La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos e indicó que solicitaría medida de aseguramiento contra la mandataria por el presunto delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Un contrato de asociación firmado el pasado 27 de marzo con el Centro Vida Rayos de Esperanza le podrían valer a Claudia Porras Rodríguez, alcaldesa del Socorro, su libertad y el cargo para el que fue elegida.
Ayer, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos e indicó que solicitaría medida de aseguramiento contra la mandataria de los socorranos por el presunto delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El contrato en cuestión referenciado en el Secop con el número 20030103 por un valor de $125 millones y que fue liquidado el pasado 8 de mayo, es uno de los dos convenios por los que la Contraloría de Santander abrió hace unas semanas la investigación a Porras. Según la denuncia instaurada inicialmente, la organización con la que fue firmado dicho contrato solo habría sido creada 30 días antes de su firma.
Otro hecho que levantó sospecha de la Fiscalía es que la representante legal de la fundación, Keyla Nayiber Díaz Durán, es esposa de Óscar Fidel Castro Díaz, persona con quien la Alcaldesa había firmado el 26 de marzo otro contrato para el suministro de 2.000 mercados por $200 millones.
Ahora, el futuro de Porras Rodríguez como mandataria de los socorranos, cargo al que fue electa por el movimiento Fuerza Socorro, depende de las decisiones que deberá tomar un Juez de la República, quien decidirá el destino de la imputada mientras dura el proceso.
El total, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento contra otros nueve alcaldes por diferentes delitos.
Vanguardia intentó comunicarse con Porras Rodríguez, pero no fue posible.
Lo que viene
Porras deberá presentarse ante un juez por cuenta propia o esperar hasta que la medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía General de la Nación se haga efectiva.
Laura Torres Parada, decana de la facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de Unisangil, indicó que dicha medida de aseguramiento puede ser intracarcelaria o en la casa. “Lo más seguro es que sea en casa”, pero sin importar cual sea, “automáticamente quedaría suspendida o separada del cargo”.
En este caso, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tendrá que encargar la alcaldía a uno de los secretarios de Porras.
Si el proceso avanza, Aguilar se vería en la obligación de designar un alcalde encargado que deberá ser del mismo movimiento político de Porras.
Een caso de que la funcionaria sea encontrada culpable existe la posibilidad de que se llame a nuevas elecciones en el municipio, pero esto dependerá del tiempo que dure el proceso.
