lunes, 30 enero 2023
martes 06 de diciembre de 2022 - 10:00 AM

Unidad Investigativa | ‘Carrusel’ de contratos en el Indersantander

Una corporación agropecuaria del Chocó terminó ejecutando en Santander un millonario contrato para entregar raquetas de $3.8 millones y bolas de tenis de $280 mil pesos cada una. Este es solo uno de los cinco contratos por más de $2.700 millones, suscritos este año por el Indersantander con corporaciones de dudosa idoneidad.

La semana pasada la Gobernación de Santander fue nuevamente protagonista en titulares de medios nacionales y no precisamente por buenas noticias. Otra vez tiene que ver con un escándalo de contratación en la actual administración, por cuenta del contrato 341 del 2022, mediante el cual el Instituto Departamental de Recreación y Deportes, Indersantander, bajo la dirección de Pedro Belén Carrillo, pagó casi $500 millones a una corporación agropecuaria del Chocó para adquirir, entre otros implementos deportivos, raquetas de tenis cuyo valor unitario superó los $3.8 millones, casi tres veces lo que cuesta la raqueta con la que juega el varias veces número uno del mundo, Rafael Nadal, y pelotas de tenis a $280 mil, valor que solo se podría comparar con las que se usan en el prestigioso torneo de Wimbledon.

La Unidad Investigativa de Vanguardia puso la lupa sobre los procesos contractuales adelantados por el Indersantander en el 2022 y encontró que las irregularidades en el contrato 341 son tan solo un eslabón en un presunto ‘carrusel’ de corporaciones con las que ha contratado ese instituto descentralizado y ejecutado presupuestos que superan los $2.700 millones en lo que va corrido del año.

‘Carrusel’ de irregularidades

El pasado 26 de mayo, Pedro Carrillo, director del Indersantander, firmó con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, Sotea, el contrato 341, por valor de $499 millones, para el “desarrollo e implementación institucional del programa de escuelas de especialización deportiva talento y reserva, dirigido a niños, niñas y adolescentes del departamento, potencializando el talento santandereano acorde al Plan Departamental de Desarrollo”.

Vanguardia revisó los precios de estos implementos deportivos en el mercado local y en internet encontrando que, por ejemplo, la raqueta de la marca y referencia con la que juega torneos oficiales el astro del tenis mundial, el español Rafael Nadal, tiene un costo de 260 euros, es decir, cerca de un millón 300 mil pesos, tres veces menos de lo que pagó el Indersantander por las raquetas para el programa de formación en cuestión, que según conocedores consultados, no son de la gama élite utilizadas por tenistas profesionales.

Por otro lado, las pelotas oficiales del Campeonato de Wimbledon, uno de los torneo más importante del tenis mundial, tienen un valor en el mercado de 12 euros, en promedio, unos $60 mil pesos, cuatro veces más de lo que canceló el Instituto de Deportes de Santander en el contrato con la corporación chocoana Sotea.

¿Certificaciones falsas?

Pero los sobrecostos no serían las únicas irregularidades que empañan el convenio 431. Así lo advirtió el Comité de Transparencia por Santander al señalar que el cuestionado contrato fue adjudicado a una corporación que no tendría la idoneidad para la ejecución del mismo.

Según el registro mercantil de la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, Sotea, entidad sin ánimo de lucro y de carácter gremial, tiene como objeto social “generar, fomentar, desarrollar soluciones y capacidades productivas, agropecuarias, ambientales, sociales y alianzas estratégicas con enfoque diferencial para fortalecer a las comunidades étnicas y rurales a través de innovaciones técnicas, agrícolas, pecuarias, ambientales y sociales, a fin de promover el uso sostenible de los recursos naturales para un desarrolla inclusivo en Colombia”, es decir, nada relacionado con el deporte.

Para poder ganar el proceso, en el cual se presentó como único oferente, Sotea expuso dos certificaciones de igual número de contratos en los que supuestamente realizó actividades similares a las exigidas por el Indersantander en el pliego de condiciones y así demostrar una experiencia en el tema deportivo.

En las certificaciones anexadas por Sotea en su propuesta, señaló que los dos contratos ejecutados fueron el 004 del 2016, en Piendamó, Cauca, y el Convenio 011 del 2015, en Mutatá, Antioquia. Sin embargo, en la revisión hecha por Vanguardia dichos contratos no aparecen registrados en ninguna de las dos plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, ni en las bases del Sistema Integral de Auditoría de la Contraloría General de la República.

El único sitio en el que aparecen los contratos es el Registro Único de Oferentes, no obstante, al momento de revisar dichos convenios, tampoco tienen afinidad con el objeto a ejecutar en el proceso con el Indersantander.

En el primer caso, se trata de actividades lúdico-pedagógicas para la prevención de situaciones problemáticas de infancia y adolescencia; y en el segundo caso, se trata de actividades formativas y recreativas para la salud mental y hábitos saludables.

“Como podrá observarse, estos objetos no hacen referencia a actividades relacionadas con escuelas de especialización deportiva, que es el objeto del convenio suscrito con el Indersantander en 2022. Por lo anterior, de las certificaciones allegadas por la Corporación Sotea, no se deduce que tenga la idoneidad necesaria para el cumplimiento del objeto del convenio, ni como cumplimiento de los requisitos legales, de acuerdo con lo estipulado por el decreto 092 de 2017”, explicó a esta Redacción Marcela Pabón, experta en contratación pública y vocera del Comité de Transparencia por Santander.

De ocho contratos que registra Sotea en el Secop, el 341 es el primero que obtiene en Santander. Ninguno de los otros convenios tiene relación con el sector deportivo.

Convocatoria exprés

La vocera de Transparencia por Santander además cuestionó la manera exprés cómo se llevó a cabo el proceso contractual.

“La publicación del proceso se hizo faltando 10 minutos para las 7 de la noche del 26 de abril (hora no hábil). Y de acuerdo al cronograma del proceso, se tuvo un solo día (27 de abril) para conocer el proceso y hacer observaciones, y solo se dieron dos días para hacer la propuesta (con cierre el 29 de abril), lo cual es muy poco tiempo, teniendo en cuenta el presupuesto y los requerimientos para la presentación de la propuesta”, señaló.

Lo anterior hace concluir a la experta que quienes se presentaron ya conocían los términos antes de su publicación, lo cual les habría permitido tener lista una propuesta en tan corto tiempo y no tener competencia, es decir que a menor tiempo de convocatoria menores posibilidades de un número plural de ofertas.

Con todo esto y como era de esperarse, la convocatoria pública INDERS-CAPIP-001-2022 del Indersantander, terminó adjudicándose a la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, Sotea, como único oferente.

Corporación imputada

Cuatro meses después, el Instituto de Deportes de Santander recurrió nuevamente a entidades sin ánimo de lucro para ejecutar millonarios contratos. Es así, como a través de la convocatoria pública INDERS-CAPIP-003-2022, aperturó el proceso licitatorio para el “Fortalecimiento del programa de deporte estudiantil y formativo a través del apoyo para la participación de deportistas santandereanos en los 43 juegos deportivos intercolegiados 2022”, por valor de $1.500 millones, para ser ejecutado en dos meses y medio.

A pesar del monto alto del contrato, el proceso por parte del Indersantander tardó solo tres días. El 20 de septiembre del 2022, a las 10:00 de la mañana, fueron publicados los estudios previos y la invitación al proceso. Tres días después, el 23 de septiembre, a las 6:00 de la tarde ya estaba suscrito el contrato.

De manera muy similar al proceso con Sotea, esta nueva convocatoria del Indersantander finalizó con la Corporación Orgullo Santandereano como el único oferente. Sin embargo, aquí llama la atención un nuevo elemento, este contratista no es desconocido para el clan Aguilar.

En 2015, la Unidad Investigativa de Vanguardia reveló como la Corporación Orgullo Santanderereano fue protagonista en presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios número 400, que tuvo un valor de $2.791.159.552, con el que se financió la participación de la delegación santandereana en los Juegos Nacionales.

Deportistas ‘fantasmas’, facturas irregulares, direccionamientos en el proceso licitatorio y modificaciones irregulares en el contrato, hacieron parte de las posibles inconsistencias denunciadas en ese convenio, firmado en ese momento por Camilo Rincón, director del Indersantander en la administración de Richard Aguilar, hermano del actual gobernador, Mauricio Aguilar.

En noviembre del 2020 la Fiscalía le imputó cargos a dos de los socios de la Corporación Orgullo Santandereano, Luis Fernando Naranjo Ortíz y Wilson Cartagena Bustos, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado, en el escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales en el 2015.

De hecho, Wilson Cartagena, imputado por la Fiscalía, aparece como representante legal de la Corporación Orgullo Santandereano en el nuevo contrato de $1.500 millones firmado este año con el Indersantander.

Por esos mismos hechos, la Fiscalía también le endilgó cargos a Camilo Iván Rincón León, exdirector del Indersantander.

“Se evidenció que en el contrato que tenía el objetivo de prestar los servicios como operador logístico, para la atención a los deportistas que representaron a Santander en los XX Juegos Deportivos y IV Para Nacionales, se habría presentado un peculado que asciende a los 648 millones de pesos. Según se pudo establecer el contratista se habría comprometido a desplazar 705 personas; sin embargo, al final dejaron de participar 191 deportistas en los Juegos Deportivos Nacionales”, informó en su momento oficialmente la Fiscalía.

¿Sin idoneidad?

Otra inconsistencia que pone en tela de juicio el proceso INDERS-CAPIP-003-2022 del Indersantander es la posible falta de idoneidad de la Corporación Orgullo Santandereano para ejecutar el contrato de los Juegos Intercolegiados.

Según el pliego de condiciones del proceso, los posibles oferentes que se quisieran postular debían acreditar ante la entidad contratante la certificación de experiencia a través de la presentación de hasta dos contratos cuyo objeto esté relacionado con organización de actividades deportivas y cuya sumatoria de valor fuera igual o mayor al 100% del presupuesto estimado, es decir $1.500 millones.

No obstante, el objeto social de la Corporación Orgullo Santandereano no tiene relación con la realización de eventos deportivos, de hecho, en el Registro Único Empresarial, RUES, la entidad sin ánimo de lucro registra que sus actividades principales están dirigidas a la realización de planes turísticos y transporte.

Por tal motivo, para este proceso en concreto Orgullo Santandereano presentó como experiencia en el sector el controvertido contrato 400 del 2015 el cual suscribió con el Indersantander, a través de una Unión Temporal, para prestar servicios como operador logístico de la delegación santandereana en los Juegos Nacionales, por $2.791 millones, el mismo convenio del escándalo y por el que se adelanta un proceso penal.

A pesar de las investigaciones contra Orgullo Santandereano y varios de sus socios, el Indersantander terminó adjudicándole el contrato 452 del 2022, por valor de $1.500 millones, para realizar toda la logística de los Juegos Intercolegiados en el departamento, un contrato que debe ser ejecutado dos meses y medio.

“Convenios innecesarios”

Para el ingeniero Rodrigo Fernández, consultor en contratación y expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, el suscribir estos convenios con entidades que no son idóneas para la ejecución de los mismos es otra forma de desviar recursos públicos y seguir condenando al atraso a los deportistas de la región.

“Hacer convenios con una asociación para comprar cosas que no vende esa asociación, es una tontería y una evidente falta de planeación contractual. Es innecesario tercerizar la comprar las dotaciones deportivas cuando directamente el Indersantander lo podría hacer con las tiendas deportivas. Ahora, si yo quiero fomentar la formación de los deportistas de la región, lo lógico sería que los convenios fueran con con las ligas de cada disciplina, pero ligas de acá y no del Chocó. ¿Yo que hago comprándole a una fundación del Chocó bolas para que las traiga a Bucaramanga?”, cuestionó Fernández.

En la Asambleade Santander ya se alista un debate de control político a las presuntas irregularidades contractuales que se estarían presentando en el Indersantander. También se han anunciado protestas de grupos de deportistas locales.

‘Bici-tando’ inconsistencias

El pasado 10 de octubre el Indersantander firmó el contrato 555 del 2022, mediante el cual suscribió con la Corporación para la Investigación, Desarrollo y Liderazgo, Consolidar, el convenio para “realizar el primer campeonato de ciclo montañismo ‘Bici-tando’ en Santander”, por valor de $600 millones, contrato que debe ser ejecutado en dos meses y medio.

Según los estudios previos del proceso, el contratista debe realizar cuatro válidas de ciclomontañismo en diferentes provincias de Santander, con al menos 400 ciclistas inscritos y su respectiva premiación, lo que para expertos en la materia, exige meses de preparación para trazar los recorridos, el proceso de inscripción y la ejecución de la carrera como tal.

A pesar de la complejidad del objeto contractual, el Indersantander también le habría otorgado este millonario convenio a una corporación que no cuentaría con la idoneidad para su ejecución.

El Registro Mercantil de la Corporación Consolidar señala que esta entidad sin ánimo de lucro tiene como finalidad “desarrollar y promover investigación de la más alta calidad y la formación de líderes en Colombia, el desarrollo del pensamiento crítico y la práctica del diálogo constructivo, con el fin de contribuir a la consolidación de una sociedad más justa y tolerante, mediante la formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos de orden específico, social, económico, tecnológico, productivo, comunicativo, académico, de gestión y paz”.

Para poder quedarse con el millonario contrato, Consolidar, presentó en la convocatoria pública dos certificados de experiencia, el 0617 del 2014 con la Alcaldía de Barrancabermeja y el contrato de prestación de servicios 004 del 2022 con la Fundación Redprodepaz, sin embargo, al ser verificados ambos contratos, ninguno de ellos tiene relación alguna con el sector deportivo ni mucho menos con la realización de carreras de ciclismo.

Aún así, la Corporación Consolidar se quedó con el millonario contrato.

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