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Guanentá
Lunes 26 de diciembre de 2022 - 12:00 PM

Veedores ambientales de San Gil cuestionan proyecto para acueductos rurales

El proyecto que busca la creación de la política pública municipal para el manejo de los acueductos rurales en San Gil no tiene muy satisfechos a los líderes ambientales, representantes de las comunidades y organizaciones campesinas.

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El proyecto de acuerdo 013 “por el cual se crea la política pública para el fortalecimiento de las comunidades veredales organizadas que prestan el servicio de agua en el sector rural de San Gil”, ya fue aprobado en primer debate y todo apunta a que esta semana será ratificado por la mayoría de los corporados, a pesar de los cuestionamientos y peticiones hechas por la ciudadanía.

En líneas generales la solicitud es que se aplace el proyecto para el próximo año. Entre las preocupaciones más altas fue expuesta Rafael Reyes, representante de las Dignidades Agropecuarias de Colombia en San Gil y usuario de uno de los acueductos rurales del municipio, quien expresó que el proyecto como está presentado no protege a estos acueductos de la privatización.

En este sentido, pidió que dentro del documento se deje claro y se cierre cualquier puerta o posibilidad de entregar a privados estos proyectos comunitarios que las comunidades vienen desarrollando desde hace décadas.

Así mismo, Reyes, resaltó la falta de socialización del proyecto, lo que ha generado una baja participación de todas las comunidades involucradas. “Es necesario que más dolientes o personas de otros acueductos conozcan la propuesta, que la estudien y presenten sugerencias”, apuntó el directivo.

En San Gil hay 32 acueductos rurales o comunitarios, de los que cerca del 50% están registrados y los otros tienen pendientes en la creación de estatutos, organización y otros asuntos correspondientes a su funcionamiento. Los más reconocidos o más grandes son Acueductos del Oriente, Corpojoyas, La Laja y Bejaranas.

Para Joselín Aranda Cano, integrante de El Común, el proyecto requiere de una técnica que se encargue de evaluar cada uno de los temas relacionados con el agua, pero este grupo debe tener una mayor representación de la sociedad civil y de las comunidades campesinas y no de las empresas y entidades del Estado.

Otro que se sumó a las exigencias fue Polidoro Guaitero, representante de Agua Ya y las veedurías ambientales del municipio. El defensor de la naturaleza, manifestó que es precisó esperar cual es el camino que establece el Gobierno Nacional para los acueductos rurales y comunitarios en la ley que ya fue presentada al Congreso de la República y con base a eso plantear los lineamientos municipales. Aprobar unas políticas en este momento por para el pueblo resultaría inoperante.

A los defensores ambientales y organizaciones sociales del municipio les preocupa que a través del acuerdo se pueda empezar un plan que permita la expropiación de la estructuras a las organizaciones para pasarlas a Acuasan o administradores privados, tal como viene en sucediendo en Curití, desde donde se han recibido quejas por el “atropello” del que vendrían siendo víctimas por parte de la administración municipal.

El mayor riesgo, según han denunciado, es que se consolide un plan en donde, las alcaldías a través de las empresas de servicio, se queden con el manejo total del agua y le quiten a las comunidades campesinas el derecho a decidir sobre el agua.

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Publicado por Jorge Rios

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