sábado, 25 septiembre 2021
jueves 29 de julio de 2021 - 12:00 AM

Tras renuncia al Senado, caso Richard Aguilar pasa a manos de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema

Tras renunciar a su curul como senador de la República, el caso de Richard Aguilar por supuestos actos de corrupción por más de $500 mil millones pasará a manos de la Fiscalía General, quien deberá decidir si acusa formalmente al exgobernador de Santander ante la Corte Suprema de Justicia.
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Tras renunciar a su curul como Senador de la República, el proceso penal contra Richard Alfonso Aguilar Villa, por los presuntos hechos de corrupción cuando fungió como gobernador de Santander para el periodo 2012 - 2015, pasará a manos de la Fiscalía General, que ahora deberá evaluar si acusa o no ante la Corte Suprema de Justicia al exmandatario departamental.

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Según varios expertos penalistas, contrario a lo sucedido con el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien renunció a su curul como Senador para que su proceso penal pasara a manos de la Fiscalía y no continuara siendo procesado por la Corte Suprema, la situación jurídica de Aguilar Villa es diferente toda vez que los hechos punibles por los que es investigado fueron cometidos cuando fungía como Gobernador de Santander, y a los mandatarios departamentales también los juzga la Corte Suprema de Justicia.

“Al renunciar se pierde el fuero, porque el delito no tiene nada que ver con el cargo o las funciones de Senador. Esos cargos se sustentan en hechos de corrupción siendo Gobernador. Tras su renuncia, el asunto pasa a un fiscal delegado ante la Corte que lo acusará ante la Sala de Juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema. Sea lo que sea el proceso siempre llegará la sala de juzgamiento de primera instancia por su fuero como Gobernador”, explicó el abogado Miguel Ángel Pedraza.

Recuperaría su libertad

Con su renuncia al Senado, el proceso penal contra Aguilar Villa ya no continuará bajo la línea del sistema penal acusatorio de la Ley 600, sino por la Ley 906, del actual sistema de acusación oral.

Para el abogado Rodrigo Parada, con la renuncia a su curul como congresista, la defensa de Aguilar Villa podrá inmediatamente solicitar el levantamiento de la medida preventiva de privación de la libertad que le impuso la Corte Suprema al exsenador de Cambio Radical.

“En estricto sentido debería correr la misma suerte que en el caso de Uribe y es que como no hay acto procesal acusable en la Ley 906, se levantó la medida privativa de la libertad en contra de Uribe hasta tanto la Fiscalía, que ahora es la que asume la investigación del caso, definiera la situación jurídica del expresidente. Lo mismo debería suceder en el caso Aguilar. Sin embargo, habrá que esperar a que la Corte se pronuncie”, consideró Parada.

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Orden de la Corte

Luego de varios meses de recopilación de material probatorio y tras escuchar a por lo menos 33 testigos, incluida la versión del propio Aguilar Villa, que el pasado 10 de junio rindió indagatoria ante el alto tribunal, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema determinó el pasado martes dictar medida privativa de la libertad del Senador de la República, por considerar que representaba un peligro para la investigación que se adelanta a en su contra.

“La providencia fue adoptada en desarrollo de la investigación por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando Aguilar Villa se desempeñaba como gobernador del departamento de Santander. Hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos”, señala la Corte.

Millonarios direccionamientos

Según la investigación de la Sala de Instrucción, en la celebración de por lo menos cuatro contratos de infraestructura que se adjudicaron y desarrollaron bajo su administración, el entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, habría ordenado a algunos funcionarios de la administración departamental favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.

Aguilar Villa está bajo la lupa de la Corte Suprema, debido a las declaraciones entregadas por la pareja de esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo (exsecretaria de Infraestructura departamental y excontratista de la Gobernación), quienes señalan al hoy Senador de Cambio Radical de haber ordenado el direccionamiento de los contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, por valor de $23 mil millones; la adjudicación del Corredor vial San Gil - Charalá – Límites, contrato por más de $185 mil millones, y en el corredor vial Agroforestal por $147 mil millones, así como las obras del Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, por valor de $113 mil millones. Contratos que suman cerca de $500 mil millones.

Ante esta situación, la Corte señaló al exsenador Aguilar por su presunta participación en los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.

Lupa sobre la red

Además del exsenador Richard Aguilar, la Corte Suprema también compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue la presunta red de corrupción de la que habrían sido parte funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Santander y de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, para el direccionamiento de contratos de obras desde la Gobernación.

Según informó Blu Radio, el primero en la mira de la Fiscalía es Julián Jaramillo Díaz, quien se desempeñó como asesor de despacho de Aguilar Villa. Según el relato de Claudia Toledo y Lenin Pardo, Jaramillo Díaz, sería el encargado de dirigir el “combo de Infraestructura” para ajustar los pliegos de los procesos licitatorios a favor de los contratistas que ellos necesitaban que ganaran.

Julián Jaramillo, hijo de Libardo Jaramillo, procesado penalmente por temas de corrupción en el ‘Carrusel de contratos en el Imebú’, llegó a la administración de Aguilar Villa luego de vender su participación accionaria en las empresas Construmarca e Impregráficas a Milena García Quintero, esposa de Pedro Beltrán, quien de ser socio de Julián Jaramillo, pasó a ser contratista de la administración Aguilar.

Así mismo, la Corte solicitó la investigación de Javier Felipe Villamil Benavides, exasesor jurídico del despacho de Richard Aguilar. Era el encargado de revisar documentos de los contratos y supuestamente generar los pliegos sastre de las licitaciones. Villamil en solo unos años pasó de ser instructor del Indersantander a convertirse en asesor de despacho de Aguilar Villa.

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Dentro de la red de corrupción en la administración Aguilar la Fiscalía investiga a Édgar Báez Ariza, César Castro Villaveces, Silvia Natalia Oviedo Sánchez, Carlos Lopera Giraldo, Carlos Andrés Páez, Roberto Ardila y Jorge Céspedes Camacho, exasesor jurídico de la administración Aguilar, quienes presuntamente pertenecían al grupo de apoyo encargado de direccionar la contratación de la Gobernación de Santander en la administración Aguilar Villa. Este grupo que sería liderado por Julián Jaramillo Díaz.

Además, en la mira de la Fiscalía está Raúl Cardozo Navas, exgerente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, designado por Richard Aguilar, quien fungía en ese entonces como Gobernador, y desde donde se habría direccionado millonarios contratos de alcantarillado a Reinaldo Castillo Parra, exsecretario de Infraestructura, quien reemplazó a Claudia Toledo en la administración departamental.

Contratistas y supervisores

Las investigaciones de la Corte y la Fiscalía también se extienden a contratistas y supervisores que habrían participado en el direccionamiento de las licitaciones en Santander.

En tal sentido, en la mira de la Fiscalía están los contratistas Octavio Reyes y Artemio Suárez, quienes integraron el consorcio para ejecutar las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga. En este contrato se habrían pagado coimas por más de $2 mil millones y hoy se encuentra suspendido el juicio contra Toledo y Pardo, a la espera de la aplicación del principio de oportunidad.

La investigación también se extiende a Andrés Mauricio Díaz, interventor de las obras de reforzamiento del estadio y quien se habría prestado para avalar las irregularidades contractuales.

Del mismo modo, las autoridades investigan a Juan Gonzalo Ángel jiménez, propietario de la empresa Meyan; a Camilo Alberto Osorio Peláez, representante legal de Concitop S.A.S; Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, exsupervisora de contratos de la Gobernación de Santander; Xiomara Suárez Gómez y Hugo Alberto Sánchez Maldonado, exsubcontratistas de la “Unión Temporal Reforzamiento 2015”, firma encargada de las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López. Así como Rubiel Marino Bermúdez Valencia, exempleado de oficios varios al servicio de Julián Jaramillo.

La Corte también investiga al representante Edwin Ballesteros, por el presunto direccionamiento de contratos para la construcción de acueductos cuando fungía como gerente de la Esant.

Cambios en el clan

Con la renuncia de Richard Aguilar al Senado, la estructura del clan familiar de cara a las elecciones legislativas del próximo marzo cambió.

Según fuentes cercanas a la familia Aguilar, a pesar de la salida de Richard del ajedrez político en el 2022, otro de sus hermanos, Hugo Aguilar Cardozo, sería el llamado a ser el aspirante de la familia al Senado de la República.

“Richard ya venía contemplando esa posibilidad de que se enredara el tema en la Corte. En primera medida se pensaba en la hermana menor, pero ella por la edad, solo podría aspirar a Cámara y se inhabilita con Mauricio. En tal sentido, la opción más viable que se tomó es que Hugo Aguilar (hijo) sea el que aspire al Senado en fórmula con José Alfredo Marín, quien irá a la Cámara como cuota del Gobernador”, señaló una fuente que pidió reserva de su identidad.

Para el politólogo Gerardo Martínez, la salida de Richard Aguilar estaría obligando al clan a jugar en Cambio Radical en las legislativas, para consolidar su presencia política en ese partido.

“Es muy probable que con la salida de Richard ahora la Cámara la jugaría el Gobernador en Cambio Radical para poder jugar al hermano y a Marín por Cambio, para seguir siendo importantes en Cambio Radical donde ya tienen una gran poder, mientras que en el partido Conservador solo son una opción electoral con la cual hicieron alianza en el 2019”, explicó Martínez.

Primo de Aguilar

De igual forma, la Fiscalía también puso en la mira la contratación del Corredor vial San Gil - Charalá – Límites . Según el testimonio entregado por Claudia Toledo, el exgobernador Aguilar Villa la presionó para que le adjudicara este contrato a la empresa que señalara Aureliano Naranjo, primo del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo (papá de Richard Aguilar). Según la exsecretaria de Infraestructura, al no haberse podido adjudicar el Corredor vial San Gil - Charalá – Límites, el “primo” se habría quedado con el millonario contrato para construir el corredor Agroforestal, gracias a la intermediación de Aguilar Villa y el ajuste de los pliegos por parte de Julián Jaramillo y su “combo de infraestructura”.

Además la Corte pidió investigar a Ángela María Naranjo Díaz, contratista e hija de Aureliano Naranjo.

Santander, con tres senadores

Con la renuncia de Richard Aguilar, Santander pierde una nueva curul en el Senado de la República. Aunque Aguilar Villa no es santandereano (nació en Sucre), su máxima votación al Congreso en el 2018 la obtuvo en este departamento, impulsado por su poderío como exgobernador de Santander.

En 2018, ya había dimitido a su curul el exsenador por el Polo, Leonidas Gómez, para poder aspirar a la Gobernación de Santander, contienda en la que salió vencido por Mauricio Aguilar hermano del exsenador Richard Aguilar.

En reemplazo de Richard Aguilar llegará al Senado Juliana María Escalante García, hereda política de la exsenadora Teresita García de Opción Ciudadana y sobrina del Alvaro “el gordo” García, condenado por vínculos con paramilitares.

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Oscar Iván Rey

Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reportero de la página Política y miembro de la Unidad Investigativa desde el 2015.

Desde estos espacios ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación periodística sobre las estructuras del poder político en la región y desnudar las diferentes formas de corrupción que se presentan en el sector público de Santander.

@oscarivanrey

orey@vanguardia.com

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