Después los tres días de duración de la audiencia de formulación de imputación, el Juez 21 Penal Municipal de Bucaramanga dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad domiciliaria a Roberto José Pilonieta, alcalde de Ocamonte.
La decisión se dio en el marco del proceso legal que enfrenta el mandatario en que se le señala la presunta falsedad en las firmas de constancias y la no entrega de los beneficios a 20 beneficiarios durante el cumplimiento del convenio 2020 de 2015 que la alcaldía de Ocamonte suscribió con la Secretaría de Agricultura de Santander, cuando el ahora investigado cumplía su primer mandato como burgomaestre del municipio.
Los delitos imputados a Pilonieta por la Fiscalía en la celebración de los contratos de $12 millones y $14 millones fueron falsedad ideológica en documento público, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.
En ese proceso, los ciudadanos tendrían que haber recibido una kit con herramientas para el trabajo en el campo.
La detención del mandatario se hará efectiva en su residencia en Ocamonte y se prolongará hasta la finalización del proceso judicial o hasta que el juez lo considere necesario. Mientras tanto, la Gobernación de Santander deberá nombrar un alcalde encargado.
En el proceso también está vinculada la contratista Yanithza López Velandia a quien el juez le dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
