lunes, 26 septiembre 2022
domingo 31 de julio de 2022 - 12:00 AM

Unidad Investigativa: Conectante C1 - C2, otra fallida autopista 4G para Santander

La autopista 4G entre Bucaramanga - Pamplona en la que se pensaba invertir más de $1,4 billones, terminó sin un solo metro de construcción y una afectación ambiental de 5.600 árboles deforestados en los cerros orientales de Floridablanca.

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Aunque nació como una de las grandes promesas de solución vial para el departamento, la autopista de cuarta generación Bucaramanga - Pamplona, con una inversión de $1,4 billones, para ser ejecutado en 34 meses, terminó convertido en un elefante blanco que jamás arrancó en forma, pero sí dejó un gran pasivo ambiental en el área metropolitana.

Además: ¿Cuándo caducará el contrato de la vía Bucaramanga - Pamplona?

Según los últimos reportes entregados por el Concesionario Autovía Bucaramanga - Pamplona y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la vía nacional, la principal arteria para el transporte entre Venezuela y el interior de Colombia, solo cuenta con un avance de obra cercano al 11%, cuando el plazo de ejecución está a punto de culminar y no hay un cierre financiero.

Mientras que algunos colectivos le piden al gobierno entrante de Gustavo Petro liquidar el proyecto y desistir definitivamente de la Conectante C1 - C2 a través de los cerros orientales de Floridablanca, otros sectores aguardan que la iniciativa de infraestructura pueda recibir la ‘licencia social’ de la comunidad para que un nuevo consorcio pueda asumir y terminar el controvertido megaproyecto.

Concesión controversial

En abril del 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, adjudicó el contrato para construir la Autopista 4G Bucaramanga - Pamplona, proyecto que hacía parte de la Tercera Ola de Cuarta Generación del Gobierno Nacional, el cual se ejecutaría a través de una Alianza Público Privada, APP, por valor superior a los $1,2 billones.

La millonaria megaobra le fue adjudicada a CSS Constructores S.A, consorcio integrado por el polémico contratista Carlos Alberto Solarte Solarte y su firma Constructores S.A. La inversión inicial era de $618.251 millones.

En junio de ese mismo año, el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, firmó el contrato de concesión a través de APP a la Concesionaria Autovía Bucaramanga, representado legalmente por Jorge Alejandro González Gómez, para la ejecución del megaproyecto vial entre la capital santandereana y Pamplona, por una inversión final de $1.4 billones.

A pesar de que el Concesionario Autovía es representado legalmente por González, el megaproyecto continuaba perteneciendo a Carlos Alberto Solarte Solarte y su firma Constructores S.A.

Justo cuando el proyecto se encontraba en su fase de preconstrucción, Carlos Solarte y sus empresas comenzaron a ser investigadas por la justicia colombiana, vinculándolo con el escándalo de corrupción de Odebrecht, el cual también salpicó a Andrade, quien adjudicó el contrato de la autopista 4G.

Carlos Solarte fue imputado por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos, por presuntamente haberse asociado a través de sus empresas CASS Constructores & CÍA. S.C.A. con la firma brasileña Odebrecht, para pagar millonarias coimas y adjudicar el contrato del túnel Tunjuelo - Canoas, por más de $243.717 millones.

La situación judicial de Solarte complicó que él y sus empresas tuvieran acceso al sistema financiero del país. Como el megaproyecto vial de la autopista 4G de Bucaramanga - Pamplona se adjudicó a través de una APP, el concesionario, en este caso Solarte, es el responsable de poner los recursos para la ejecución del proyecto y, posteriormente, pide la devolución de la inversión más sus respectivas ganancias a través de la administración de los peajes que queden instalados sobre ese eje vial.

“El Instituto Anticorrupción lo que le ha solicitado al Gobierno Nacional es que se liquide el contrato, cuanto antes, pero también le estamos pidiendo que señale quién se va a encargar del pasivo ambiental con más de 5.800 árboles que talaron”, explicó Alejandro Alvarado, representante legal de esa organización.

El veedor indicó que el problema de que ese proyecto nunca haya tenido cierre financiero no fue del Estado, sino de los líos jurídicos de Solarte.

“Al ser Carlos Solarte el dueño de Autovía, como él se enlodó con el tema de Odebrecht, ningún banco les prestó dinero para financiar el proyecto que costó más de $1,4 billones. Él ha intentado en varias oportunidades venderlo, pero no lo logró”, aseguró Alvarado.

Lea también: Obras de la Conectante C1-C2 se estancaron en el 2%

Pasivo ambiental

Una vez firmado el contrato de concesión, la Anla le entregó a Autovía Bucaramanga - Pamplona la administración del peaje del Picacho, ubicado en el kilómetro 48 en la vía a Pamplona.

Mientras buscaba los recursos para solventar la ejecución del megaproyecto, el Concesionario Autovía Bucaramanga comenzó con la gestión predial por donde se ejecutarían los 13 kilómetros de carretera nueva desde Floridablanca y el kilómetro 8 vía a Cúcuta, atravesando las veredas Guayanas (cerca a la Universidad Pontificia Bolivariana), Casiano, Helechales (al lado de El Santísimo) y Vericute, para finalmente empalmar con la vía nacional.

Con la gestión predial lista y con la licencia ambiental aprobada por la Anla, el concesionario comenzó con la tala de árboles por el sector dónde iría la obra vial, comenzando trabajos en la vereda de Casiano, a solo 15 minutos del casco urbano de Floridablanca, donde fueron afectados 5.600 árboles, según la ANI.

“El proyecto termina en el kilómetro 8, solo unos kilómetros arriba de Morrorrico. El tráfico pesado procedente de la Costa y de Medellín circulará hasta el Anillo Vial hasta la Pontificia, tomando así la conectante (C1 - C2) que atraviesa los cerros orientales. Esta vía fue diseñada sin la participación de la comunidad, quienes hemos manifestado los riesgos críticos que afectará la calidad de vida de los habitantes del área con la deforestación de más de 16 mil árboles en los cerros, la afectación de por lo menos 50 nacimientos de agua y afectando su biodiversidad y contaminando el aire por el tráfico de vehículos”, expuso el colectivo No a la Conectante C1 - C2.

Según la licencia ambiental, la compensación de los daños ambientales que se produzcan con la ejecución de la obra de construcción de la autopista 4G, se deberá realizar en los municipios de Rionegro y Matanza.

11%

de ejecución física de la autopista 4G Bucaramanga - Pamplona registra en la actualidad el contratista del proyecto.

Futuro incierto

Ante la imposibilidad de conseguir recursos por parte de la banca, inversionistas nacionales o de otros países para poder comenzar con las obras de la autopista 4G entre Bucaramanga y Pamplona, el empresario Carlos Solarte comenzó a buscar posibles interesados en comprar el megaproyecto vial, para evitar el siniestro del mismo y verse expuesto a posibles demandas.

Es así como en febrero del 2020, la firma australiana Macquarie comenzó el trámite ante la ANI para obtener la concesión de la Autovía Bucaramanga - Pamplona, la cual actualmente está a cargo de Solarte.

“Ya han llegado a un acuerdo y están en trámite interno con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Para la incorporación o adición de este tipo de contratos tenemos unos requisitos, pero no afectará el desarrollo del proyecto”, explicó en su momento la ANI.

Sin embargo, solo unas semanas después comenzó la pandemia por el COVID-19 y detuvo todo el proceso.

Aunque en los últimos meses la firma australiana ha manifestado nuevamente su interés por ejecutar el proyecto 4G, la falta de la ‘licencia social’ por parte de la comunidad florideña se ha convertido en el principal obstáculo para que Macquarie asuma la concesión.

“Al no ser ejecutable, financieramente no es ‘banqueable’. Es decir, no hay entidad que preste los recursos para su construcción. Hasta el momento el proyecto se había adelantado con recursos propios, pero llegó el momento de apalancarlo y no ha sido posible por lo expuesto anteriormente. Estamos a la espera de superar este problema para darle viabilidad al proyecto, esto debe ser de manera conjunta con la ANI”, manifestó en su momento el Concesionario Autovía Bucaramanga Pamplona.

A pesar de la solicitud de veedurías como el Instituto Anticorrupción y las organizaciones de protección ambiental que están pidiendo la liquidación del contrato de la Conectante C1 - C2, otros expertos en infraestructura piden guardar la calma y no dejar que el megaproyecto sea liquidado.

“Este es un proyecto supremamente importante para Santander y en especial para Bucaramanga. Justo en el momento en que el Gobierno entrante está entablando relaciones para reabrir la frontera con Venezuela, país que históricamente ha sido el principal socio comercial de Bucaramanga, no vamos a tener la vía 4G para poder transportar nuestros productos. El daño ambiental ya está hecho y tendrá que ser compensado por el contratista, pero no es posible que ahora nos vayamos a quedar con la afectación ambiental y sin la obra. Sería un grave error para el desarrollo de la región”, consideró Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI.

Otras voces piden que se mantenga el proyecto, pero que se replantee su trazado como lo expuso en su momento un estudio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, CCB, que señala que la autopista 4G Bucaramanga - Pamplona se podría aprovechar de mejor manera desviándola desde el municipio de Piedecuesta, atravesando la vereda Sevilla para conectar al kilómetro 39 de la vía a Cúcuta.

Esto se haría “aprovechando de mejor manera el Anillo Vial Externo entre Piedecuesta - Girón y desviando el tráfico pesado de la autopista entre Piedecuesta - Bucaramanga, una de las vías más transitadas del área metropolitana”, plantea el estudio.

Esta redacción intentó comunicarse con la ANI para conocer cuál será el futuro de la autopista 4G Bucaramanga - Pamplona, pero no fue posible la comunicación.

Le puede interesar: Concesión 4G Bucaramanga-Pamplona no consideró plan vial del área: SSI

Sanciones y demandas

El pasado mes de junio, la Agencia Nacional de Infraestructura impuso una multa por más de $6.388 millones a la Concesionaria Autovía Bucaramanga - Pamplona, por incumplir las obligaciones del contrato de concesión, debido al no fondeo de varias subcuentas como las de Interventoría y Supervisión; Masc; y Policía de Carreteras del Proyecto Bucaramanga - Pamplona.

“La persistente inobservancia de obligaciones a su cargo dio lugar a que se le declarase el incumplimiento contractual, se le impusiere la multa y se afectase la póliza de cumplimiento, en caso de que el concesionario no realice el pago. La sanción impuesta fue objeto de recurso”, argumentó la ANI.

Si bien esta es la primera sanción que el Estado le impone al Concesionario Autovía Bucaramanga - Pamplona, a finales del año pasado la Agencia Nacional de Infraestructura le confirmó a Vanguardia que la entidad también evalúa la posibilidad de declarar la caducidad del contrato y dar la terminación anticipada del mismo.

“Lo que estamos adelantando es un proceso de caducidad, no es un proceso sancionatorio ordinario. Este proceso viene avanzando acorde con lo previsto en el contrato de concesión. Por supuesto, tenemos que respetar todas las garantías procesales. Las decisiones que se profieren se dan a través de actos administrativos, que son públicos y respetan las garantías, sobre todo en este caso que se trata de la máxima sanción existente en el ordenamiento jurídico, ya que la caducidad conlleva a la terminación anticipada del contrato y del pago de la cláusula penal. Hablamos de una decisión muy importante y debemos ser prudentes”, señaló en su momento la ANI.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso le confirmaron a la Unidad Investigativa de Vanguardia que actualmente el concesionario, propiedad de Carlos Solarte, adelanta un laudo arbitral en contra de la ANI por la imposibilidad en la construcción de la Conectante C1 - C2, de autopista 4G.

Esta redacción intentó confirmar esta información con Autovía Bucaramanga - Pamplona, pero al cierre de esta edición el contratista no se había referido al tema.

“No es que ahora le vengan a echar la culpa a los vecinos de las veredas de los cerros de Floridablanca que se iban a ver afectados por esta obra, (culparlos) de que ese proyecto no hubiera prosperado, porque esa culpa es única de concesionario que desde el principio no tuvo los recursos ni el prestamista que le apalancara el proyecto, razón por la cual nunca tuvieron cierre financiero. El presidente Petro ya conoce muy bien lo que está sucediendo con este fallido proyecto. Esperamos que el compromiso sea por los cerros (orientales) y si hay nuevo trazado, que sea por Piedecuesta”, agregó Alejandro Alvarado.

$!Unidad Investigativa: Conectante C1 - C2, otra fallida autopista 4G para Santander
$2.610

millones se comprometió a pagar Autovía Bucaramanga Pamplona como comisión de éxito por quedarse con la Concesión vial.

Tres peajes en 133 kilómetros

Con una inversión de $1,4 billones, el proyecto Bucaramanga – Pamplona cubre una distancia de 134,2 kilómetros y contempla la construcción de 22 puentes vehiculares y 2 peatonales; el mejoramiento de un puente vehicular; la construcción de 14,6 kilómetros de calzada sencilla; el mejoramiento de 100,6 kilómetros de mallas asfáltica; la rehabilitación de 19 kilómetros y tanto la operación como el mantenimiento de 134,2 km.

A pesar de tratarse de un proyecto 4G, la iniciativa no contempla la construcción de doble calzada en ninguno de los tramos viales entre Bucaramanga y Pamplona.

En el trazado de los 133 kilómetros quedarían instalados tres peajes para financiar la obra y de esta manera Autovía Bucaramanga - Pamplona buscaba recuperar su inversión y obtener utilidades.

Las casetas de cobro estarían ubicadas en el kilómetro 16, denominado “Villa José”, el segundo estaría ubicado en la Unidad Funcional número 4, cerca a Pamplona, y sería llamado “Mutiscua”. El tercero, es el peaje de El Picacho, ubicado en el kilómetro 48 de la vía a Cúcuta, en pleno Páramo de Santurbán.

Una vez firmado el contrato en 2016, el concesionario Autovía Bucaramanga - Pamplona asumió la administración y operación de la caseta de cobro de El Picacho.

La operación de los peajes estaba proyectada para quedar a cargo de Carlos Solarte por los próximos 25 años, inicialmente, con posibilidad de prórroga.

Prima de éxito

La Unidad Investigativa de Vanguardia pudo conocer que dentro del contrato de concesión para la construcción de la autopista 4G, el concesionario Autovía Bucaramanga - Pamplona se comprometió a pagar una prima de éxito por la suma de $2.610 millones al Consorcio Estructuración Vial.

El mencionado consorcio fue el megacontratista en temas de infraestructura en el gobierno de Juan Manuel Santos, línea que era manejada en ese momento por el vicepresidente, Germán Vargas Lleras. Este logró adjudicarse un contrato de estructuración por $45.287 millones.

Estructuración Vial es un consorcio italocolombiano, conformado por las firmas Anas S.P.A, con el 60 %; Progin S.P.A, con el 20% (ambas firmas italianas); y C&M Consultores S.A., con el 20 %.

Entre las obras que ejecutó el Consorcio Estructuración Vial se encuentra el Corredor Bogotá – Bucaramanga - Pamplona: que incluye las variantes de San Gil, Barbosa y Socorro. También el mantenimiento, rehabilitación y operación del corredor. Se estima que la inversión alcanza los $ 5,13 billones aproximadamente.

La variante de San Gil es otra de las obras viales incumplidas por el Gobierno Nacional en Santander.

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