A pesar de que el proceso penal por las presuntas irregularidades en el escándalo de corrupción en la administración de Richard Aguilar tiene a 11 personas imputadas por diferentes delitos, ninguna de ellas se encuentra en prisión.
Un año y cuatro meses después de haber sido capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, el senador de Cambio Radical, Richard Alfonso Aguilar Villa, recobró la libertad la semana pasada por vencimiento de términos, dentro del proceso penal que afronta por supuestamente liderar toda una red de corrupción cuando gobernó el departamento en el periodo 2012 - 2015.
Según el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, luego de la formulación de imputación en contra del sindicado, la Fiscalía tiene hasta 240 días (por tratarse de hechos de corrupción), para adelantar las audiencias de acusación y las diligencias preparatorias y de juicio oral en contra del imputado. De lo contrario, el sospechoso puede pedir la libertad por vencimiento de términos.
Fue eso lo que pasó con el exmandatario departamental, quien ya cumplía 469 días recluido en una guarnición militar.
“La norma señala que son máximo 240 días privado de la libertad, siempre y cuando los aplazamientos no sean imputables a la defensa. Si se cumplen los términos, da lugar a la libertad por vencimiento”, explicó un abogado cercano al proceso judicial.
En tal sentido, el Tribunal Superior de Bogotá, que en este caso actúa como juez de garantías, ordenó la liberación Richard Aguilar.
Ni siquiera la Gobernación de Santander, que actúa como víctima en el proceso, apeló la determinación del alto tribunal de dejar libre a Richard Aguilar, al considerar que la solicitud “era objetiva y no había forma de oponerse”.
Con la libertad del excongresista por Santander, todos los sindicados por las irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, que terminó costando más de $22 mil millones, se encuentran libres o con beneficio de prisión domiciliaria, mientras avanza el proceso penal en su contra.
De hecho, Aguilar Villa era el único de los 11 sindicados por este proceso penal que aún continuaba privado de su libertad en un centro carcelario.
En junio pasado, su exasesor de despacho y exdirector de proyectos de infraestructura en su administración, Julián Jaramillo, había recibido el beneficio de prisión domiciliaria, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía en el cual aceptó su responsabilidad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación y soborno en la actuación penal. Se trata de hecho por los cuales solo pagará 50 meses (4 años y 2 meses) de prisión en centro carcelario.
En dicho acuerdo, Jaramillo Díaz se comprometió a devolver $682 millones. Para lo cual, la defensa de Jaramillo le solicitó al juez del caso autorización para que el acusado pudiera vender tres bienes inmuebles y un automóvil para poder pagar la multa.
Jaramillo, quien fue la mano derecha de Aguilar Villa en temas contractuales, no alcanzó los cinco meses en prisión.
En el mismo escenario judicial se encuentra el contratista Artemio Suárez Díaz, hombre de confianza del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo (padre de Richard y Mauricio Aguilar), quien se entregó a la justicia el pasado mes de mayo y unas semanas después fue cobijado por el beneficio de prisión domiciliaria, luego de alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, en medio del proceso penal que afronta por los presuntos hechos de corrupción en el contrato para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, por valor superior a los $22 mil millones.
Suárez Díaz aceptó cargos por peculado y cohecho por las irregularidades en el contrato del estadio Alfonso López y además se comprometió a devolver $1.430 millones.
Artemio Suárez, representante de la firma Movipetrol, sería una de las fichas claves en el entramado de corrupción que tuvo lugar en la administración de Richard Aguilar al frente de la Gobernación de Santander.
Pero los preacuerdos no han sido las únicas maniobras jurídicas de los abogados defensores para sacar de las rejas a los implicados en el escándalo de corrupción de la administración Aguilar.
Los litigantes han recurrido a los principios de oportunidad para obtener no solo la libertad, sino también lograr que la Fiscalía desista de continuar con el proceso penal en contra de sus defendidos por estos hechos de corrupción.
El primero en acceder a dicha facultad constitucional fue el contratista Octavio Reyes Sarmiento, representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, consorcio al que se adjudicó el millonario contrato para reforzar la estructura del Estadio Alfonso López de Bucaramanga en la administración de Aguilar Villa.
Reyes Sarmiento fue quien destapó el escándalo de corrupción del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López en la administración de Richard Aguilar. Según el excontratista, todo el complot criminal había sido montado por Claudia Toledo, entonces secretaria de Infraestructura departamental, junto con su esposo, el también contratista Lenin Pardo.
Ante esta situación, el Fiscal General le otorgó un principio de oportunidad a Octavio Reyes en el cual este último se comprometía a entregar las pruebas y testificar en contra de Toledo y Pardo. En contraprestación, el ente acusador no pediría la privación en centro carcelario del controvertido contratista. También desistiría de la imputación en contra de algunos delitos por los cuales estaba siendo investigado en el marco de este proceso.
Sin embargo, debido a las continuas inconsistencias en los testimonios y material probatorio aportado por Reyes Sarmiento, el pasado mes de febrero la Fiscalía revocó el principio de oportunidad y capturó al excontratista, quien aceptó haber entregado $1.500 millones como coima para quedarse con el contrato de remodelación del Alfonso López.
Semanas después, Octavio Reyes fue beneficiado con prisión domiciliaria y está solicitando permiso para poder trabajar.
La defensa de Reyes le envió un comunicado a la Fiscalía y la Corte Suprema alegando que la justicia incumplió el principio de oportunidad, a pesar de que éste colaboró eficazmente aportando pruebas y testimonios que actualmente tienen al exgobernador Aguilar Villa enfrentando un juicio por estos hechos.
Del mismo modo, Andrés Díaz, quien se desempeñó como interventor del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, llegó a un principio de oportunidad para testificar en contra de 10 funcionarios y contratistas durante la administración Aguilar Villa. Esto a cambio de mantener su libertad.
Una situación similar sucedió con la pareja de esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo, quienes con la caída del principio de oportunidad obtenido por Reyes Sarmiento pasaron de ser los principales señalados del desfalco del contrato de reforzamiento del estadio, a convertirse en los “testigos estrellas” de la Fiscalía en contra del exgobernador, Richard Aguilar.
Tanto Toledo como Pardo se comprometieron ante la justicia para servir como testigos contra Aguilar Villa y revelar y aportar las pruebas sobre la presunta ‘red de corrupción’ en contratos de obras públicas que habría tenido lugar en la Gobernación y que superaría los $600 mil millones.
Con la aprobación del principio de oportunidad por parte del fiscal Francisco Barbosa, el juicio contra Claudia Toledo y Lenin Pardo, por los actos de corrupción en el millonario contrato de obras de reforzamiento y que se encontraba en audiencias preparatorias en contra de los dos sindicados, quedó suspendido y supeditado a la eficacia del material probatorio y testimonial que aporte la pareja en contra del senador Aguilar Villa.
A pesar de contar con prisión domiciliaria, la pareja de esposos tiene permiso para seguir trabajando.
Por este mismo proceso también están siendo procesados penalmente Paula Marcela Moreno y Andrés Julián Ulloa (funcionarios de Movipetrol, empresa de Artemio Suárez), e Ivy Xiomara Suárez, contratista de la interventoría a las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga.
A pesar de esto, la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento en contra de ellos.
La liberación del exgobernador de Santander se dio justo cuando la Corte Suprema de Justicia dio por terminada las audiencias preparatorias y se dio comienzo formal al juicio oral en contra de Aguilar Villa.
“Estamos esperando a que la Corte nos cite para dar comienzo al juicio oral. Aún no nos han dado agenda”, informó uno de los abogados que hace parte del proceso penal.
Sin embargo, esta semana que termina también se conoció que el fiscal Francisco Barbosa, en el comienzo de su último año al frente del ente acusador, le solicitó la renuncia protocolaria a los 12 fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, incluido el jefe investigador en el proceso contra Aguilar Villa.
Varios expertos penalistas consultados por esta redacción advirtieron que, en caso tal de que se llegue a cambiar de fiscal, la audiencia inicial del juicio oral contra el exmandatario departamental de Santander volvería a dilatarse, ya que si aceptan la renuncia protocolaria del fiscal del caso, el nuevo investigador que llegue pedirá un tiempo para ponerse al corriente sobre el avance de la investigación.
El pasado mes de febrero, la Fiscalía acusó al exgobernador Richard Aguilar por el supuesto direccionamiento de la contratación del departamento a cambio de dádivas.
En la diligencia judicial ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía le imputó al exmandatario departamental cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.
Además de las presuntas irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, el ente investigador también acusó al exsenador por las inconsistencias en los contratos de obra de: mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético; las obras en el corredor vial San Gil – Charalá; y la construcción del Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca. Además de las fallas en el suministro del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en el 2014.
