jueves, 04 agosto 2022
domingo 06 de marzo de 2022 - 12:00 AM

Las urbanizaciones de la familia del Alcalde de Barichara

La familia del actual alcalde de Barichara, Alfonso Rodríguez Patiño, tiene al menos tres proyectos de vivienda en zona rural de ese municipio. Entre ellos está Tejar Campestre, cuya licencia fue demandada porque al parecer se otorgó sin cumplir los requisitos de ley. Según veedores ciudadanos, no se pagaron los impuestos para algunas de las licencias aprobadas.

Luego de la polémica que se armó por el proyecto de vivienda Tejar Campestre, donde se le otorgó en 2015 una licencia urbanística a la tía del actual alcalde de Barichara, Alfonso Rodríguez Patiño, al parecer sin cumplir con los requisitos de ley, esta redacción conoció que hay al menos otras dos iniciativas similares que pertenecen a familiares del mandatario local.

Se trata de los proyectos Villa Santiago (etapas 1 y 2) y La Pradera, donde el primero ya está en una etapa avanzada de construcción. Si bien las obras en estas iniciativas no están suspendidas por orden judicial como en Tejar Campestre, ni tienen los mismos cuestionamientos, veedores del municipio afirman que hay indicios de otras presuntas irregularidades, como el aparente retraso en más de cinco años en el pago de impuestos para las licencias de urbanismo aprobadas por la Secretaría de Planeación.

Informe de la Contraloría

Al respecto, Vanguardia conoció un informe de auditoría de la Contraloría de Santander de noviembre de 2017, que habla de decenas de hallazgos de tipo administrativo, disciplinario y fiscales por presuntas irregularidades en varios hechos, entre ellos el “presunto daño patrimonial producto de pagos que no fueron recaudados debidamente ni contabilizados en la vigencia 2015”.

La Unidad Investigativa pudo confirmar que en el caso de estos dos proyectos se aprobaron las licencias urbanísticas antes de 2015, pero solo hasta hace unos meses, casi seis años después (y luego del primer informe periodístico de la Unidad Investigativa), se pagaron los impuestos asociados a dichas licencias.

Según los veedores ciudadanos, habría un detrimento al patrimonio público, pues las licencias fueron expedidas bajó el anterior estatuto tributario y los pagos se hicieron en septiembre de 2021 y enero de 2022, cuando ya estaba vigente un nuevo estatuto tributario, que fue aprobado por el Concejo de Barichara el 29 de diciembre de 2020 (Acuerdo Municipal 34 de 2020).

Debido a esta situación, el Alcalde de Barichara Alfonso Rodríguez fue denunciado penalmente por un veedor ciudadano. Esto se suma a la demanda de nulidad instaurada por dos procuradores en 2020, Alberto Rivera Balaguera y Diana Fabiola Millán, la cual llevó a la orden de un juez de suspender las obras en Tejar Campestre a finales del año pasado.

En zona de protección

Al respecto, cabe recordar que el presidente Iván Duque designó al actual jefe de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, César García Durán, como alcalde ad hoc, para que vigile el proceso de suspensión provisional del proyecto Tejar Campestre, en el que se comercializaban 115 lotes y que es propiedad de Teresa Patiño, tía del alcalde.

Esto luego de que el mandatario local se declaró en conflicto de interés para responder como alcalde de Barichara, frente a la decisión del Juez Segundo Administrativo del Circuito de San Gil, que suspendió provisionalmente el desarrollo de la urbanización por presuntas “violaciones a normas urbanísticas y ambientales”, semanas después de la publicación que hizo la Unidad Investigativa de Vanguardia.

Luego de este informe periodístico, esta redacción conoció otro hecho relevante: el proyecto Tejar Campestre está incluido en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Barichara (PEMP). Es decir, además de las presuntas irregularidades por el otorgamiento de la licencia sin el uso del suelo y en zona de protección ambiental, se conoció que el lote no puede ser intervenido o urbanizable si no cumple primero varios requisitos, entre ellos obtener el visto bueno del Ministerio de Cultura.

Al respecto, la Dirección de Patrimonio debe evaluar si en efecto se violaron las disposiciones normativas para la protección del patrimonio histórico, arquitectónico y ecológico de Barichara, y aplicar las sanciones correspondientes.

Villa Santiago

Según los veedores ciudadanos, este proyecto no pagó en su momento los impuestos asociados a la licencia de urbanismo. Esto quedaría en evidencia en el informe de auditoría de la Contraloría de Santander de 2017, que advirtió que no encontró soportes o comprobantes de contabilidad del pago de impuestos.

De hecho, esta redacción tuvo acceso a un documento de la Secretaría de Hacienda en donde afirma que recibió un pago por concepto de Servicios Técnicos de Planeación por $21.164.500, realizado en enero de 2022, es decir, cinco años después del informe de la Contraloría.

Al respecto, Alfonso Patiño manifestó que como Alcalde de Barichara no puede dar respuesta sobre estas urbanizaciones: “Este sí es un proyecto que es de familiares míos, pero obviamente las licencias deben estar canceladas”.

La Pradera

La licencia de parcelación y construcción de este proyecto fue aprobada en 2015. Una veedora presentó un derecho de petición en septiembre de 2021, solicitando copia de la liquidación del impuesto y del comprobante de pago.

La respuesta de la Secretaría de Planeación se dio el 30 de septiembre de 2021 y en ella se adjunta el comprobante de pago, por 21 millones, con fecha de recibido del pago del 28 de septiembre de 2021. Es decir, se pagaron los impuestos dos días antes de la respuesta al derecho de petición (seis años después del otorgamiento de la licencia).

Al respecto, el alcalde dijo desconocer en qué momento se pagaron las licencias urbanísticas: “No soy el representante legal de esos negocios, el proyecto no es mío... es un ataque político porque son proyectos de familiares. No podría decir nada más. Acá no hay absolutamente nada. Son dos proyectos que sacaron unas licencias, que en qué momento las pagaron, no sé”.

Tejar Campestre

Frente al caso de Tejar Campestre, cabe recordar que la Unidad Investigativa de Vanguardia ya reseñó los hechos y las presuntas irregularidades en un informe publicado el 14 de septiembre de 2021.

Allí Vanguardia reseñó cómo dos procuradores instauraron en octubre de 2020 una demanda de nulidad contra la licencia del proyecto Tejar Campestre en Barichara, por no contar con el uso de suelo adecuado, mientras que la CAS ordenó suspender unas obras por una posible afectación a la reserva forestal.

La novedad en este caso está en que recientemente se conoció que esta urbanización incluye 35 lotes que, al parecer, se encuentran en área de protección. Por ello, no pueden, bajo ningún motivo, ser intervenidos.

De igual forma, el dueño del proyecto, la tía del actual alcalde de Barichara, debe reubicar o hacer devolución de dineros a quienes compraron en esas manzanas de dicha urbanización.

Según los veedores ciudadanos, están a la expectativa de cómo avanza la demanda de nulidad que fue instaurada por dos procuradores delegados en octubre de 2020, así como por parte de los entes de control como la Contraloría de Santander y la Procuraduría General.

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Unidad Investigativa

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