La contratación de migrantes se volvió casi que una necesidad del sector cafetero y de ahí la importancia de la regularización de estas personas en medio de la pandemia.
La población migrante se convirtió en parte fundamental de la cosecha cafetera del sur de Santander, en donde están las poblaciones con mayor producción del grano del departamento. Por este motivo, el Comité de Cafeteros de Santander, con el apoyo de Migración Colombia, realizó un ejercicio piloto de preinscripción en la plataforma oficial de los ciudadanos extranjeros que quieren participar del proceso de recolección de café.
A la espera de decidir si se harán nuevos ejercicios de esta naturaleza, Julio César Díaz, líder extensionista del comité cafetero en la provincia Guanentá, explicó que se trató de un ejercicio que buscaba iniciar el proceso de regularización de los interesados teniendo en cuenta el Registro Único de Migrantes Venezolanos.
En el ejercicio que se realizó durante el fin de semana en San Gil, Valle de San José y Socorro, participaron 362 venezolanos. En la tarde de ayer en una reunión se estaba haciendo una primera evaluación de la participación.
Mientras se conocen las cifras concretas, lo cierto del caso es que la población extranjera, especialmente la venezonala, representa cerca del 40% del total de recolectores empleados durante el periodo de la cosecha, que está iniciando formalmente en estas semanas y se extiende hasta diciembre. Aunque en algunas sigue en enero.
Díaz explicó que cada año es muy difícil concretar el número exacto de personal foráneo porque depende mucho de la información suministrada por los productores. Sin embargo, el porcentaje se acerca a la realidad de las fincas.
Como indicadores para tener en cuenta es que entre San Gil, Socorro, Valle de San José, Páramo y Pinchote se requieren 11.300 recolectores del grano aproximadamente.
La contratación de migrantes se volvió casi que una necesidad del sector cafetero y de ahí la importancia de la regularización. Díaz explicó que solo así se puede garantizar la vinculación de los mismos al sistema de seguridad social y el acceso a la vacuna contra el COVID-19.
En medio de la pandemia, como en otros sectores, los cafeteros se vieron en la obligación de establecer protocolos de bioseguridad, con el objetivo de mitigar los riesgos del contagio y el protocolo establece recomendaciones como la de contratar personal vinculado al sistema de salud y preferiblemente vacunado.
El líder de extensión del Comité de Cafeteros de Santander en la provincia Guanentá explicó que hacer este proceso también fortalece la seguridad, porque ayudará a tener mayor control e identificación sobre el personal contratado, un aspecto fundamental ahora que los buenos precios del grano en el mercado aumentarán los flujos de dinero.
Este año el pago total por arroba recolectada quedó entre $6.000 y $6.500.
