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El próximo seis de mayo se cumplen nueve años desde que la administración del alcalde Luis Francisco Bohórquez expidió el Decreto 009 del 2014, mediante el cual ordenó la construcción del Par Vial de la calle 54 en Bucaramanga, hasta ahora un fallido proyecto vial enmarcado dentro del Plan Maestro de Movilidad 2010 - 2030.
Según el proyecto inicial, la conexión vial de oriente - occidente, comenzando en el barrio Cabecera y terminando en el Mutis, tendría un costo cercano a los $78 mil millones y sus obras se desarrollarían en un plazo máximo de 24 meses. Posterior a la expedición del Decreto 009 del 2014, la administración Bohórquez promulgó un nuevo acto administrativo, esta vez el Decreto 086 del 2014, a través del cual declaró de utilidad pública e interés social a 116 predios que necesitaban ser intervenidos para construir el Par Vial.
Sin embargo, las demandas al Acuerdo 075 del 2010, mediante el cual el entonces alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, decretó el cobro de valorización para financiar el Plan Maestro de Movilidad, y las fallas en la gestión predial, terminaron condenando el megaproyecto del Par Vial de la 54 a ser solo una utopía.
Casi una década después, la administración municipal actual busca revivir el fallido proyecto pero ahora surge un nuevo lío: Vanguardia conoció varias denuncias de presuntas modificaciones catastrales que devaluaron de manera exponencial los predios por donde se debe construir la megaobra.
Mientras el Par Vial de la 54 continúa siendo solo una iniciativa, los propietarios de varios predios afectados por la declaratoria de utilidad pública desde hace nueve años, situación que les impide hacer uso comercial de sus propiedades, denuncian una exponencial desvalorización de sus bienes debido al cambio abrupto del avalúo de sus propiedades ya que dicen que “de la noche a la mañana” sus predios fueron cambiados de uso urbano a rural, sin previo aviso o socialización por parte del gobierno local.
“Es supremamente injusto todo lo que han hecho con nosotros. Desde el 2010 no podemos hacer nada con nuestra propiedad, mi abuela murió por toda esta situación y ahora nos venimos a enterar que de la noche a la mañana nuestra propiedad cambió de ser urbana a rural por una decisión autoritaria de la Alcaldía, y aunque hemos solicitado una respuesta oficial, esta es la hora que no nos han dicho nada al respecto”, contó a esta redacción Marcela Chaín, quien hace parte del grupo de afectados en el barrio Gómez Niño, al occidente de la ciudad.
Según el registro catastral del predio de la afectada, mientras para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, la propiedad era de tipo urbana, para el 2021 la vivienda pasó a ser rural, reduciendo drásticamente su valor comercial pasando de tener un avalúo catastral de $93 millones en 2020 a $18 millones, en 2021. Es decir, redujo su valor comercial en 80 %.
“Curiosamente nos hacen este cambio irregular justo cuando la Alcaldía se le dio, después de 13 años, ahora sí comprarnos las casas porque ahora sí van a construir las obras. Yo no me opongo al proyecto vial, pero no es justo que nos afecten el predio desde el 2010, nos siguen cobrando los impuestos como predio urbano, jamás hacen el Par Vial y ahor que se deciden a comprarnos las viviendas para construir, deliberadamente nos cambien el valor catastral para pagarnos mucho menos por nuestras propiedades”, agregó Chaín.
La Unidad Investigativa de Vanguardia conoció una de las respuestas oficiales que la administración municipal le entregó a otro de los habitantes del barrio Gómez Niño afectado por el cambio del uso del suelo.
En el documento, la subsecretaria de Planeación municipal, Elsa Liliana Arias, certificó que el predio se encuentra clasificado como rural de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, expedido en el 2014.
“De acuerdo a lo anterior, se informa que el predio objeto de la solicitud, ubicado en la calle 55 del barrio Gómez Niño, antiguo Aeropuerto, conforme a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante Acuerdo Municipal 011 del 2014, se encuentra dentro de la clasificación de suelo rural, en la categoría rural de protección; en la zona de suelo rural tiene asignado la clasificación Drmi general de uso público”, dice el documento.
Marcela Chaín, afectada, cuestiona: “Si existía ese cambio desde el POT del 2014, ¿por qué solo hasta el 2021, justo cuando la Alcaldía ahora sí quiere comprar los predios que no nos han dejado disfrutar desde el 2013. ahora sí les aplica el Drmi? ¿para pagarnos mucho menos por nuestras propiedades?”.
Pero las inconsistencias en los avalúos catastrales también se extienden a otros barrios como lo advirtió Vanguardia a comienzos del año, cuando residentes del barrio La Concordia, como la señora Ligia Medina Lasprilla, quien tiene una vivienda situada en la calle 54 No. 19-23, que hace poco más de dos años tenía un avalúo catastral que alcanzaba los 429 millones 285 mil pesos, y ahora en el recibo que le acaba de entregar el Municipio el nuevo avalúo es de 231 millones 86 mil pesos.
De acuerdo con César Flórez, líder cívico de la Comuna 6, con el proyecto de acuerdo que se presentó al Concejo de Bucaramanga, “la Alcaldía argumenta nuevos estudios y reajustes en diseños de esta obra, lo que aumenta la ejecución tanto en costos como en tiempo”.
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Para Iván Rojas, abogado especialista en derecho urbanístico y con amplia experiencia en gestión predial, los cambios en los avalúos catastrales de los predios afectados por el proyecto del Par Vial de la 54 además de ser ilegítimos también van en contra de la ley porque el acto administrativo en el cual se ampara el Municipio para realizar los controvertidos cambios ya había vencido.
“El Artículo 37 de la Ley novena del 89 dice que esas declaratorias de utilidad pública tienen una vigencia de seis años prorrogables por tres más, es decir que a la fecha ese acto administrativo ya estaría vencido. Esa declaración de utilidad ya no tendría ninguna vigencia, se tendría que hacer de oficio por parte de cada uno de los propietarios solicitar la cancelación, si es que esa declaratoria está inscrita en el folio de matrícula, ellos pueden mediante oficios solicitar invocando esto que le estoy diciendo sí, manifestando haciendo un oficio a la Oficina de Registro solicitando la cancelación de esa declaración utilidad en caso de que aparezca registrada, si no está registrada mucho mejor todavía porque la declaratoria de utilidad pública, dice la ley, que no me saca el inmueble del comercio porque es meramente informativa”, explicó Rojas, consultado por Vanguardia.
En menos de tres semanas se cumplen los nueve años que contempla la Ley para que prescriba la declaratoria de utilidad pública que en su momento declaró el municipio de Bucaramanga sobre los 116 predios por donde se construiría la conexión vial de la calle 54.
Ante este panorama, a finales del 2021, la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas decidió revivir el fallido proyecto vial. Para tal fin, firmó el contrato 331 con la Universidad Industrial de Santander, UIS, para la revisión y actualización de los estudios y diseños del Par Vial de la 54, por valor de $2.885 millones.
En diciembre del 2022 la UIS entregó el informe final, de 98 páginas, con los conceptos técnicos, financieros y de movilidad para la construcción del corredor vial de las calles 53 y 54 en Bucaramanga.
Algunas de las principales conclusiones del estudio actualizado reveló que el Par Vial requiere afectar a 109 predios, 104 privados y 5 más propiedad del municipio de Bucaramanga. Así mismo, el costo de la construcción del megaproyecto sería cercano a los $130 mil millones, 70 % más que el valor inicial presupuestado ($78 mil millones).
El pasado 14 de abril, un mes después del informe final del estudio de la UIS, la Alcaldía radicó ante el Concejo, junto con 27 iniciativas más, el proyecto de Acuerdo para otorgarle facultades al alcalde y una vez más declarar la utilidad pública y de interés social los predios que se necesita intervenir para ejecutar el proyecto.
Sin embargo, las comisiones Primera y Segunda del cabildo municipal devolvieron el proyecto de Acuerdo debido a sus múltiples falencias, especialmente en lo que tiene que ver con la falta de socialización del proyecto con la comunidad.
Iván Vargas, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga, recordó que los diseños originales de la ‘Conexión Oriente – Occidente’ se remontan al año 2010 y, por consiguiente, “fue necesario realizar múltiples ajustes para cumplir a cabalidad con las nuevas normas y requisitos en materia de ambiente y del Plan de Ordenamiento Territorial”.
Según el funcionario, inicialmente se calculó que se necesitarían cerca de $78 mil millones para hacer el Par Vial de la Calle 54, y en estos momentos se estima que se requieren $134 mil millones para hacer realidad esta vía de dos carriles, en cada sentido.
Conforme con lo explicado por voceros de la Alcaldía, a pesar de que los bumangueses ya pagaron alrededor del 90 % de lo que se cobró mediante Valorización, es fundamental hacer el reajuste financiero de la obra.
Vargas además aseguró que “no es cierto que las obras no se estén socializando con la comunidad, pues los afectados conocen de primera mano cuáles son las obras que se piensan ejecutar”.
De la misma forma, el Secretario de Infraestructura señaló que la Alcaldía ya ha gestionado más del 50 % de los predios por donde pasará la conectante.
Parte de dicho proceso de gestión catastral fue liderado en 2013 y 2014 por JHG consultores SAS, firma representada legalmente por Jaime Humberto González Niño, salpicado en el escándalo de Odebrecht y socio del representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar.
Así quedó en evidencia con la Resolución 4854 del 2013 de la Agencia Nacional de Minería que le otorga el contrato de concesión en sur de Bolívar de un yacimiento para la explotación de oro, plata, cobre, zinc, platino y molibdeno, a la firma JHG consultores SAS y a Danny Alirio Villamizar Meneses, hermano del congresista santandereano.
El nuevo proyecto de Acuerdo ha suscitado dudas al interior del Concejo de Bucaramanga debido a las inconsistencias catastrales de la mayoría de predios que serían intervenidos para la construcción del Par Vial .
“Es ilógico esta propuesta, en la medida en que la Alcaldía quiere que le entreguemos un ‘cheque en blanco’ para disponer de esos predios. Mis reclamos tienen varias razones: una, porque el proyecto no tiene claridad a nivel catastral ni a nivel de avalúos; dos, porque hay intermediarios comisionarios buscando hacer negociaciones con la comunidad, cuando ese no es el sentido; y tres, porque el proyecto no tiene el cierre financiero a pesar de que está financiado con el cobro de la valorización”, manifestó Jaime Andrés Beltrán, concejal, del partido Colombia Justa Libre.
En el mismo sentido, el concejal Carlos Parra, de la Alianza Verde, cuestionó la improvisación por parte del gobierno municipal en un proyecto de la envergadura del Par Vial de la 54, en el que se invertirán cerca de $130 mil millones.
“El proyecto en cuestión ha sido una clara muestra de improvisación de la Alcaldía. Desde el principio, se ha presentado sin haber sido socializado con los afectados y sin contar con la aprobación de la comunidad. A pesar de haber presentado actas con algunas firmas, decenas de personas afectadas manifestaron su desconocimiento del proyecto. Varios concejales pedimos que se hiciera una socialización adecuada antes de traer el proyecto al Concejo para su debate. A pesar de esto, hemos sido invitados a un par de reuniones donde hemos visto muchas falencias, la más grave de las cuales es la falta de articulación con una oferta de transporte público. Es inconcebible que una inversión tan significativa se realice sin considerar la oferta de transporte público. Este proyecto debe ser revisado y mejorado para que cumpla con las necesidades de la comunidad afectada y se garantice su bienestar”, consideró Parra.
El próximo 30 de abril se clausura el primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Bucaramanga, razón por la cual la corporación edilicia deberá dar trámite no solo al proyecto de la conexión vial de la 54 sino a las 27 iniciativas más que radicó el la administración municipal.
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