.
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Según el registro del Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, el proceso licitatorio fue suspendido debido a la solicitud de varios posibles oferentes interesados en participar en el proceso licitatorio que no han podido conseguir las pólizas de seguridad de sus propuestas.
“La entidad se encuentra realizando un análisis de este tipo de procesos y se encontró que el mismo no resulta atractivo para el sector asegurador del país, mismo que al no tener la obligación de suscribir los contratos de seguros con los oferentes, se niegan a expedir los amparos que son de carácter obligatorio en este tipo de procesos y una condición sine qua non para presentar propuestas”, dicta la resolución de suspensión.
En tal sentido, el gobierno departamental suspendió por cinco días hábiles la licitación pública VH-LP-23-01, para la construcción de vivienda rural en varios municipios del departamento.
La resolución de suspensión se da una semana antes de cerrar el proceso licitatorio, fase en la que se conocerían los oferentes y sus propuestas para adjudicar el millonario contrato.
Para el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Rodrigo Fernández, la falta de garantías en el proceso licitatorio terminó conllevando a que ninguna firma aseguradora quisiera acreditar las pólizas de los posibles oferentes interesados en participar.
“Advertimos que se estaban empaquetando contratos y, además, había otras barreras de participación que, en su momento desestimó el Secretario de vivienda. Pues bien, a pocos días del cierre se suspende el proceso porque las aseguradoras no les resultó “atractivo” el negocio y “se niegan a expedir los amparos””, consideró Fernández.
Según el experto en contratación pública, de no corregirse los pliegos que limitan la participación de oferentes será muy complicado que las firmas aseguradoras expidan las pólizas.
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Y es que a comienzos del mes de abril, el propio Fernández, había advertido que el millonario proceso para construir viviendas rurales en distintos municipios del departamento, exigía requisitos tan específicos que rozaban con el direccionamiento, la calificación subjetiva de algunos ítems y la determinación de la administración departamental de adjudicar el contrato de mejoramiento de vivienda en un solo paquete licitatorio, a pesar de que se ejecutará en nueve diferentes municipios, podría terminar restringiendo la pluralidad de oferentes, especialmente de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería.
“Para restringir la participación de pequeñas y medianas empresas de ingeniería empaquetó los proyectos en nueve municipios en una sola licitación, favoreciendo a los mega contratistas o quizá a algún ungido. Si hay una sola licitación, se hubiera dividido el proceso en varios grupos con los municipios más cercanos y de pasó permitir la pluralidad de oferentes y darle mayores garantías a los pequeños”, criticó en su momento Fernández.
Otro de los puntos del proceso licitatorio que llama la atención tiene que ver con el pliego de condiciones en el que se exige una experiencia y unos títulos de posgrado de cada uno de los tres directores de obras, que podrían terminar siendo un factor para el presunto direccionamiento de la licitación.
Así mismo, el experto cuestionó la intención de la Secretaría de Vivienda departamental de calificar el “plan de calidad”, ya que, desde su concepto, dicha calificación es completamente subjetiva.
El próximo jueves 25 de mayo vencerá la suspensión provisional del proceso y se conocerá el futuro de la millonaria y cuestionada licitación.
