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En tan solo un año, entre 2009 y 2010, y con una estrategia de falsificación de cheques y adulteración de facturas, se habría llevado a cabo un multimillonario desfalco en las arcas del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea, en el marco de la fallida construcción del portal de ‘Papi Quiero Piña’, conocido como PQP, ubicado en la autopista entre Bucaramanga y Floridablanca, una obra calificada por la Contraloría General de la República como un ‘elefante blanco’ de $98 mil millones.
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Vanguardia tuvo acceso a una sigilosa investigación realizada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, con sede en Bogotá, en la que se detalla cómo a través de una estrategia criminal se habrían desviado al menos $1.038 millones que provenían de un porcentaje del recaudo del sistema de transporte masivo, y que debían hacer parte de los recursos para la construcción del portal PQP, pero que, según la acusación de la Fiscalía, terminaron de manera irregular en los bolsillos de tres exdirectivos de Estaciones Metrolínea, consorcio que debía contruir el portal y el patio taller para los buses del Sitm.
Aunque el proceso judicial ha avanzado y estaba previsto se realizara la audiencia de acusación contra Daniel Carvajal Rey, Daniela Patricia Gil López y Pablo Emilio Bustamante Arango, los tres sindicatos de haber incurrido en el delito de peculado, la diligencia judicial tuvo que ser aplazada porque el fiscal del caso tuvo que entregarlo, debido a que se pensionó. Ahora el funcionario judicial que asumió la acusación deberá retomar el caso y oficializarla en audiencia.
La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso al escrito de acusación radicado en su momento por el Fiscal 38 de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, en contra de los tres exdirectivos de Estaciones Metrolínea, consorcio integrado por las empresas Vergel y Castellanos S.A., (relacionada comercialmente con los hermanos Nule, condenados por los escándalos de corrupción en la administración de Samuel Moreno en Bogotá), y la companía Urbanas S.A., unión de empresas a la que se concesionó la construcción de la estación de Metrolínea, los patios de operación y los talleres del sistema, ubicados en Floridablanca, en el sector conocido como ‘Papi Quiero Piña’. Las obras que fueron presupuestadas en su momento en $96 mil millones.
En la concesión se acordó que los $96 mil millones que costaría la construcción de la Estación PQP, serían girados por parte del Ente Gestor a la cuenta corriente de Estaciones Metrolínea con la transferencia del 11.75 % del recaudo del sistema, a medida que se fueran ejecutando las obras.
Según la imputación de la Fiscalía, los exdirectivos de Estaciones Metrolínea, aprovechando el poder que se les había conferido como representantes legales del consorcio, habrían creado toda una estrategia criminal para lograr el desvío de los recursos públicos por más de mil millones de pesos en tan solo un año.
Los implicados, señala la Fiscalía, habrían utilizado un sutil pero efectivo mecanismo para lograr su objetivo. Primero, pagaron cheques que iban dirigidos a la cuenta corriente de Estaciones Metrolínea a terceros, utilizando incluso a mensajeros y escoltas de una de las empresas consorciadas. Una vez desviados los recursos, se habrían registrado los cheques en cuestión en la contabilidad del concesionario para legalizar los recursos; y como tercer paso, los endilgados habrían adulterado la propia contabilidad de Estaciones Metrolínea para cubrir cualquier rastro del ilícito.
“Se ejecutaron varias actividades para la apropiación de los recursos, lo que condujo a una división de trabajo entre los imputados, con el debido conocimiento de ejecución de conductas ilícitas que comprendió; primero, colocar como beneficiarios de los cheques a Pablo Emilio Bustamante, socio de Daniel Carvajal Rey en otras empresas y los empleados de Urbanas, Mauricio Villar Romero y Óscar Jesid Niño Celis. Segundo, se registraron estos cheques en la contabilidad de la empresa Metrolínea Ltda; y tercero, se cambiaron las anotaciones en los registros en el sistema contable por la empresa Ingsas, la cual presentó la factura No 0078 de 2009, con el objeto de cambiar en el sistema contable los beneficiarios, por servicios que nunca realizó”, se lee en el escrito de acusación.
Para la Fiscalía, el desfalco a Metrolínea estuvo liderado por Daniel Carvajal Rey, quien para la época de los hechos actuaba como gerente de la firma concesionaria, y Diana Patricia Gil López, subgerente de Estaciones Metrolínea Ltda, quiénes eran los autorizados para la firma de cheques de la empresa.
Una vez los recursos llegaban a la cuenta corriente del banco, a nombre de Estaciones Metrolínea, producto del porcentaje del recaudo mensual, aprovechando su condición de representantes legales, Carvajal Rey y Gil López, habrían expedido once cheques a favor de Mauricio Villar Romero y Óscar Jesid Niño Celis, mensajero y escolta de Urbanas, respectivamente; y Pablo Emilio Bustamante Arango, socio de Daniel Carvajal en las empresas, Ruitoque S.A. ESP y Energía y Agua SAS ESP, empresas que han estado mencionadas en otros casos de presuntas irregularidades.
Los peritos del CTI establecieron que a Mauricio Villar Romero se le giraron $538 millones, en varios cheques, de los cuales Villar cobró cuatro, mientras que dos los endosó a favor de Óscar Jesid Niño Celis por valor de $153 millones.
Por su parte, a Pablo Bustamente se le habrían girado cuatro cheques, por valor de $400 millones. Estos fueron endosados a Mauricio Villar Romero, quien realizó el respectivo cobro de los títulos de valor.
“Como se indicó, la investigación estableció que se creó un método para disponer ilícitamente de los recursos del contrato girándolo a diferentes personas que no prestaron servicios o vendieron bienes a la empresa Estaciones Metrolínea Ltda. En este caso, el desarrollo normal de una operación, venta de bienes y servidos a la empresa, se plasmaba en facturas de venta y posterior registró a nombre de esta persona natural o jurídica y la cancelación a la misma o quien se autorice”, se lee en uno de los documentos del proceso judicial.
Así mismo, la Fiscalía logró establecer que si bien los once cheques fueron hechos efectivos por parte de Mauricio Villar Romero y Óscar Jesid Niño Celis, una vez cobrados los empleados de Urbanas habrían realizado la entrega de los dineros a Pablo Emilio Bustamante Arango.
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Una vez cobrados los cheques, los exdirectivos de Estaciones Metrolínea habrían recurrido a Bernarda Ramírez Plata, una contadora empírica (sin título profesional), para adulterar los registros contables y que de esa manera, en el papel, apareciera que los títulos valores habían sido cobrados por una empresa ‘fantasma’, que según las pesquisas de las autoridades, jamás ejecutó trabajo alguno en el portal PQP.
“Como se indicó, para dar apariencia de legalidad, es decir, que los recursos se habían girado a persona natural o jurídica que había vendido un bien o servicio, usaron a la empresa Ingsas, pero tanto la contabilidad de la empresa Estaciones Metrolínea como los títulos valores demostraron que los recursos fueron girados por los representantes legales de la empresa Estaciones Metrolínea Ltda al señor Pablo Emilio Bustamante, socio del señor Daniel Carvajal Rey en otras empresas y empleados de la empresa Urbanas, señores Mauricio Villar Romero y Óscar Jesid Niño Celis”, dicta el escrito de acusación radicado por el fiscal del caso.
Ramirez Plata, hacia las contabilidades de las empresas Urbanas e Ingsas.
Ingenieros SAS, Ingsas, empresa que habría sido utilizada para legalizar los recursos desviados de las arcas de Estaciones Metrolínea, era representada legalmente para la época de los hechos por Julián Edgardo Acosta Silva.
Una de las particularidades encontradas por los agentes del CTI fue que todas las facturas del año 2009, fueron presentadas el 12 de diciembre de esa vigencia, a excepción de la factura 0078, que fue presentada el día 26 de diciembre de 2010, la cual tiene recibido de Estaciones Metrolínea, con fecha 20 de enero de 2010, evidenciando las inconsistencias en los registros contables.
“A de recordarse que el contrato que soporta las facturas presentadas por Ingsas tiene fecha 01 de febrero de 2010, cuando los anticipos aparecen cobrados el 15 de enero de 2009, es decir, un año antes de realizado el contrato”, concluye el fiscal, tras el peritaje de los investigadores.
millones habrían sido desviados irregularmente de las arcas de Estaciones Metrolínea a favor de unos particulares.
La Fiscalía 38 de la Dirección Especializada Contra la Corrupción realizó imputación el 21 de junio de 2022 en contra de Diana Patricia Gil y Pablo Bustamante. Tres semanas después, el 18 de julio de 2022, le endilgó cargos a Daniel Carvajal.
Con el mismo contexto judicial la Fiscalía presentó su acusación, como coautores del delito de peculado por apropiación a favor terceros, contra Daniel Carvajal y Diana Patricia Gil. Así mismo, acusó a Pablo Emilio Bustamante como determinador del delito de peculado por apropiación en favor propio.
“Para los mencionados acusados, también se exponen circunstancias de mayor punibilidad, conforme al artículo 58, numeral 10, de coparticipación criminal, pues, como se denota de la conducta ejecutada, con división de trabajo y mancomunadamente, a sabiendas de la ilicitud de la conducta, dispusieron de los recursos de la sociedad con cargo al contrato de concesión y por ende causaron un perjuicio económico a la sociedad gestora, ya que sin la firma de los títulos valores y entrega al señor Bustamente Arango de los recursos obtenidos, así como la recepción de los recursos por parte del señor Bustamante Arango, mediante la utilización de los empleados de la compañía, no se habría realizado la apropiación de los recursos”, se lee en el escrito de acusación de la Fiscalía.
Por ahora el fiscal del caso no ha solicitado medida privativa de la libertad en contra de los imputados. Ninguno de los tres investigados aceptó cargos.
El pasado martes 21 de marzo se iba a dar comienzo en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga la audiencia de acusación en contra de Diana Gil, Daniel Carvajal y Pablo Bustamante, la diligencia tuvo que ser aplazada ya que José Gilberto Romero Vásquez, fiscal encargado del proceso, se pensionó, y a la diligencia no asistió el fiscal Jorge Alemán, quien reemplazó al fiscal Romero en este proceso.
Por tal motivo, la juez reprogramó la diligencia de preparación del juicio oral para el próximo 27 de junio a las 10:00 de la mañana.
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Consultado por Vanguardia, el abogado constitucionalista, Alfonso Gómez Alba, apoderado de Pablo Emilio Bustamante, aseguró que existen varias inconsistencias en el proceso penal contra su apoderado, comenzando por los motivos de la propia investigación hasta los delitos que se le endilgan.
“Acá se quiso hacer un show mediático por parte de la Fiscalía que se remonta al 2010, ya que uno de los socios de Estaciones Metrolínea tenía relación comercial con los Nule (Vergel Castellanos). Al principio querían imputar a una gran cantidad de personas y al final solo terminaron endilgando a tres personas, dos de ellas empleadas de Urbanas, que en realidad no hicieron nada irregular ni ilegal, porque acá hay que tener claro que esto era una concesión donde el privado (Estaciones Metrolínea), puso $97 mil millones y después Metrolínea sí le reembolsaba esos recursos vía tarifa. Es decir, los dineros eran privados”, indicó Gómez Alba.
Para el abogado defensor, los $1.038 millones de los cheques no provinieron de recursos públicos como alega el ente acusador, por tanto los delitos que le imputan a su defendido no existen.
“La Fiscalía dice que los recursos que entraron a Estaciones Metrolínea provenían del Banco Mundial, pero no ha podido demostrar que efectivamente la trazabilidad financiera y las cuentas bancarias de donde provenían esos recursos efectivamente fueran del Banco Mundial porque así no se realiza ese tipo de trámites”, agregó el abogado.
Finalmente, Gómez Alba señaló que Pablo Emilio Bustamante no recibió recurso alguno de los $1.038 millones que salieron de las cuentas de Estaciones Metrolínea.
“El doctor Pablo Emilio era el gerente de Ruitoque ESP, que tenía su oficina en el Centro Comercial Cañaveral, los dos empleados de Urbanas, que era una de las socias de Estaciones Metrolínea, cobraron los cheques en el BBVA de la Cañaveral y posteriormente le entregaron esos recursos a Daniel Carvajal en las oficinas de Ruitoque ESP. El doctor Bustamante no recibió recurso alguno”, puntualizó el defensor Gómez.
Esta redacción intentó comunicarse con Álvaro Francisco Luna, abogado defensor de Diana Patricia Gil, pero no hubo respuesta por parte del profesional jurista.
Igualmente, la Unidad Investigativa trató de contactar a Ricardo Calvete, abogado apoderado de Daniel Carvajal, pero no fue posible una respuesta sobre este caso.
Siete años después del laudo arbitral que perdió Metrolínea por la fallida construcción de la estación de Papi Quiero Piña, PQP, el ente gestor aún no ha pagado, ni total, ni parcialmente la obligación, por falta de liquidez.
Según el fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, emitido el 18 de febrero de 2016, Metrolínea está obligado a cancelar a Urbanas - Estaciones Metrolínea, $134.147 millones, más intereses, como compensación por la suspensión de las obras de construcción de todas las obras de Papi Quiero Piña en Floridablanca.
El Tribunal determinó que Metrolínea tendría 18 meses para pagar el 50 % del monto total de la condena, es decir, una cifra cercana a los $70 mil millones. El plazo se cumplió el 9 de septiembre de 2022, una vez ejecutoriada la decisión del laudo arbitral.
Para la Contraloría General de la República, la fallida construcción del portal de Metrolínea Papi Quiero Piña, es uno de los ‘elefantes blancos’ de Santander, con un valor total de $98.499 millones, que tiene un avance físico de solo 24 % y financiero de 41 %, y es considerado como una obra inconclusa.
Según datos oficiales, las deudas de Metrolínea alcanzan los $300.000 millones, razón por la cual el ente gestor es inviable y está al borde de su liquidación.
Según Metrolínea, del total de esta deuda, $149.000 millones corresponden a la fallida construcción del portal PQP en Floridablanca, que el ente gestor perdió en una disputa legal y que deberá desembolsar como compensación al contratista.
Así mismo, otra de las millonarias obligaciones corresponde a la deuda con el concesionario Movilizamos, a quien Metrolínea le debe cerca de $111 mil millones.
